NUEVA YORK.- Dos dominicanos fueron
condenados en casos separados a dos años y a uno y medio,
respectivamente, por lavado de activos y robo de documentos federales a
ciudadanos puertorriqueños para vendérselos a extranjeros
indocumentados.
En el primer caso, Domingo López, de 51 años, propietario de la empresa "Espaillat Motors", se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y alteración de reportes en las ventas de vehículos para favorecer o "lavar" dinero que le entregaban varios narcos.
Además de la condena en la cárcel, López enfrenta la deportación a la República Dominicana. Se declaró culpable mediante un acuerdo con los fiscales.
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Los fiscales dijeron que será repatriado inmediatamente cumpla la sentencia en prisión.
El dominicano vendía carros usados y según el expediente cobraba las ventas en efectivo a los narcotraficantes a sabiendas de que estos usarían los vehículos para el negocio ilícito.
También alteraba los reportes de los precios para hacer creer que los compradores habían pagado por debajo del valor en el mercado. Entre abril y noviembre del 2010, López vendió dos vehículos con pagos en efectivo y entregó el dinero a una persona que fue identificado como traficante de drogas y posteriormente declaró a los investigadores que los vehículos iban a ser usados para el trasiego de psicotrópicos.
López fingía que el precio pagado era menos de 10,000 dólares para tratar de evadir los reportes legítimos a las autoridades. También escondía la verdadera identidad de los compradores a cambio de dinero. Lo mismo hacía con el papeleo reglamentario de las transacciones.
En el segundo caso, Rafael Lara Mejía fue sentenciado a dos años de cárcel en una corte de Providence por robar y vender documentaciones de puertorriqueños a extranjeros indocumentados.
Lara Mejía se declaró culpable en diciembre del 2012 de un cargo de conspiración para cometer fraude de identificación y asociación ilícita para alentar a un extranjero ilegal a vivir en Estados Unidos con documentos falsos.
Lara Mejía figura también en un caso similar en una corte federal de Puerto Rico en el 2011.
Los fiscales dijeron que tanto Lara Mejía como sus cómplices, obtuvieron ilegalmente las identidades de los boricuas para venderlas y lucrarse personalmente.
Entre los documentos figuran tarjetas de Seguro Social y partidas de nacimiento que eran vendidas a los indocumentados hasta en 700 y 2,500 dólares.
En el primer caso, Domingo López, de 51 años, propietario de la empresa "Espaillat Motors", se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y alteración de reportes en las ventas de vehículos para favorecer o "lavar" dinero que le entregaban varios narcos.
Además de la condena en la cárcel, López enfrenta la deportación a la República Dominicana. Se declaró culpable mediante un acuerdo con los fiscales.
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Los fiscales dijeron que será repatriado inmediatamente cumpla la sentencia en prisión.
El dominicano vendía carros usados y según el expediente cobraba las ventas en efectivo a los narcotraficantes a sabiendas de que estos usarían los vehículos para el negocio ilícito.
También alteraba los reportes de los precios para hacer creer que los compradores habían pagado por debajo del valor en el mercado. Entre abril y noviembre del 2010, López vendió dos vehículos con pagos en efectivo y entregó el dinero a una persona que fue identificado como traficante de drogas y posteriormente declaró a los investigadores que los vehículos iban a ser usados para el trasiego de psicotrópicos.
López fingía que el precio pagado era menos de 10,000 dólares para tratar de evadir los reportes legítimos a las autoridades. También escondía la verdadera identidad de los compradores a cambio de dinero. Lo mismo hacía con el papeleo reglamentario de las transacciones.
En el segundo caso, Rafael Lara Mejía fue sentenciado a dos años de cárcel en una corte de Providence por robar y vender documentaciones de puertorriqueños a extranjeros indocumentados.
Lara Mejía se declaró culpable en diciembre del 2012 de un cargo de conspiración para cometer fraude de identificación y asociación ilícita para alentar a un extranjero ilegal a vivir en Estados Unidos con documentos falsos.
Lara Mejía figura también en un caso similar en una corte federal de Puerto Rico en el 2011.
Los fiscales dijeron que tanto Lara Mejía como sus cómplices, obtuvieron ilegalmente las identidades de los boricuas para venderlas y lucrarse personalmente.
Entre los documentos figuran tarjetas de Seguro Social y partidas de nacimiento que eran vendidas a los indocumentados hasta en 700 y 2,500 dólares.
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