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Requiere mayor control subastas bienes incautados

El asesor del Poder Ejecutivo en materia de drogas, Marino Vinicio Castillo (Vincho), pidió un mayor control para participar en las subastas de bienes decomisados con la finalidad de evitar que testaferros participen en las licitaciones.
El jurista planteó que para tales fines se elabore un reglamento que establezca los requisitos para participar en estos procesos.
Valoró como correcta la medida del procurador general de la República, Radhamés Jiménez, quien solicitó a los miembros del Comité Nacional Contra Lavado de Activos dejar sin efecto la subasta realizada el pasado jueves para la venta de 28 relojes decomisados a Sobeida Félix Morel y que eran propiedad de del capo boricua José David Figueroa Agosto.
Castillo entiende que se debe anular si se determina que los acusados de lavado de activos, a quienes se les incautaron esos artículos, participaron indirectamente en la licitación.
   Propuso que esos relojes sean llevados a una bóveda del Banco Central y que se busquen informaciones internacionales sobre estos, tanto con los fabricantes como con firmas que tengan interés en ellos, porque se trata de joyas, no simples relojes.
    También favoreció que los terrenos que sean incautados sean destinados a planes de reforma agraria y social del Estado, aunque luego los beneficios sean distribuidos a las dependencias estatales que trabajan en el combate y prevención del narcotráfico.
El doctor Marino Vinicio Castillo habló previo a participar en una misa en la Iglesia Nuestra Señora de la Paz por motivo del Día del Poder Judicial.
 Los 28 relojes de hombre, de las marcas Audemars Piguet, Roger Dubuis, Hublot Geneve y Rolex, fueron decomisados a favor del Estado dominicano mediante sentencia en contra de Félix Morel y otros implicados en la red del capo boricua Figueroa Agosto.
El dinero recaudado sería entregado, de acuerdo a la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, a instituciones no gubernamentales que trabajan en el tratamiento de personas adictas, a la Policía y a la Procuraduría General.

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