La pieza legislativa indica que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) será la entidad encargada de velar por la aplicación de la presente ley, para tales efectos trabajará en coordinación con la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA).
De acuerdo a la legislación, la violación a la ley será sancionada de seis meses a dos años de prisión o con una multa de un mínimo de 5 veces el salario mínimo público y un máximo de 20 veces el salario mínimo del sector público.
En conferencia de prensa, Ramírez explicó que la legislación en uno de sus artículos establece que las personas físicas o jurídicas, titulares o responsables de comercios dedicadas a la compra y/o venta de partes y piezas usadas de vehículos de motor en todas sus modalidades, le queda prohibido esta actividad comercial, si no está sustentado con factura de adquisición o la liquidación de Aduanas que certifique que dichas piezas fueron importadas y que el referido establecimiento comercial posee la licencia correspondiente.
Informó que el proyecto establece, además, que “todo ciudadano podrá solicitar ante Pro Consumidor la inspección de cualquier establecimiento de ventas de vehículos y motocicletas usadas cuando exista sospecha de que en el lugar se encuentran partes o piezas de un vehículo o motocicleta que le haya sido sustraído.
La pieza legislativa señala que el propietario o los empleados del establecimiento comercial están en la obligación de dar la información solicitada, en caso contrario, Pro Consumidor podrá hacerse acompañar, para el cumplimiento de esta Ley, de la presencia de la Policía Nacional y del Procurador Fiscal.
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