LA JUEZA DEL TERCER JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL
VARIÓ LA MEDIDA DE COERCIÓN AL GRUPO Y LOS ENVIÓ A JUICIO DE FONDO
Santo Domingo
La jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional,
dispuso hoy la libertad de 10 personas, entre ellas Rafael Senén Rosado
Fermín, propietario de línea aérea Caribair, acusados de ser supuesto
miembros de una estructura de narcotráfico que utilizaban el país como
centro de operaciones para acciones bimotor adquiridos en EEUU.
La magistrada Elka Reyes Olivo dispuso la libertad del grupo, El grupo compuesto por dominicanos, colombianos, venezolanos, puertorriqueños, estadounidenses, jamaiquinos y bahameños , tras variar la prisión preventiva que había dictado el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El tribunal impuso una fianza de 30 mil pesos en efectivo, impedimento de salida del país y presentación periódica por ante el Ministerio Publico y ordenó el envío a juicio de fondo del grupo.
Los imputados son Rosado Fermín, Sergio René Gómez Díaz, Cristian Antonio Suarez Javier, José Luis Vera Márquez, José Antonio Cleto Cruz, Víctor Hugo Sánchez Portes, Henry Francisco Valdez García, José Vicente Figueroa Ortiz y el teniente coronel Juan Ramón Rosado Pérez, quienes deberán respondan por los hechos que se le imputan en juicio de fondo.
En cambio la magistrada, en cuanto a Daimon Mario Pérez y Alberto Laureano quienes se encontraban en libertad bajo fianza por el mismo caso, le ratificó la medida de coerción actual porque se han presentado a todos los llamados hecho por las autoridades.
Asimismo, el tribunal ordenó el decomiso de 436 bienes, entre ellos cuatro avionetas incautadas en ocasión del proceso que inició en octubre del 2012.
Sin embargo, ordenó la devolución de dos jeep marca Land Rover, color gris y negro, del 2006, así como un carro Mercedes Benz, color negro, del 2006, a la empresa Auto Mayella, que fue presentada en el juicio como interviniente voluntario por los abogados Alberto Lora y René Omar García.
Igualmente, la jueza rechazó la solicitud por los abogados Félix Humberto Portes y Eduard Ramón Tejada Martínez, interviniente voluntarios quienes actúan en representación de “Passion Niht Club” y Hermanos Gómez Díaz.
Señala la acusación que los aparatos eran enviados a Sudamérica, especialmente a Venezuela, para desde allí trasportar grandes cargamentos de cocaína a Centroamérica el Caribe para luego llevarlos a Norteamérica.
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Los imputados son Rosado Fermín, Sergio René Gómez Díaz, Cristian Antonio Suarez Javier, José Luis Vera Márquez, José Antonio Cleto Cruz, Víctor Hugo Sánchez Portes, Henry Francisco Valdez García, José Vicente Figueroa Ortiz y el teniente coronel Juan Ramón Rosado Pérez, quienes deberán respondan por los hechos que se le imputan en juicio de fondo.
En cambio la magistrada, en cuanto a Daimon Mario Pérez y Alberto Laureano quienes se encontraban en libertad bajo fianza por el mismo caso, le ratificó la medida de coerción actual porque se han presentado a todos los llamados hecho por las autoridades.
Asimismo, el tribunal ordenó el decomiso de 436 bienes, entre ellos cuatro avionetas incautadas en ocasión del proceso que inició en octubre del 2012.
Sin embargo, ordenó la devolución de dos jeep marca Land Rover, color gris y negro, del 2006, así como un carro Mercedes Benz, color negro, del 2006, a la empresa Auto Mayella, que fue presentada en el juicio como interviniente voluntario por los abogados Alberto Lora y René Omar García.
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El ministerio público presentó formal acusación en contra del empresario Rafael René Rosado Fermín, propietario de Caribair, y otras 11 personas acusadas de formar parte de una red de narcotráfico internacional que utilizaba el país como centro de operaciones para modificar naves que usaban para el trasiego de drogas.
La acusación fue presentada por ante la jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, por el procurador adjunto, Carlos Castillo; el procurador adjunto de la Corte de Apelación, Agustín de la Cruz; la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso; y los fiscales adjuntos Wendy Lora, Milcíades Guzmán y Francis Soto Mejía.
En la instancia, el ministerio público pide dictar apertura a juicio de fondo en contra del grupo, para que estos respondan por los hechos que se le imputan y que se mantenga la medida de coerción que fue dictada en su contra, consistente en prisión preventiva.
La audiencia preliminar fue aplazada por la jueza Elka Reyes Olivo para el próximo 11 de febrero a los fines de que los abogados de los imputados tomen conocimiento de la pieza acusatoria y de las pruebas aportadas por la parte acusadora.
En el caso están involucrados además de Rosado Fermín, los dominicanos Sergio Gómez Díaz, Cristian Antonio Suarez Javier, el sargento mayor José Antonio Creto Cruz, Víctor Hugo Sánchez Portes, José Vicente Figueroa Ortiz.
También Guillermo Pérez Perdomo, Henry Francisco Valdez García, el teniente coronel Juan Ramón Rosado Pérez, el venezolano José Luis Vera Márquez, los norteamericanos Alberto Laureano y Daimon Mario Pérez.
Asimismo, el ministerio público solicita al tribunal ordenar el decomiso a favor del Estado Dominicano de cinco aeronaves, de una flota de vehículos, cuatro fincas, dos plazas comerciales, dos casas y un apartamento.
Conforme con el acta de acusación, el grupo se asoció para constituir una red criminal, dedicada al tráfico internacional de sustancias controladas, para lo cual adquirían aeronaves, las cuales preparaban con aditamentos, para agregarle horas de vuelo, labor que ha reportado los beneficios con los cuales han adquiridos bienes.
Sostiene que para la realización de tales actividades dicha red, utilizaba la fachada de empresarios de varios de los imputados, que se movían en el aérea de la aeronavegabilidad, además de la condición de pilotos y de mecánicos de avión de otros de los miembros de la red, lo que le permitió adquirir aeronaves, combustible y piezas para dicha naves sin levantar sospechas.
La acusación presentada por el ministerio público, añade que dichas aeronaves eran movidas de un aeropuerto a otro sin que constara en los libros de registro, a fin de no alertar a las autoridades, cambiando de igual forma las matriculas de los mismos para dificultar su ubicación y rastreo, para lo cual de igual forma utilizaban diferentes códigos que adquirían al mover las aeronaves de un país a otro.
Via Listin Diario
La acusación fue presentada por ante la jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, por el procurador adjunto, Carlos Castillo; el procurador adjunto de la Corte de Apelación, Agustín de la Cruz; la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso; y los fiscales adjuntos Wendy Lora, Milcíades Guzmán y Francis Soto Mejía.
En la instancia, el ministerio público pide dictar apertura a juicio de fondo en contra del grupo, para que estos respondan por los hechos que se le imputan y que se mantenga la medida de coerción que fue dictada en su contra, consistente en prisión preventiva.
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La acusación presentada por el ministerio público, añade que dichas aeronaves eran movidas de un aeropuerto a otro sin que constara en los libros de registro, a fin de no alertar a las autoridades, cambiando de igual forma las matriculas de los mismos para dificultar su ubicación y rastreo, para lo cual de igual forma utilizaban diferentes códigos que adquirían al mover las aeronaves de un país a otro.
Via Listin Diario
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