En el 95% de los actos de criminalidad en que
está envuelto un adolescente ha sido inducido por un adulto, por lo que
la solución al problema no está en incrementar la pena ni en modificar
la Ley 136-03 o Código para el Sistema de Protección y los Derechos
Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
De ahí que la Comisión para la Ejecución de la Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes (Cejnna), integrada por representantes de diferentes instituciones, entre ellas Conani, Unicef, del ministerio público y de la sociedad civil, demandan que los legisladores escuchen sus propuestas al respecto, y se oponen tajantemente a que ese código sea modificado para incrementar las penas a niños y adolescentes en conflicto con la ley penal.
La posición fue expuesta ayer ante el director de LISTÍN DIARIO, Miguel Franjul, por los representantes de Cejnna durante su participación en el Desayuno que organiza este medio de comunicación. En el mismo participaron Kirsys Fernández de Valenzuela, presidenta ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez (Conani); María Jesús Conde, representante en el país del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), y Lino Vásquez, Comisionado de Apoyo para la Reforma y Modernización de la Justicia.
También Ernesto Díaz Lantigua, gerente de Incidencias Políticas de Plan Internacional; Tilza Ares, gerente general Rectoría de Conani; Carmen Rosa Hernández, directora de la Dirección de Niñez, Adolescencia, Familia y Género del Poder Judicial; Laura Hernández Román, directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública; Marisol Tobal, procuradora general adjunta y encargada de la Coordinación Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia; Migdalia Brown, coordinadora Carrera y Desarrollo de la Oficina Nacional de Defensa Pública, y Reyna Tavárez, de la Dirección de Adolescentes en Conflicto. Revelaron que cada una de esas instituciones han solicitado, como Comisión y de manera individual, a los legisladores ser escuchadas para exponer las causas por las que se oponen al aumento de la pena al adolescente en conflicto con la ley, que actualmente es de cinco años máximo de reclusión, y hay voces que solicitan sea elevada a 15 años. Agregaron que hasta el momento no han recibido ninguna respuesta.
Entienden que el tema es de mucha preocupación y que en el país se ha querido magnificar la participación de adolescentes en hechos delictivos y criminales, pero que cuando se evalúan las estadísticas, se da cuenta de que el número de niños privados de la libertad en República Dominicana está por debajo de los estándares de la región.
(+)
EXPONEN LAS RAZONES POR LAS QUE SE OPONEN
Entre las razones por la que Cejnna entiende que no se debe pensar en modificar la Ley 136-03 figuran el hecho de que tiene solamente siete años de vigencia y todavía no se ha implementado por completo ni se ha evaluado; porque la justicia penal de adolescente es especializada y no se puede comparar con la de adultos, ya que los adolescentes son personas en desarrollo y por lo tanto no ha alcanzado su madurez.
Además, porque primero se deben atender las causas no los síntomas, tomando en cuenta factores sociales como desintegración familiar, crisis de valores, exclusión de las escuelas, violencia, pobreza; la mano dura no es solución; la privación de la libertad es el último recurso.
La responsabilidad de los actos deben procurarse con humanidad; la finalidad de la sanción es la reinserción; porque no se ha invertido en programas educativos y porque la solución de un problema social implica un diagnóstico serio.
De ahí que la Comisión para la Ejecución de la Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes (Cejnna), integrada por representantes de diferentes instituciones, entre ellas Conani, Unicef, del ministerio público y de la sociedad civil, demandan que los legisladores escuchen sus propuestas al respecto, y se oponen tajantemente a que ese código sea modificado para incrementar las penas a niños y adolescentes en conflicto con la ley penal.
La posición fue expuesta ayer ante el director de LISTÍN DIARIO, Miguel Franjul, por los representantes de Cejnna durante su participación en el Desayuno que organiza este medio de comunicación. En el mismo participaron Kirsys Fernández de Valenzuela, presidenta ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez (Conani); María Jesús Conde, representante en el país del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), y Lino Vásquez, Comisionado de Apoyo para la Reforma y Modernización de la Justicia.
También Ernesto Díaz Lantigua, gerente de Incidencias Políticas de Plan Internacional; Tilza Ares, gerente general Rectoría de Conani; Carmen Rosa Hernández, directora de la Dirección de Niñez, Adolescencia, Familia y Género del Poder Judicial; Laura Hernández Román, directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública; Marisol Tobal, procuradora general adjunta y encargada de la Coordinación Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia; Migdalia Brown, coordinadora Carrera y Desarrollo de la Oficina Nacional de Defensa Pública, y Reyna Tavárez, de la Dirección de Adolescentes en Conflicto. Revelaron que cada una de esas instituciones han solicitado, como Comisión y de manera individual, a los legisladores ser escuchadas para exponer las causas por las que se oponen al aumento de la pena al adolescente en conflicto con la ley, que actualmente es de cinco años máximo de reclusión, y hay voces que solicitan sea elevada a 15 años. Agregaron que hasta el momento no han recibido ninguna respuesta.
Entienden que el tema es de mucha preocupación y que en el país se ha querido magnificar la participación de adolescentes en hechos delictivos y criminales, pero que cuando se evalúan las estadísticas, se da cuenta de que el número de niños privados de la libertad en República Dominicana está por debajo de los estándares de la región.
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EXPONEN LAS RAZONES POR LAS QUE SE OPONEN
Entre las razones por la que Cejnna entiende que no se debe pensar en modificar la Ley 136-03 figuran el hecho de que tiene solamente siete años de vigencia y todavía no se ha implementado por completo ni se ha evaluado; porque la justicia penal de adolescente es especializada y no se puede comparar con la de adultos, ya que los adolescentes son personas en desarrollo y por lo tanto no ha alcanzado su madurez.
Además, porque primero se deben atender las causas no los síntomas, tomando en cuenta factores sociales como desintegración familiar, crisis de valores, exclusión de las escuelas, violencia, pobreza; la mano dura no es solución; la privación de la libertad es el último recurso.
La responsabilidad de los actos deben procurarse con humanidad; la finalidad de la sanción es la reinserción; porque no se ha invertido en programas educativos y porque la solución de un problema social implica un diagnóstico serio.
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