La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) reafirmó
que es grave el estado financiero de las Administradoras de Riesgo de
Salud del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y Salud Segura del Instituto
Dominicano de Seguros Sociales, al punto que estima necesario el
auxilio económico del Gobierno.
En un comunicado, la entidad que
dirige Fernando Caamaño, asegura que agotaron el proceso de
acompañamiento técnico, sanciones y advertencias a las dos
administradoras, por lo que no les quedó más alternativa que llevar los
casos al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).
Señala que
las estadísticas financieras sobre cada ARS provienen de sus propios
registros contables, por lo que entiende que son inexactas o
inconvenientes a su interés, y deben explicar porqué fueron remitidos a
la Sisalril y publicados como buenos y válidos en los medios de
comunicación.
Al rechazar los argumentos de Senasa, que asegura
que su déficit es de RD$300 millones, la Sisalril expresa que ese monto
sólo corresponde al período enero 2011 a marzo 2012 y que las pérdidas
acumuladas de la ARS a inicios de junio de este año se elevaron a
RD$1,039 millones, y las cuentas por pagar a los PSS (Prestadoras de
Servicios de Salud) suman RD$2,509 millones, así como un alto déficit
de inversión de reservas que se eleva a RD$1,770 millones, que implica
que el 70% de las deudas a las PSS no tiene respaldo.
Por otra parte, indica que existe un déficit de RD$994 millones respecto al capital mínimo que debe tener la empresa.
En
el caso de Salud Segura, la Sisalril dijo que alcanza pérdidas
operacionales de RD$681 millones al cierre del mes de junio, déficit de
capital de RD$556 millones y déficit en inversión de reservas por RD$490
millones.
Explica que los resultados financieros de los últimos
18 meses muestran el claro deterioro de la solvencia de la ARS pública,
que no es de reciente data.
En cuanto al argumento de Senasa de
que la Sisalril desacató la disposición de la Suprema Corte de Justicia,
que ordena que los empleados públicos pasen al Senasa, precisa que el
fallo lo que hace es avalar jurídicamente la resolución 112-2007 de
fecha 11 de abril del mismo año, y el artículo 31 de la Ley 87-01, como
resultado del recurso de casación que esa Superintendencia interpuso por
ante el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo (hoy Tribunal
Superior Administrativo), sentencia que para entonces favorecía a la
Asociación de Empleados Universitarios de la UASD (Asodemu), quienes
procuraban no ser afiliados al Senasa.
La resolución ordena a las
ARS abstenerse de afiliar a los empleados del sector público, porque la
ley establece que éstos deben estar afiliados en la aseguradora
estatal.
Afirman que tan pronto concluyan el desarrollo de procesos tecnológicos se hará el traspaso de afiliados que les corresponda.
Asimismo,
argumenta que no se le indexó el régimen subsidiado, porque hasta el
2010 reportaba utilidades y que los pensionados les fueron dados por
decreto.
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