Solicitó Fiscalía le exija pagar RD$1 MM para reparar daños
SANTO DOMINGO. El inmigrante haitiano que demandó al país ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y que la Junta Central Electoral (JCE) acusó el martes de apoyarse en documentos falsos para sustentar su nacionalidad dominicana, usó esa identidad fraudulenta para declarar el nacimiento de tres personas, y votar en cinco de los últimos torneos electorales.
La querella presentada ante la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, por el presidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez, indica que el imputado William Medina Ferreras utilizó su cédula falsa para votar en los procesos electorales de los años 2002, 2006, 2008, 2010 y 2012.
"Que, además, utilizando esta cédula de identidad (019-0014832-9), el señor William Medina Ferreras, procedió a realizar las declaraciones de los inscritos Carolina Medina Pérez, Luis Ney Medina Pérez y Awilda Medina Pérez", indica la querella.
En octubre de 2013, Medina Ferreras, de 47 años, declaró ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que vivía en el fronterizo municipio Oviedo, en la provincia Pedernales, y que una madrugada, hace 14 años, llegaron a su casa militares y una supuesta funcionaria de Migración, y lo detuvieron, "acusado de haitiano".
Dijo que, pese a ser dominicano, fue repatriado a Haití, junto con su familia en el año 2000, teniendo que mendigar para sobrevivir en ese país.
Su caso pertenece al expediente conocido como "Tide Méndez y otros vs. República Dominicana" que se refiere a la expulsión de 27 personas, una acción tildada como muestra de discriminación racial en República Dominicana y alegadas violaciones a los derechos humanos durante redadas y repatriaciones masivas en la década de los 90.
El expediente presentado por la JCE señala la realización de indagatorias para verificar si se correspondían con la realidad los padres y hermanos citados por Medina Ferreras, resultando también una farsa.
La querella dice que el acta de nacimiento conseguida irregularmente por el imputado indica un registro en la Oficialía del Estado Civil de Cabral.
La JCE se constituyó en actor civil, y solicitó el martes a la Fiscalía del Distrito Nacional investigar al imputado y cualquier persona que resulte implicada, para ser sometidos a la justicia.
La institución exigió una reparación de daños y perjuicios, provisionalmente evaluada en un monto total de RD$1 millón, y la aplicación de las sanciones penales correspondientes.
Caso egipcios
El otro expediente depositado el martes por la JCE en la Fiscalía, referente a una denuncia de cuatro ciudadanos egipcios que se dedicaban a falsificar documentos de identidad, indica que Mohammad Shad, le entregó RD$7,500 a los nombrados Mohhamad Shamdu, Atif Khan y Sharooq Massad Syed, para la gestión de tres documentos de identidad.
Señala que dos de las actas falseadas indican un registro en Jánico y la restante en Santiago.
SANTO DOMINGO. El inmigrante haitiano que demandó al país ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y que la Junta Central Electoral (JCE) acusó el martes de apoyarse en documentos falsos para sustentar su nacionalidad dominicana, usó esa identidad fraudulenta para declarar el nacimiento de tres personas, y votar en cinco de los últimos torneos electorales.
La querella presentada ante la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, por el presidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez, indica que el imputado William Medina Ferreras utilizó su cédula falsa para votar en los procesos electorales de los años 2002, 2006, 2008, 2010 y 2012.
"Que, además, utilizando esta cédula de identidad (019-0014832-9), el señor William Medina Ferreras, procedió a realizar las declaraciones de los inscritos Carolina Medina Pérez, Luis Ney Medina Pérez y Awilda Medina Pérez", indica la querella.
En octubre de 2013, Medina Ferreras, de 47 años, declaró ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que vivía en el fronterizo municipio Oviedo, en la provincia Pedernales, y que una madrugada, hace 14 años, llegaron a su casa militares y una supuesta funcionaria de Migración, y lo detuvieron, "acusado de haitiano".
Dijo que, pese a ser dominicano, fue repatriado a Haití, junto con su familia en el año 2000, teniendo que mendigar para sobrevivir en ese país.
Su caso pertenece al expediente conocido como "Tide Méndez y otros vs. República Dominicana" que se refiere a la expulsión de 27 personas, una acción tildada como muestra de discriminación racial en República Dominicana y alegadas violaciones a los derechos humanos durante redadas y repatriaciones masivas en la década de los 90.
El expediente presentado por la JCE señala la realización de indagatorias para verificar si se correspondían con la realidad los padres y hermanos citados por Medina Ferreras, resultando también una farsa.
La querella dice que el acta de nacimiento conseguida irregularmente por el imputado indica un registro en la Oficialía del Estado Civil de Cabral.
La JCE se constituyó en actor civil, y solicitó el martes a la Fiscalía del Distrito Nacional investigar al imputado y cualquier persona que resulte implicada, para ser sometidos a la justicia.
La institución exigió una reparación de daños y perjuicios, provisionalmente evaluada en un monto total de RD$1 millón, y la aplicación de las sanciones penales correspondientes.
Caso egipcios
El otro expediente depositado el martes por la JCE en la Fiscalía, referente a una denuncia de cuatro ciudadanos egipcios que se dedicaban a falsificar documentos de identidad, indica que Mohammad Shad, le entregó RD$7,500 a los nombrados Mohhamad Shamdu, Atif Khan y Sharooq Massad Syed, para la gestión de tres documentos de identidad.
Señala que dos de las actas falseadas indican un registro en Jánico y la restante en Santiago.
Marzo 5, 2014 / Relacionado
CASO. SE HIZO PASAR COMO DOMINICANO EN AUDIENCIA DE CIDH EN MÉXICO
La Junta Central Electoral (JCE) se querelló ayer en contra de un señor que se hace llamar William Medina Ferreras, quien demandó al país ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en una audiencia celebrada en México en octubre pasado, y supuestamente se presentó como dominicano con documentos adulterados.
La querella con constitución en parte civil fue interpuesta por ante la fiscal del Distrito Nacional Yeni Berenice Reynoso, por el presidente de la JCE Roberto Rosario; el coordinador de Oficialías César Francisco Féliz; el consultor jurídico Alexis Dicló y el secretario general Hilario Espiñeira.
“En este caso hemos decidido apoderar a la fiscal ya que esta persona, según tenemos conocido, no tiene domicilio fijo en el país, para que ponga a funcionar la acción pública”, declaró.
Dijo que esta persona es acusada de falsificación de documentos en violación de varios artículos del Código Penal dominicano que establece sanciones y pena de prisión para los autores y cómplices de esta infracción.
Lo que ahora determinará la fiscal es si esta persona actuó solo o participaron más personas.
De su lado, la fiscal Berenice Reynoso aseguró que dará el curso correspondiente a la querella presentada en contra de Medina Ferreras, como se hace con cada uno de los expedientes que recibe el ministerio público.
Cuatro egipcios
Rosario también anunció que presentó una denuncia contra cuatro ciudadanos egipcios, quienes alegadamente se dedicaban a la adulteración y falsificación de documentos de identidad.
Los acusados son Mohammad Shad, Mohhamad Shandu, Atif Khan y Sharooq Massad Syed, quienes presuntamente cobraban entre 7,000 y 7,500 dólares. De acuerdo a la denuncia presentada ante el ministerio público, estas personas utilizaban documentos falsos e incluso tomaron el nombre de una persona que no correspondía, haciéndose pasar por un dominicano.
Dijo que en el caso específico de estos extranjeros, que se encuentran en el país, por su naturaleza “podrían tener otras implicaciones que podrían generar en situaciones propias de seguridad del Estado”. Tras ser preguntado si había implicado algún oficial civil, el presidente de la JCE dijo que eso lo determinará la investigación que haga el ministerio público, pero que ellos solamente se limitaron apoderar la denuncia.
“Nosotros no hemos procedido contra ningún oficial, porque nosotros no hemos llegado a descubrir que un oficial esté involucrado, hay muchas formas de adulterar un documento, puede ser adulterado con involucramiento físico de personal, pero puede ser que ni siquiera intervengan personas, y puede ser adulterado desde fuera”, acotó Rosario.
La querella con constitución en parte civil fue interpuesta por ante la fiscal del Distrito Nacional Yeni Berenice Reynoso, por el presidente de la JCE Roberto Rosario; el coordinador de Oficialías César Francisco Féliz; el consultor jurídico Alexis Dicló y el secretario general Hilario Espiñeira.
“En este caso hemos decidido apoderar a la fiscal ya que esta persona, según tenemos conocido, no tiene domicilio fijo en el país, para que ponga a funcionar la acción pública”, declaró.
Dijo que esta persona es acusada de falsificación de documentos en violación de varios artículos del Código Penal dominicano que establece sanciones y pena de prisión para los autores y cómplices de esta infracción.
Lo que ahora determinará la fiscal es si esta persona actuó solo o participaron más personas.
De su lado, la fiscal Berenice Reynoso aseguró que dará el curso correspondiente a la querella presentada en contra de Medina Ferreras, como se hace con cada uno de los expedientes que recibe el ministerio público.
Cuatro egipcios
Rosario también anunció que presentó una denuncia contra cuatro ciudadanos egipcios, quienes alegadamente se dedicaban a la adulteración y falsificación de documentos de identidad.
Los acusados son Mohammad Shad, Mohhamad Shandu, Atif Khan y Sharooq Massad Syed, quienes presuntamente cobraban entre 7,000 y 7,500 dólares. De acuerdo a la denuncia presentada ante el ministerio público, estas personas utilizaban documentos falsos e incluso tomaron el nombre de una persona que no correspondía, haciéndose pasar por un dominicano.
Dijo que en el caso específico de estos extranjeros, que se encuentran en el país, por su naturaleza “podrían tener otras implicaciones que podrían generar en situaciones propias de seguridad del Estado”. Tras ser preguntado si había implicado algún oficial civil, el presidente de la JCE dijo que eso lo determinará la investigación que haga el ministerio público, pero que ellos solamente se limitaron apoderar la denuncia.
“Nosotros no hemos procedido contra ningún oficial, porque nosotros no hemos llegado a descubrir que un oficial esté involucrado, hay muchas formas de adulterar un documento, puede ser adulterado con involucramiento físico de personal, pero puede ser que ni siquiera intervengan personas, y puede ser adulterado desde fuera”, acotó Rosario.
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