Bastaría una ojeada superficial al punto de agenda de la audiencia convocada para mañana en Washington por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el conflicto dominico-haitiano, para apreciar el carácter sesgado de ese organismo internacional y adelantar “la condena” a la República Dominicana por aplicar una política de desnacionalización contra los descendientes haitianos.
De paso, el país también será condenado “por violar los derechos humanos de los trabajadores migrantes y sus familias” y por violación de los derechos de la mujer consagrados en los estatutos internacionales y consuetudinariamente violentados en la República Dominicana.
Las audiencias de la CIDH en el marco de su 150 período de sesiones se prolongarán hasta el próximo jueves 28 y abarcarán 55 puntos de una larga agenda que involucra a Colombia, Argentina, Perú, República Dominicana, Estados Unidos, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Honduras, México, Surinam, Canadá, Brasil, Jamaica, Chile, Haití, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Belice y Venezuela.
La buena noticia es que esos países le confieren cero importancia a los resultados de esos “juicios” por su escasa trascendencia en el plano local e internacional, y en casi ninguna de esas sesiones instruyen a sus representantes oficiales para que asuman en su nombre la defensa diplomática o legal.
Sólo en el caso de la República Dominicana se trata de enjuiciar “una política de desnacionalización” propiciada por el Estado contra descendientes de un país vecino, y cita taxativamente la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional emitida el 23 de septiembre de 2013.
La acusación está sustentada por un grupo de oenegés encabezado por el Centro Bonó y compuesto por Solidaridad Fronteriza, Centro de Acción Social y Agraria, Fundación Étnica Integral, Centro Cultural Dominico-Haitiano, Movimiento Socio Cultural de Trabajadores Haitianos, Observatorio de Migrantes del Caribe, Colectiva Mujer y Salud y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
Algunos de esos grupos fueron creados después del 23 de septiembre cuando se emitió la sentencia, y todos cuentan con financiamientos de agencias vinculadas a la CIDH con sedes principalmente en los Estados Unidos y Europa. La mayoría son de origen haitiano.
¡La tremenda corte...!
El “juicio” contra la República Dominicana comenzará mañana lunes a las 3:15 de la tarde en el salón Rubén Darío del piso 8 de la sede de la OEA, y constará de tres acusaciones básicas:
-La situación de los derechos humanos de los trabajadores migrantes haitianos y sus familiares en la República Dominicana;
-Situación del derecho a la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana afectados por la política de desnacionalización; y
-Situación de los derechos humanos de las mujeres en la República Dominicana.
La acusación sobre las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores haitianos radicados en el país tienen carácter personal, que no institucional, y la sustentan los señores Genaro Rincón, Gregoria Corporán, Remberto Pichardo Juan, Josefina Juan viuda Pichardo, Manuel de Jesús Dandre y María Martínez.
La señora Josefina Pichardo viuda Juan es una ex fiscal del Distrito Nacional en el gobierno del doctor Balaguer. Remberto Pichardo Juan es su hijo, ambos abogados en ejercicio.
La otra acusación fuera de lo referente a la “desnacionalización” de la sentencia 168/13, que tiene que ver con las “violaciones a los derechos de la mujer”, la sustenta otro grupo de oenegés encabezado por la “Red Mundial por los Derechos Reproductivos”.
Además, Colectivo Mujer y Salud, Centro de Investigación para la Acción Femenina, el Comité para América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer, el Centro de los Derechos Reproductivos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.
No lo explica la agenda, pero esas acusaciones tienen que ver con “el derecho a la vida” que propugna la Iglesia y en contra del “aborto no terapéutico”, tema en debate en casi todos los países que asumen la discrecionalidad de adoptar políticas en tal sentido sin aceptar injerencias foráneas de ninguna naturaleza.
Para los tres temas en agenda la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispone de apenas dos horas y 30 minutos porque la sesión está supuesta a concluir a las 6.45 de la tarde.
Es obvio que tres temas de tal profundidad no pueden ser deliberados en audiencia pública y contradictoria en apenas dos horas y media, a menos que todo esté cocinado con antelación, como afirman expertos en la materia.
En la misma sala donde se producirá la audiencia contra la República Dominicana se conocerán previamente otros cuatro puntos referentes al Perú: sistema de justicia penal; la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas; el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia sexual y la concentración de propiedad de los medios de comunicación.
Representación dominicana
Al finalizar la presente semana se hizo pública una carta del presidente de la Junta Central Electoral, doctor Roberto Rosario, al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Morales Troncoso, donde sugería que el país no estuviera presente en la audiencia contra la República Dominicana.
Su argumento es que hace apenas tres meses el organismo sesionó en el país e hizo un supuesto levantamiento con “una posición contaminada” del proceso que llevan a cabo las autoridades en procura de regular la situación de los extranjeros que residen ilegalmente en el territorio nacional.
La Cancillería dominicana delegó ayer esa representación en la licenciada Rhadys Abreu Polanco, embajadora adscrita, pero no dispuso que personal especializado en materia constitucional y en derecho internacional asumiera la defensa del país como en ocasiones anteriores en que han participado funcionarios del primer nivel como el presidente de la Junta, el director general de Migración y de las Oficialías Civil.
Rosario dice en su carta al canciller que no puede tolerarse que una o varias entidades internacionales presionen al país con actitudes injerencistas, violentando las normas diplomáticas y poniendo en vilo la soberanía nacional.
“Es un deber de nosotros y del Estado Dominicano preservar los mandatos y las normas constitucionales como país libres y soberano para permitir la permanencia de cualquier ciudadano extranjero siempre y cuando esté debidamente registrado” como residente en el territorio nacional.
Rosario criticó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por abrogarse el derecho de escoger a los funcionarios que pueden representar el país en las audiencias que se inician mañana porque esa es una atribución exclusiva del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En efecto, la República Dominicana ni siquiera es citada para que comparezca a una audiencia que se asume imparcial por contradictoria, y en cambio en Cancillería se recibió el 24 de febrero pasado una nota informal dirigida al canciller Morales en la que se le participa la celebración de la audiencia.
La misiva suscrita por Emilio Álvarez Icaza, secretario de la CIDH, llega al colmo del irrespeto y de la inobservancia de los procedimientos diplomáticos al pedir al canciller que remita “a la mayor brevedad la lista de las personas que (él) desea incluir como integrante de su delegaciónÖ”
....Y eso en caso de que “el gobierno de Su Excelencia desee asistir a la audiencia”.
El mismo documento emplaza al canciller Morales para que en un tiempo no mayor de 20 días a partir de la fecha en que fue redactada la nota “se sirva enviar a la Comisión (de los Derechos Humanos) un documento escrito donde se resuman los principales aspectos” de la exposición dominicana, “así como toda la documentación que considere necesaria en el marco de la audiencia”.
Por supuesto, el canciller Morales ni siquiera respondió esa insolencia, que es como se estila tratar semejantes majaderías en el mundo diplomático.
(+)
UNA CONVOCATORIA UNILATERAL DE LA CORTE
La convocatoria unilateral de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos hace requerimientos improcedentes a las autoridades dominicanas, como exigir la presencia de funcionarios del primer nivel del Estado Dominicano como el Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo; el viceministro Henry Molina; el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, y el presidente de la JCE, Roberto Rosario.
Su argumento es que se hace necesario “fomentar un espacio de seguimiento entre el Estado y la sociedad civil para la implementación de las medidas que garanticen el respeto del derecho a la nacionalidad de personas dominicanas de ascendencia haitiana” y que la presencia de esos funcionarios es imprescindible para garantizar esos derechos.
Es en este punto donde el presidente de la Junta le expresa al canciller Morales el exceso en que incurre la Corte cuando le dice al Estado Dominicano cuáles funcionarios deben representarlo.
Los derechos a que la CIDH hace referencia son atinentes a las supuestas violaciones en que incurre el dispositivo de la sentencia 168/13 y aquellas comprobadas “en la visita realizada (al país) por la comisión IDH en diciembre pasado”.
De acuerdo al informe de esa comisión, nuestro país tiene la obligación de garantizar el derecho de los haitianos “a la participación política, a la educación, al acceso igualitario a los bienes y servicios, a la igualdad ante la ley, a la vida familiar, a la personalidad jurídica, a la libertad de movimiento y a la libertad de ingreso y egreso a su país de las personas dominicanas de ascendencia haitiana”.
Luego de resolver este tremendo caso, a la Tremenda Corte Interamericana de los Derechos Humanos sólo le restaría nombrar un procónsul para que venga a dirigir en su nombre a la República Dominicana después de refundirla con Haití...
De paso, el país también será condenado “por violar los derechos humanos de los trabajadores migrantes y sus familias” y por violación de los derechos de la mujer consagrados en los estatutos internacionales y consuetudinariamente violentados en la República Dominicana.
Las audiencias de la CIDH en el marco de su 150 período de sesiones se prolongarán hasta el próximo jueves 28 y abarcarán 55 puntos de una larga agenda que involucra a Colombia, Argentina, Perú, República Dominicana, Estados Unidos, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Honduras, México, Surinam, Canadá, Brasil, Jamaica, Chile, Haití, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Belice y Venezuela.
La buena noticia es que esos países le confieren cero importancia a los resultados de esos “juicios” por su escasa trascendencia en el plano local e internacional, y en casi ninguna de esas sesiones instruyen a sus representantes oficiales para que asuman en su nombre la defensa diplomática o legal.
Sólo en el caso de la República Dominicana se trata de enjuiciar “una política de desnacionalización” propiciada por el Estado contra descendientes de un país vecino, y cita taxativamente la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional emitida el 23 de septiembre de 2013.
La acusación está sustentada por un grupo de oenegés encabezado por el Centro Bonó y compuesto por Solidaridad Fronteriza, Centro de Acción Social y Agraria, Fundación Étnica Integral, Centro Cultural Dominico-Haitiano, Movimiento Socio Cultural de Trabajadores Haitianos, Observatorio de Migrantes del Caribe, Colectiva Mujer y Salud y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
Algunos de esos grupos fueron creados después del 23 de septiembre cuando se emitió la sentencia, y todos cuentan con financiamientos de agencias vinculadas a la CIDH con sedes principalmente en los Estados Unidos y Europa. La mayoría son de origen haitiano.
¡La tremenda corte...!
El “juicio” contra la República Dominicana comenzará mañana lunes a las 3:15 de la tarde en el salón Rubén Darío del piso 8 de la sede de la OEA, y constará de tres acusaciones básicas:
-La situación de los derechos humanos de los trabajadores migrantes haitianos y sus familiares en la República Dominicana;
-Situación del derecho a la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana afectados por la política de desnacionalización; y
-Situación de los derechos humanos de las mujeres en la República Dominicana.
La acusación sobre las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores haitianos radicados en el país tienen carácter personal, que no institucional, y la sustentan los señores Genaro Rincón, Gregoria Corporán, Remberto Pichardo Juan, Josefina Juan viuda Pichardo, Manuel de Jesús Dandre y María Martínez.
La señora Josefina Pichardo viuda Juan es una ex fiscal del Distrito Nacional en el gobierno del doctor Balaguer. Remberto Pichardo Juan es su hijo, ambos abogados en ejercicio.
La otra acusación fuera de lo referente a la “desnacionalización” de la sentencia 168/13, que tiene que ver con las “violaciones a los derechos de la mujer”, la sustenta otro grupo de oenegés encabezado por la “Red Mundial por los Derechos Reproductivos”.
Además, Colectivo Mujer y Salud, Centro de Investigación para la Acción Femenina, el Comité para América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer, el Centro de los Derechos Reproductivos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.
No lo explica la agenda, pero esas acusaciones tienen que ver con “el derecho a la vida” que propugna la Iglesia y en contra del “aborto no terapéutico”, tema en debate en casi todos los países que asumen la discrecionalidad de adoptar políticas en tal sentido sin aceptar injerencias foráneas de ninguna naturaleza.
Para los tres temas en agenda la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispone de apenas dos horas y 30 minutos porque la sesión está supuesta a concluir a las 6.45 de la tarde.
Es obvio que tres temas de tal profundidad no pueden ser deliberados en audiencia pública y contradictoria en apenas dos horas y media, a menos que todo esté cocinado con antelación, como afirman expertos en la materia.
En la misma sala donde se producirá la audiencia contra la República Dominicana se conocerán previamente otros cuatro puntos referentes al Perú: sistema de justicia penal; la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas; el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia sexual y la concentración de propiedad de los medios de comunicación.
Representación dominicana
Al finalizar la presente semana se hizo pública una carta del presidente de la Junta Central Electoral, doctor Roberto Rosario, al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Morales Troncoso, donde sugería que el país no estuviera presente en la audiencia contra la República Dominicana.
Su argumento es que hace apenas tres meses el organismo sesionó en el país e hizo un supuesto levantamiento con “una posición contaminada” del proceso que llevan a cabo las autoridades en procura de regular la situación de los extranjeros que residen ilegalmente en el territorio nacional.
La Cancillería dominicana delegó ayer esa representación en la licenciada Rhadys Abreu Polanco, embajadora adscrita, pero no dispuso que personal especializado en materia constitucional y en derecho internacional asumiera la defensa del país como en ocasiones anteriores en que han participado funcionarios del primer nivel como el presidente de la Junta, el director general de Migración y de las Oficialías Civil.
Rosario dice en su carta al canciller que no puede tolerarse que una o varias entidades internacionales presionen al país con actitudes injerencistas, violentando las normas diplomáticas y poniendo en vilo la soberanía nacional.
“Es un deber de nosotros y del Estado Dominicano preservar los mandatos y las normas constitucionales como país libres y soberano para permitir la permanencia de cualquier ciudadano extranjero siempre y cuando esté debidamente registrado” como residente en el territorio nacional.
Rosario criticó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por abrogarse el derecho de escoger a los funcionarios que pueden representar el país en las audiencias que se inician mañana porque esa es una atribución exclusiva del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En efecto, la República Dominicana ni siquiera es citada para que comparezca a una audiencia que se asume imparcial por contradictoria, y en cambio en Cancillería se recibió el 24 de febrero pasado una nota informal dirigida al canciller Morales en la que se le participa la celebración de la audiencia.
La misiva suscrita por Emilio Álvarez Icaza, secretario de la CIDH, llega al colmo del irrespeto y de la inobservancia de los procedimientos diplomáticos al pedir al canciller que remita “a la mayor brevedad la lista de las personas que (él) desea incluir como integrante de su delegaciónÖ”
....Y eso en caso de que “el gobierno de Su Excelencia desee asistir a la audiencia”.
El mismo documento emplaza al canciller Morales para que en un tiempo no mayor de 20 días a partir de la fecha en que fue redactada la nota “se sirva enviar a la Comisión (de los Derechos Humanos) un documento escrito donde se resuman los principales aspectos” de la exposición dominicana, “así como toda la documentación que considere necesaria en el marco de la audiencia”.
Por supuesto, el canciller Morales ni siquiera respondió esa insolencia, que es como se estila tratar semejantes majaderías en el mundo diplomático.
(+)
UNA CONVOCATORIA UNILATERAL DE LA CORTE
La convocatoria unilateral de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos hace requerimientos improcedentes a las autoridades dominicanas, como exigir la presencia de funcionarios del primer nivel del Estado Dominicano como el Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo; el viceministro Henry Molina; el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, y el presidente de la JCE, Roberto Rosario.
Su argumento es que se hace necesario “fomentar un espacio de seguimiento entre el Estado y la sociedad civil para la implementación de las medidas que garanticen el respeto del derecho a la nacionalidad de personas dominicanas de ascendencia haitiana” y que la presencia de esos funcionarios es imprescindible para garantizar esos derechos.
Es en este punto donde el presidente de la Junta le expresa al canciller Morales el exceso en que incurre la Corte cuando le dice al Estado Dominicano cuáles funcionarios deben representarlo.
Los derechos a que la CIDH hace referencia son atinentes a las supuestas violaciones en que incurre el dispositivo de la sentencia 168/13 y aquellas comprobadas “en la visita realizada (al país) por la comisión IDH en diciembre pasado”.
De acuerdo al informe de esa comisión, nuestro país tiene la obligación de garantizar el derecho de los haitianos “a la participación política, a la educación, al acceso igualitario a los bienes y servicios, a la igualdad ante la ley, a la vida familiar, a la personalidad jurídica, a la libertad de movimiento y a la libertad de ingreso y egreso a su país de las personas dominicanas de ascendencia haitiana”.
Luego de resolver este tremendo caso, a la Tremenda Corte Interamericana de los Derechos Humanos sólo le restaría nombrar un procónsul para que venga a dirigir en su nombre a la República Dominicana después de refundirla con Haití...
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