La finca donde las autoridades del ministerio público desmantelaron un
laboratorio de drogas, en San Cristóbal, fue vendida por más de 13
millones de pesos a un colombiano por un dominicano que fue deportado de
Estado Unidos, después de que cumplió 11 años de prisión por supuesto
robo de vehículos.
Fernando Ramírez Peña, quien fue interrogado en la Fiscalía de San Cristóbal, dijo que el dinero le fue pagado en efectivo en dos partidas, entregados por dos jóvenes colombianos que fueron en una yipeta blanca Hyundai.
Según Ramírez Peña la venta de la finca, ubicada en la calle primera del sector Sabana Toro, de San Cristóbal, se hizo con el colombiano John Jairo Roldán Estrada, quien recibió la propiedad.
Se recuerda que Estrada se encuentra guardando prisión conjuntamente con el colombiano Fernando Vargas, por la comisión de lavados de activos y narcotráfico.
Explicó que en un primer pago recibió seis millones 500 mil pesos, y que cuando fue a contar el dinero se paró cuando iba por tres millones.
Declaró que la propiedad estaba tasada en 23 millones de pesos, pero que la vendió en 13 millones de pesos, alegando “necesidad económica y que el río se estaba comiendo la casa”.
Manifestó que 13 días después los jóvenes le entregaron la segunda partida en dos fundas negras y le hicieron un recibo de talonario que él firmó y le entregó copia de la cedula.
Sostuvo que la venta estaba condicionada a que abandonara la propiedad en una semana, pero él abandonó en dos semanas.
El acto de venta de la propiedad la hicieron a nombre de Paula Yocasta Paulino Cuevas, residente en la calle Puente Blanco número dos, de Los Alcarrizos y con una profesión de quehaceres domésticos y quien figura en los registros con deudas con diferentes instituciones bancarias.
En torno a esa joven la Fiscalía de San Cristóbal solicitó orden de arresto a fin de que aclare sobre la compra de este inmueble, asimismo está detrás de ocho personas más que alegadamente trabajaban en la finca, para fines de investigación.
Según declaró Ramírez Peña al ministerio público, la propiedad la compró en el 1986 por 145 mil pesos al general retirado Paz de León. En ese tiempo no tenía título, le hizo el deslinde y le sacó el título.
Relató que se fue a los Estados Unidos en los años 90 y regresó en el 2006, cuando firmó su deportación de manera voluntaria tras cumplir condena.
Sostuvo que luego de estar en la República Dominicana viajó a Colombia en el 2006, con la finalidad de comprar ropa, más tarde a Costa Rica 2009 para conocer el modelo de la política municipal y que intentó viajar a España, para ver proyectos turísticos inmobiliarios, pero que no lo llegó hacer. Igualmente dijo que viajó a Haití para saber cómo quedó después del terremoto.
Relató que un día lo visitó un señor de aproximadamente 50 años y le expresó que iban a venir una gente a comprar la finca. Le entregó la copia del título de propiedad y copia de la cedula, pero que primero debía darle la primera parte adelantada.
El contrato de venta fue realizado en una oficina de abogados en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a nombre de Paula Yocasta Cuevas, pero que Ramírez Peña dice que no la conoce. No le entregaron copia de un contrato.
Fernando Ramírez Peña, quien fue interrogado en la Fiscalía de San Cristóbal, dijo que el dinero le fue pagado en efectivo en dos partidas, entregados por dos jóvenes colombianos que fueron en una yipeta blanca Hyundai.
Según Ramírez Peña la venta de la finca, ubicada en la calle primera del sector Sabana Toro, de San Cristóbal, se hizo con el colombiano John Jairo Roldán Estrada, quien recibió la propiedad.
Se recuerda que Estrada se encuentra guardando prisión conjuntamente con el colombiano Fernando Vargas, por la comisión de lavados de activos y narcotráfico.
Explicó que en un primer pago recibió seis millones 500 mil pesos, y que cuando fue a contar el dinero se paró cuando iba por tres millones.
Declaró que la propiedad estaba tasada en 23 millones de pesos, pero que la vendió en 13 millones de pesos, alegando “necesidad económica y que el río se estaba comiendo la casa”.
Manifestó que 13 días después los jóvenes le entregaron la segunda partida en dos fundas negras y le hicieron un recibo de talonario que él firmó y le entregó copia de la cedula.
Sostuvo que la venta estaba condicionada a que abandonara la propiedad en una semana, pero él abandonó en dos semanas.
El acto de venta de la propiedad la hicieron a nombre de Paula Yocasta Paulino Cuevas, residente en la calle Puente Blanco número dos, de Los Alcarrizos y con una profesión de quehaceres domésticos y quien figura en los registros con deudas con diferentes instituciones bancarias.
En torno a esa joven la Fiscalía de San Cristóbal solicitó orden de arresto a fin de que aclare sobre la compra de este inmueble, asimismo está detrás de ocho personas más que alegadamente trabajaban en la finca, para fines de investigación.
Según declaró Ramírez Peña al ministerio público, la propiedad la compró en el 1986 por 145 mil pesos al general retirado Paz de León. En ese tiempo no tenía título, le hizo el deslinde y le sacó el título.
Relató que se fue a los Estados Unidos en los años 90 y regresó en el 2006, cuando firmó su deportación de manera voluntaria tras cumplir condena.
Sostuvo que luego de estar en la República Dominicana viajó a Colombia en el 2006, con la finalidad de comprar ropa, más tarde a Costa Rica 2009 para conocer el modelo de la política municipal y que intentó viajar a España, para ver proyectos turísticos inmobiliarios, pero que no lo llegó hacer. Igualmente dijo que viajó a Haití para saber cómo quedó después del terremoto.
Relató que un día lo visitó un señor de aproximadamente 50 años y le expresó que iban a venir una gente a comprar la finca. Le entregó la copia del título de propiedad y copia de la cedula, pero que primero debía darle la primera parte adelantada.
El contrato de venta fue realizado en una oficina de abogados en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a nombre de Paula Yocasta Cuevas, pero que Ramírez Peña dice que no la conoce. No le entregaron copia de un contrato.
Descubren laboratorio subterráneo de drogas, Segun DEA el mas grande del caribe < Fotos >
EL LABORATORIO ESTÁ EN UN SÓTANO EN UNA FINCA, EN SABANA TORO, SAN CRISTÓBAL, PROPIEDAD DE LOS COLOMBIANOS APRESADOS LA PASADA SEMANA
El registro de la finca, de unas 500 tareas, se inició la pasada semana por agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía (DICAN), que le daban seguimiento a algunos grupos de distribuidores en Santo Domingo y, basados en sus informes de inteligencia, pudieron llegar al lugar donde le suministraban la droga.
Los extranjeros guardan tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo, luego que se les ocupara una finca, una lujosa residencia, armas de fuego y otras pertenencias.
Las autoridades decomisaron en el laboratorio distintos ingredientes y parafernalias que se utilizan en el proceso de elaboración de la cocaína, como tanque de acetona, otras sustancias, varias microondas que se usan para secar la droga, presas hidráulicas, balanzas para pesar kilogramos, entre otros.
El operativo está dirigido por el coronel Carlos Fernández Valerio director DICAN y los coroneles Félix Fernández y Aníbal Uribe. Participan también la fiscal Diomeris Soto y otros siete fiscales adjuntos de San Cristobal.
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