Noviembre 7, 2014
La hermana del actual monarca, Felipe VI, está involucrada en un caso de corrupción junto a su esposo, Iñaki Urdangarin. Podrá ser objeto de acusación e ir a juicio
La infanta Cristina, hermana de Felipe VI, está camino a ser juzgada como imputada por dos delitos fiscales en un caso de corrupción en el que está implicado su esposo, Iñaki Urdangarin, por
lo que podrá ser objeto de acusación e ir a juicio. Sin embargo, ha
logrado evitar que se le procese por blanqueo de capitales.
Se trata del "caso Nóos", una fundación sin ánimo de lucro presidida por Urdangarin a la que supuestamente fueron desviados seis millones de euros de dinero público a mediados de la pasada década.
Se trata del "caso Nóos", una fundación sin ánimo de lucro presidida por Urdangarin a la que supuestamente fueron desviados seis millones de euros de dinero público a mediados de la pasada década.
Hay una posibilidad de que evite el juicio: la doctrina Botin. Según explica El País,
se trata de una jurisprudencia que dicta que un imputado no se sentará
en el banquillo si sobre éste sólo recae una acusación popular, es
decir, si no acusa la Fiscalía o los afectados directamente por el
proceso".
El juez debe decidir ahora qué personas van a juicio y cuáles no
Esto sucede en el caso de la Infanta sobre los presuntos delitos: ni el fiscal ni el Estado han considerado que exista tal delito. Pero
la Audiencia de Palma sostiene que hay suficientes indicios, por lo que
la hermana del Rey merece ser imputada. Se la investiga desde enero de
2013 y ya ha declarado dos veces. Se prevé que el juicio podría iniciarse recién en 2016.
En ese contexto, el juez José Castro deberá dictar un auto de apertura de juicio oral, donde definirá qué personas irán a juicio y cuáles no, y tendrá que pronunciarse de nuevo sobre la infanta, explicaron a EFE fuentes jurídicas.
En el sumario están imputados Iñaki Urdangarin y su ex socio Diego Torres, por la presunta desviación entre 2004 y 2007 de 6,1 millones de euros de fondos públicos a través del Instituto Nóos.
El juez sostenía que los ingresos "ilícitos" procedentes del lucro obtenido por Nóos fueron ingresados en una sociedad llamada Aizoon, cuya propiedad compartían a partes iguales la infanta y su esposo.
El juez sospechaba que Aizoon era una pantalla para eludir algunos pagos a la Hacienda española.
Febrero 8, 2014
El peor momento de la corona española: la hija del Rey ante el juez
Ante una enorme expectación mediática, la infanta Cristina, hija del rey de España, declaró durante seis horas este sábado ante un juez por presuntos delitos fiscales en el marco del escándalo de corrupción protagonizado por su esposo que hundió la imagen de la monarquía.
Cristina saludó sonriente a los periodistas que la esperaban en el juzgadoUn coche marca Ford de color negro bajó a las 8:45 GMT la rampa adoquinada de una decena de metros que lleva a la entrada del tribunal de Palma de Mallorca, en las islas Baleares, donde el juez José Castro instruye el denominado 'caso Nóos' desde julio de 2010.
A su llegada a la puerta, Cristina, de 48 años, se apeó del vehículo vestida con pantalón, camisa blanca y chaqueta negra, y saludó sonriente a los periodistas que la esperaban antes de entrar en el juzgado.
Más de 200 policías protegían los alrededores, cerrados al tráfico desde primera hora de la mañana, a los que solo podrían acceder los 300 periodistas de todo el mundo acreditados para cubrir un hecho histórico: el interrogatorio del primer miembro de la familia real jamás imputado por la justicia.
Alejados por un cordón policial, un grupo de manifestantes que enarbolaban la bandera republicana roja, amarilla y morada se había congregado con pancartas en las que podía leerse "Sangre real = justicia irreal".
"Yo confiaba en mi marido", le aseguró la Infanta al juez Castro, quien prácticamente ha monopolizado el interrogatorio durante las primeras horas, buscando determinar si Cristina cooperó en las presuntas actividades delictivas de su marido, Iñaki Urdangarin. Se lo acusa, junto a un ex socio, de malversar 6,1 millones de euros (8,3 millones de dólares) mediante una sociedad sin fines de lucro denominada Instituto Nóos.
Abogados presentes en la sala han asegurado que la Infanta negó todos los indicios contra ella, utilizando respuestas evasivas como "no sé" o "no me consta". Y que incluso ha negado conocer a los empleados y la actividad de Aizoon, la empresa que tenía junto a su esposo.
Sentada en un sillón de terciopelo rojo, en una sala presidida por el retrato su padre, el jefe del Estado, la infanta busca demostrar su inocencia, según sus abogados, con quienes estuvo preparando minuciosamente su defensa en los últimos días en Barcelona.
Desde allí viajó en avión este mismo sábado para hacer frente a la imputación dictada por el magistrado el 7 de enero.
Un golpe a la imagen de la Corona
Tras meses de trabajo, Castro fundamentó la imputación de la infanta en un detallado auto de 227 páginas que cayó como una bomba: muy protegida durante mucho tiempo, ahora cercada por los escándalos, la monarquía española está descubriendo que ya no es intocable.
A sus 76 años, y 38 de reinado, Juan Carlos ofrece la imagen de un rey cansado, a menudo apoyado en unas muletas tras varias operaciones de cadera.
Ya no es tabú hablar de una eventual abdicación de Juan CarlosEl deterioro de su imagen se inició hace dos años con el "caso Urdangarin" y se agravó con una costosa escapada real a Botswana para cazar elefantes en 2012, que sorprendió en una España golpeada por la crisis.
Hasta el punto de que actualmente ya no es tabú hablar de una eventual abdicación en favor del príncipe Felipe, que encarna a sus 46 años la esperanza de la monarquía.
La Casa Real, afectada por el escándalo, quiere acabar cuanto antes con lo que su jefe, Rafael Spottorno, calificaba públicamente de "martirio".
"El caso Nóos ha sido un problema enorme para la monarquía desde el principio. Lo que ocurre es que, al centrarse en la figura de la infanta, el daño se incrementa", explicaba Ana Romero, periodista del diario El Mundo que cubre a la familia real.
En mayo el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, había logrado que se anulara una primera imputación de la infanta por tráfico de influencias.
La Casa Real calificó su actualidad como un "martirio"Fue entonces cuando el juez se orientó hacia las sospechas de delito fiscal y blanqueo, que Cristina habría cometido a través de Aizóon, una sociedad que detenta al 50% con Urdangarin, y cuya caja supuestamente habría ingresado alrededor de un millón de euros del dinero público desviado por este último.
La contabilidad de Aizóon puso al descubierto, desde 2004, gastos para la renovación de la lujosa residencia familiar en Barcelona por valor de 436.703,87 euros, o gastos privados por 262.120,87 euros.
El juez Castro realizó un detallado inventario de todos esos gastos en un auto de 227 páginas lleno de referencias a facturas sospechosas.
"Los delitos contra la Hacienda que se imputan a Urdangarin difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y la aquiescencia de su esposa", concluía el juez.
Relacionado, / Antes del interrogatorio
La infanta Cristina, la hija menor del rey Juan Carlos, se enfrenta a una acusación de corrupción, según ha confirmado la casa real de España. Su marido, Iñaki Urdgangarin, enfrenta cargos en el mismo caso y ya declaró hace un año. Están acusados de recibir millones de dólares en contratos con el gobierno a través de Noos, una fundación sin ánimo de lucro, creada por Urdangarin para organizar eventos deportivos y turísticos.
El juez José Castro investiga si parte de ese dinero fue desviado para el uso privado de la princesa, que tiene 48 años, y su marido, de 46. A través de sus equipos jurídicos, ambos niegan haber cometido delito alguno.
El testimonio a puerta cerrada de la princesa se celebra en un tribunal local de Palma de Mallorca en las Islas Baleares. El palacio de justicia no está lejos del palacio de Marivent, la residencia de verano de la familia real en Mallorca, uno de los principales destinos turísticos de Europa.
El juez Castro en abril pasado presentó cargos preliminares contra la princesa en este caso, pero los retiró en mayo después de los fiscales apelaron ante un tribunal provincial, citando evidencia insuficiente.
Pero Castro continuó su investigación y el mes pasado emitió una orden de 227 páginas, con lo que de nuevo los cargos preliminares contra la princesa, por presunto fraude fiscal y blanqueo de dinero a través de una compañía separada, Aizoon, en la que tenía una participación del 50%, con su marido.
"Utilizaron esa compañía para embolsarse dinero público y también para pagar menos impuestos o simplemente engañar a la Hacienda Pública", dijo Eduardo Inda, editor de investigación del diario El Mundo, quien es coautor del libro, "Urdangarin", sobre las supuestas irregularidades financieras de la pareja real.
"En esta sociedad, la Infanta Cristina es quien firma los informes anuales", dijo Inda.
Cuando los nuevos cargos preliminares se presentaron en enero, el principal abogado de Cristina, el político y veterano abogado Miquel Roca, dijo a la prensa que apelarían.
Pero una semana más tarde, se produjo un cambio brusco de posición, y se anunció que la princesa declararía.
El cambio de actitud no se debió a la presión de la casa real, sino que se presentó como una decisión personal de la princesa, que persuadió a su equipo de la defensa sobre el tema, dijo un funcionario familiarizado con las discusiones dentro de la casa real, que hablaron bajo condición de anonimato.
"Declarar fue su propia decisión, simplemente porque ella no tiene nada que ocultar, y está convencida de los cargos preliminares podrían ser retirados, y es mejor dar testimonio que dejar que continúe la imagen de cobardía por evitar al juez", dijo el funcionario.
El caso es uno de varios escándalos de corrupción financiera que afectan a la familia real y a los principales partidos políticos, en plena crisis económica, cuando muchos españoles han perdido sus empleos o han tenido que apretarse el cinturón.
El testimonio de la Infanta Cristina se presenta a la vez que un nuevo informe de la Comisión Europea muestra que el 95% de los españoles dice que la corrupción está muy extendida en la nación.
La Casa Real hace dos años excluyó a la Infanta Cristina y a su esposo de representar a España en los actos oficiales, como uno esta semana en Madrid, cuando el Rey, la Reina Sofía, el príncipe heredero Felipe y su esposa, la princesa Letizia, dieron la bienvenida al cuerpo diplomático extranjero.
Sin embargo, algunos españoles dicen que la princesa sigue recibiendo un trato especial.
"Es muy bueno finalmente, se haya imputado a la princesa", dijo la estudiante Mariana Moragrega, a las puertas del palacio real de Madrid". Pero teniendo en cuenta que ella es la hija del rey, va a estar muy protegida, y no irá a la cárcel", aseguró.
Un columnista del diario El País, Ernesto Ekaizer, predice que este testimoniopodría ser el principio del fin de la causa contra la princesa. Él escribe que el juez de nuevo se enfrenta a la oposición de un fiscal que dice que aún hay evidencia criminal insuficiente contra la princesa. Y que el caso podría caer antes de llegar a juicio.
Carlos Cruzado, presidente del sindicato de Gesta de los técnicos de la Agencia Tributaria que trabajan en el Ministerio de Hacienda, dijo que es inusual para un fiscal, aparentemente del lado de la princesa, que enfrenta cargos preliminares de fraude fiscal, en lugar de defender los intereses de la nación a través de la agencia de recaudación de impuestos.
ENERO 7, 2014
Hija del Rey de España imputada por presunto fraude fiscal y blanqueo
En este caso están imputados Urdangarin y su exsocio Diego Torres
PALMADE MALLORCA ,España.- La Infanta Cristina, hija del rey de España, ha sido citada a declarar como imputada el próximo 8 de marzo por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
El juez instructor del llamado "caso Nóos", José Castro, comunicó hoy la imputación de la hija menor del rey en un auto que notificó a las partes personadas en el proceso sobre las presuntas actividades corruptas del Instituto Nóos, que presidió el marido de Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarin.
En este caso están imputados Urdangarin y su exsocio Diego Torres, por la presunta desviación entre 2004 y 2007 de 6,1 millones de euros (unos 8,7 millones de dólares) de fondos públicos a través del Instituto Nóos, una institución sin fines lucrativos.
Esta es la segunda ocasión en la que Castro cita como imputada a la hija del monarca español pero cuando lo hizo por primera vez en abril de 2013 suspendió la citación después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara recurso ante la Audiencia Provincial de Palma (Islas Baleares).
La Audiencia dejó sin efecto la imputación pero apuntó nuevas líneas de investigación para averiguar si la infanta Cristina pudo incurrir en posibles delitos fiscales y de blanqueo desde la empresa Aizoon, de la que es propietaria al 50 % junto a su esposo.
El pasado 9 de diciembre, el juez del tribunal de Palma de Mallorca pidió a las partes que se pronunciaran sobre la imputación de la infanta.
Solo el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, se declaró favorable a que Castro llame a declarar a la infanta, mientras que la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y las representaciones procesales de Iñaki Urdangarin, Diego Torres y la propia hija del rey se manifestaron contrarias a la imputación.
Distintos informes de la Agencia Tributaria no reflejan hechos presuntamente delictivos y la Fiscalía Anticorrupción subrayó, después de que Castro le solicitara su opinión, que contra la hija menor del rey solo hay "conjeturas o sospechas".
El fiscal encargado del caso, Pedro Horrach, indicó en su último escrito al juez instructor que de la investigación llevada a cabo sobre la infanta no se han obtenido "indicios incriminatorios de los que pudiera derivarse la imputación".
La investigación sobre el yerno del rey Juan Carlos es "un poco un martirio" para la Corona española al ver "día tras día repicando este tema", reconoció el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, en una entrevista que emitió el pasado sábado Televisión Española (TVE).
En este caso están imputados Urdangarin y su exsocio Diego Torres, por la presunta desviación entre 2004 y 2007 de 6,1 millones de euros (unos 8,7 millones de dólares) de fondos públicos a través del Instituto Nóos, una institución sin fines lucrativos.
Esta es la segunda ocasión en la que Castro cita como imputada a la hija del monarca español pero cuando lo hizo por primera vez en abril de 2013 suspendió la citación después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara recurso ante la Audiencia Provincial de Palma (Islas Baleares).
La Audiencia dejó sin efecto la imputación pero apuntó nuevas líneas de investigación para averiguar si la infanta Cristina pudo incurrir en posibles delitos fiscales y de blanqueo desde la empresa Aizoon, de la que es propietaria al 50 % junto a su esposo.
El pasado 9 de diciembre, el juez del tribunal de Palma de Mallorca pidió a las partes que se pronunciaran sobre la imputación de la infanta.
Solo el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, se declaró favorable a que Castro llame a declarar a la infanta, mientras que la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y las representaciones procesales de Iñaki Urdangarin, Diego Torres y la propia hija del rey se manifestaron contrarias a la imputación.
Distintos informes de la Agencia Tributaria no reflejan hechos presuntamente delictivos y la Fiscalía Anticorrupción subrayó, después de que Castro le solicitara su opinión, que contra la hija menor del rey solo hay "conjeturas o sospechas".
El fiscal encargado del caso, Pedro Horrach, indicó en su último escrito al juez instructor que de la investigación llevada a cabo sobre la infanta no se han obtenido "indicios incriminatorios de los que pudiera derivarse la imputación".
La investigación sobre el yerno del rey Juan Carlos es "un poco un martirio" para la Corona española al ver "día tras día repicando este tema", reconoció el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, en una entrevista que emitió el pasado sábado Televisión Española (TVE).
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