Senadores suspendieron la votación para confirmar a Thomas Pérez el
viernes pasado por dos informes en los que se le inculpa de manipular el
sistema legal
WASHINGTON, D.C.- El único hispano nominado para el gabinete del presidente Barack Obama, Thomas Pérez, está recibiendo fuertes ataques en el Capitolio, en contra de su confirmación como Secretario del Trabajo. El próximo 8 de mayo el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado votará su candidatura.
Desde
que Obama anunció su nominación, funcionarios de gobierno anticiparon
un camino largo para que asumiera su puesto. Y es que este latino, de
origen dominicano, se ha desempeñado como fiscal general adjunto para
asuntos de derechos civiles en el Departamento de Justicia (DOJ) desde 2009. Una posición donde ha visto envuelto en casos altamente controversiales.
Dos
informes recientes han expuesto su nominación al escrutinio público. El
primero fue un reporte del Inspector General de DOJ, donde se menciona
que dio información incompleta a la Comisión de Derechos Civiles de la
agencia.
En paralelo el senador Charles Grassley (R-IA) el principal opositor de la nominación de Pérez en la Cámara Alta y el congresista Darrell Issa
(R-CA) presentaron un documento, donde explicaron que el candidato de
Obama, "manipuló la justicia, realizando un acuerdo secreto con la
ciudad de St. Paul, que impidió que DOJ recuperará $200 millones en multas".
Los legisladores insistieron en que Pérez
negoció el apoyo de la agencia en una demanda contra St Paul, donde se
acusaba a la ciudad de enviar certificados falsos al gobierno, para
cumplir con regulaciones de vivienda.
En la audiencia de confirmación en el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones, la controversia tomó fuerza.
"Esto
parece ser un cantidad extraordinaria de maniobras fuera de su
responsabilidad [...] un intento por manipular el sistema legal",
comentó el republicano del más alto rango en el comité, el senador Lamar
Alexander (R- TN).
Pérez niega las acusaciones
Pérez
se defendió a capa y espada y negó todas las acusaciones. "Pensé que el
caso de la ciudad de St. Paul era un mal vehículo para que la Corte
Suprema examinara el tema del impacto desigual y hablé con la ciudad,
para destacar lo que ha ocurrido en casos similares", declaró.
"El
Departamento de Justicia es un guardián de la ley de vivienda justa",
agregó. "También lo es del dinero de los contribuyentes", respondió
Alexander.
El
presidente del comité, Tom Harkin (D-IA), insistió en que su personal
había investigado exhaustivamente las acusaciones, que consideró
infundadas.
Pero esto no pareció suficiente y el senador, se vio obligado a suspender el voto en el comité para confirmar a Pérez, el viernes pasado. Esto después que ocho senadores republicanos firmaran una carta pidiendo que se retrasara el voto, ya que el candidato de Obama no había contestado las preguntas adicionales de los senadores, ni había difundido los correos electrónicos personales que le solicitaron.
Pero esto no pareció suficiente y el senador, se vio obligado a suspender el voto en el comité para confirmar a Pérez, el viernes pasado. Esto después que ocho senadores republicanos firmaran una carta pidiendo que se retrasara el voto, ya que el candidato de Obama no había contestado las preguntas adicionales de los senadores, ni había difundido los correos electrónicos personales que le solicitaron.
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