Estados Unidos y Cuba han establecido un canal de cooperación para desenmascarar los fraudes migratorios de numerosos ciudadanos latinoamericanos que se hacen pasar por cubanos con el objetivo de obtener la residencia permanente y la ciudadanía estadounidenses.
La colaboración se ha hecho cada vez más fluida en los últimos cinco años en respuesta al incremento de impostores que buscan beneficios migratorios amparándose en la Ley de Ajuste Cubano (CAA).
Uno de esos casos fue el de Margarita Padilla Sánchez, quien llegó al aeropuerto de Miami el 23 de octubre del 2011 con su pasaporte peruano y su tarjeta de residente permanente. Pero cuando las autoridades migratorias revisaron la información de la tarjeta, detectaron que Padilla la había obtenido mediante un certificado de nacimiento falso que la identificaba como cubana.
La mujer confesó había pagado $3,000 dólares por el documento a una cubana que conoció a través de María Pía Blume Barreto, otra ciudadana peruana. Padilla fue deportada a su país mientras que Blume se encuentra en medio de un proceso judicial.
En ambos casos, las autoridades cubanas confirmaron a las estadounidenses que el certificado de nacimiento era fraudulento, dijo Alicia Valle, portavoz de la Fiscalía del Sur de la Florida.
Pasando por cubano
Los latinoamericanos que, como Padilla, se hacen pasar por cubanos para residir legalmente en Estados Unidos han ido aumento en los últimos años y son un problema extendido en el sur de la Florida.
"Es difícil tener un número específico porque no llevamos estadísticas sobre ese particular, pero los casos de personas que se hacen pasar por cubanas es un asunto recurrente", afirmó Valle.
La colaboración entre Estados Unidos y Cuba tiene como propósito esencial verificar la autenticidad de la documentación, fundamentalmente inscripciones de nacimiento, que es presentada por solicitantes del estatus de residencia permanente bajo la CAA.
La CAA -vigente desde 1966- permite a los cubanos convertirse en residentes permanentes de Estados Unidos al año de su entrada al país. Los beneficiados pueden reclamar la ciudadanía estadounidense cinco años después de hacerse efectiva su residencia.
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