Abril 17, 2015
Ratifican prisión al exjefe de la Dican a un fiscal adjunto
Una jueza de la Cámara Penal de Corte de Apelación de la provincia Santo
Domingo dispuso hoy el mantenimiento en prisión del exjefe de la
Dirección Central Antinarcóticos de la Policía (Dican) y de un fiscal
adjunto acusados de la sustracción los 950 kilos de cocaína.
La magistrada Indira Montás ratificó la prisión preventiva dictada en contra del excoronel Carlos Fernández Valerio y del fiscal adjunto Máximo Antonio Díaz, alegando que ellos no cuentan con suficiente arraigo que pueda justificar una libertad pura y simple.
Asimismo, la magistrada fijó para el próximo 8 de mayo la revisión obligatoria de la medida de coerción dictada en contra de tres de los imputados, debido a que algunos de ellos no fueron representados por sus abogados, intimando a la fiscalía de la provincia presentar acusación en contra de los imputados.
Para el día 8 de mayo será la revisión obligatoria de la medida de coerción dictada contra Bárbaro Torres Beltrán, Pedro Almánzar González, Félix Umberto Paulino López.
También se informó que el ex fiscal Ramón Veras Castro y el mayor Luciano Gómez Cabrera desistieron de la revisión obligatoria de la medida de coerción.
Mientras eran trasladados del tribunal varios reclusos que esperaban en una celda el conocimiento de medidas de coerción y de juicio vociferaron ladrones y delincuentes a los implicados en el caso Dican.
La magistrada Indira Montás ratificó la prisión preventiva dictada en contra del excoronel Carlos Fernández Valerio y del fiscal adjunto Máximo Antonio Díaz, alegando que ellos no cuentan con suficiente arraigo que pueda justificar una libertad pura y simple.
Asimismo, la magistrada fijó para el próximo 8 de mayo la revisión obligatoria de la medida de coerción dictada en contra de tres de los imputados, debido a que algunos de ellos no fueron representados por sus abogados, intimando a la fiscalía de la provincia presentar acusación en contra de los imputados.
Para el día 8 de mayo será la revisión obligatoria de la medida de coerción dictada contra Bárbaro Torres Beltrán, Pedro Almánzar González, Félix Umberto Paulino López.
También se informó que el ex fiscal Ramón Veras Castro y el mayor Luciano Gómez Cabrera desistieron de la revisión obligatoria de la medida de coerción.
Mientras eran trasladados del tribunal varios reclusos que esperaban en una celda el conocimiento de medidas de coerción y de juicio vociferaron ladrones y delincuentes a los implicados en el caso Dican.
Marzo 4, 2015
Retiran y pensionan a oficiales del caso Dican
Santo Domingo
El Poder Ejecutivo colocó en situación de
“retiro forzoso” al exdirector de la Dirección Central de
Antinarcóticos (Dican) de la Policía Nacional, acusado en la sustracción
de 950 kilos de cocaína incautados en una residencia del sector
Isabelita, del municipio Santo Domingo Este.
Mediante oficio del jefe de la Policía, mayor general, Manuel Castro Castillo, el coronel Carlos Fernández Valerio, preso en la cárcel de Najayo, fue notificado de que fue puesto en retiro forzoso, con pensión, por antigüedad en el servicio. En la comunicación enviada al director central de servicios especializados de la institución, se establece que la disposición del Poder Ejecutivo era efectiva para el 12 de febrero pasado.
En esa misma situación de retiro forzoso se encuentra el mayor policial Ruddy José Japa Álvarez, quien fue arrestado e involucrado en el caso Dican. Empero, la jueza de instrucción especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo, Wendy Martínez Mejía, dispuso su libertad pura y simple, sin imposición de medida de coerción.
Por el caso guardan prisión además el jefe de Operaciones, teniente coronel Feliz Humberto Paulino López; los fiscales Máximo Díaz Ogando y Ramón Veras Castro; el mayor Luciano Gómez Cabrera; el teniente Bárbaro Torres Beltrán, el sargento Pedro José Almánzar y el cabo Agapito Muñoz Evangelista.
Mientras, se encuentran en libertad la raso Raidirys García Miranda y el sargento mayor Antolín de los Santos, a quienes la jueza Martínez Mejía les varió la prisión preventiva por presentación periódica e impedimento de salida del país, luego de arribar a un acuerdo con el ministerio público. La investigación se hizo ante solicitud del jefe de la Policía, Castro Castillo, en interés de determinar la supuesta desaparición de la droga.
Mediante oficio del jefe de la Policía, mayor general, Manuel Castro Castillo, el coronel Carlos Fernández Valerio, preso en la cárcel de Najayo, fue notificado de que fue puesto en retiro forzoso, con pensión, por antigüedad en el servicio. En la comunicación enviada al director central de servicios especializados de la institución, se establece que la disposición del Poder Ejecutivo era efectiva para el 12 de febrero pasado.
En esa misma situación de retiro forzoso se encuentra el mayor policial Ruddy José Japa Álvarez, quien fue arrestado e involucrado en el caso Dican. Empero, la jueza de instrucción especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo, Wendy Martínez Mejía, dispuso su libertad pura y simple, sin imposición de medida de coerción.
Por el caso guardan prisión además el jefe de Operaciones, teniente coronel Feliz Humberto Paulino López; los fiscales Máximo Díaz Ogando y Ramón Veras Castro; el mayor Luciano Gómez Cabrera; el teniente Bárbaro Torres Beltrán, el sargento Pedro José Almánzar y el cabo Agapito Muñoz Evangelista.
Mientras, se encuentran en libertad la raso Raidirys García Miranda y el sargento mayor Antolín de los Santos, a quienes la jueza Martínez Mejía les varió la prisión preventiva por presentación periódica e impedimento de salida del país, luego de arribar a un acuerdo con el ministerio público. La investigación se hizo ante solicitud del jefe de la Policía, Castro Castillo, en interés de determinar la supuesta desaparición de la droga.
Febrero 25, 2015
Dejan en libertad dos de los implicados en el caso DICAN
COMO PRODUCTO DE UN ACUERDO ARRIBADO CON EL MINISTERIO PÚBLICO
Dos de los implicados en el presunto robo de
casi mil kilos de cocaína por parte de miembros de la Dirección Central
Antinarcóticos de la Policía (DICAN), fueron dejados en libertad hoy
como producto de un acuerdo arribado con el ministerio público.
La jueza de instrucción especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, Wendy Martínez Mejía, varió las medidas de coerción a presentación periódica e impedimento de salida del país a la raso Raidirys García Miranda y al sargento mayor Antolín De los Santos. Ambos debían cumplir un año de prisión preventiva que la jueza Martínez había dictado ellos y otros siete de los once acusados en el caso.
Permanecen en prisión los fiscales Ramón Augusto Veras y Máximo Antonio Díaz Ogando. También, el ex director Antinarcóticos de la Policía, coronel Carlos Fernández Valerio; el ex jefe de operaciones de la DICAN, teniente coronel Humberto Paulino López; el mayor Luciano Gómez Cabrera; el primer teniente Bárbaro Gómez Cabrera; el cabo Agapito Muñoz Evangelista y el sargento Pedro Almánzar.
La jueza de instrucción especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, Wendy Martínez Mejía, varió las medidas de coerción a presentación periódica e impedimento de salida del país a la raso Raidirys García Miranda y al sargento mayor Antolín De los Santos. Ambos debían cumplir un año de prisión preventiva que la jueza Martínez había dictado ellos y otros siete de los once acusados en el caso.
Permanecen en prisión los fiscales Ramón Augusto Veras y Máximo Antonio Díaz Ogando. También, el ex director Antinarcóticos de la Policía, coronel Carlos Fernández Valerio; el ex jefe de operaciones de la DICAN, teniente coronel Humberto Paulino López; el mayor Luciano Gómez Cabrera; el primer teniente Bárbaro Gómez Cabrera; el cabo Agapito Muñoz Evangelista y el sargento Pedro Almánzar.
Febrero 7, 2015
Ratifica prisión preventiva en el caso Dican
Santo Domingo
Los jueces de la Cámara Penal de Corte de
Apelación de la provincia de Santo Domingo confirmaron ayer la prisión
preventiva contra nueve implicados en el caso del robo y venta de los
950 kilos de cocaína que había incautado la Dirección Central
Antinarcóticos de la Policía (DICAN).
El tribunal, presidido por el magistrado Manuel del Socorro Pérez García, Darío Gómez y José Rossó, tomaron la decisión tras rechazar varios recursos de apelación presentado por los imputados, a través de sus abogados.
En su sentencia, los jueces sostienen que no han variado los prepuestos que pueden justificar la variación de la prisión preventiva dictada en contra del grupo.
Se recuerda que el pasado 17 de enero, la magistrada Wendy Martínez Mejía, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de esa jurisdicción, quien fue designada como jueza de la instrucción, dictó un año de prisión preventiva en contra de los imputados, quienes se encuentran recluidos en la cárcel de Najayo y la cárcel del nuevo modelo de San Pedro de Macorís.
Los jueces mantuvieron en prisión al coronel Carlos Fernández Valerio, ex director del Dican y los fiscales Máximo Díaz Ogando y Ramón Veras Castro, tras acoger un pedimento presentado por el procurador de la corte de esa apelación Robert Rodríguez, quien entendía que se mantienen los mismo presupuestos que depositaron por ante el tribunal que le dicto la medida de coerción.
Asimismo, ratificó prisión contra el mayor Luciano Gómez Cabrera, el primer teniente Bárbaro Torres Beltrán, el cabo Agapito Muñoz Evangelista, la raso Raidirys García Miranda y el sargento Pedro Almánzar González. En tanto, fue aplazado para el próximo viernes el conocimiento un recurso de apelación interpuesto por el teniente coronel Feliz Humberto Paulino López.
El tribunal, presidido por el magistrado Manuel del Socorro Pérez García, Darío Gómez y José Rossó, tomaron la decisión tras rechazar varios recursos de apelación presentado por los imputados, a través de sus abogados.
En su sentencia, los jueces sostienen que no han variado los prepuestos que pueden justificar la variación de la prisión preventiva dictada en contra del grupo.
Se recuerda que el pasado 17 de enero, la magistrada Wendy Martínez Mejía, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de esa jurisdicción, quien fue designada como jueza de la instrucción, dictó un año de prisión preventiva en contra de los imputados, quienes se encuentran recluidos en la cárcel de Najayo y la cárcel del nuevo modelo de San Pedro de Macorís.
Los jueces mantuvieron en prisión al coronel Carlos Fernández Valerio, ex director del Dican y los fiscales Máximo Díaz Ogando y Ramón Veras Castro, tras acoger un pedimento presentado por el procurador de la corte de esa apelación Robert Rodríguez, quien entendía que se mantienen los mismo presupuestos que depositaron por ante el tribunal que le dicto la medida de coerción.
Asimismo, ratificó prisión contra el mayor Luciano Gómez Cabrera, el primer teniente Bárbaro Torres Beltrán, el cabo Agapito Muñoz Evangelista, la raso Raidirys García Miranda y el sargento Pedro Almánzar González. En tanto, fue aplazado para el próximo viernes el conocimiento un recurso de apelación interpuesto por el teniente coronel Feliz Humberto Paulino López.
Enero 24, 2015
Disponen cancelar oficiales involucrados en caso Dican
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Santo Domingo
M ientras los tribunales de justicia procesan a
policías y fiscales adjuntos, como blancos en una acusación por
contubernio para consumar el robo de 960 kilos de cocaína incautada en
una operación a cargo de la Dirección Central de Antinarcóticos (Dican),
el Consejo Superior Policial ha recomendado la cancelación y retiro
forzoso de más de 25 de sus miembros, entre estos varios agentes
implicados en el caso.
La decisión adoptada por la cúpula del ente policial, en medio de los trajines legales que al final habrá de conducir a condenas o absolución de o parte de los inculpados, ya fue comunicada al Poder Ejecutivo, que tendrá la decisión final al respecto.
Entretanto, a medida que avanza el proceso afloran nuevos elementos del espinoso caso. Ahora se supo que en la residencia del sector La Isabelita, allanada el 27 de septiembre de 2014 por fiscales y agentes de la Dican, fue sometida a una experticia, que habría determinado que allí se encontró trazas de sustancia controlada.
Esto, precisamente, consta en la solicitud de medida de coerción presentada contra dos fiscales, oficiales, superiores y alistados enviados a prisión preventiva por la jueza Wendy Martínez Mejía, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo.
Por esto están en prisión el exdirector de la Dican, coronel Carlos Fernández Valerio; el jefe de Operaciones, teniente coronel Feliz Humberto Paulino López; el fiscal Máximo Díaz Ogando; el fiscal Ramón Veras Castro; el mayor Luciano Gómez Cabrera; el teniente Bárbaro Torres Beltrán; el sargento mayor Antolín de los Santos; el sargento Pedro José Almánzar; el cabo Agapito Muñoz Evangelista, y la raso Raidirys García Miranda.
En la experticia consta que en la casa ubicada en calle 8. No.78, del residencial Michel, residencial Isabelita II, del municipio de Santo Domingo Este, detectó presencia de traza de cocaína en la sala y las tres habitaciones de la casa.
La resolución de la medida de coerción establece que el hecho imputado a los involucrados se produjo porque fueron devueltos bienes cuantiosos producto de esa operación y las irregularidades en el acta de allanamiento cuestionados. Tras el escándalo en la Dican, se reveló que la mayoría de los miembros ahora en prisión había sido expulsada de la DNCD.
También salió a relucir que el coronel Fernández Valerio fue cancelado de la institución anteriormente, por alegadamente haber participado, junto a agentes de Investigaciones Criminales, en un operativo donde un “reconocido delincuente” fue muerto.
Esta versión fue confirmada ayer por el jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo, quien dijo que Valerio fue puesto a disposición de la justicia, luego descargado y, al final, reintegrado al cuerpo policial, como establece la ley.
PEDIMENTO PARA UNA INVESTIGACIÓN A FONDO
La investigación se hizo ante una solicitud del jefe de la Policía, el mayor general Manuel Castro Castillo, en interés de determinar la supuesta desaparición de una cantidad de sustancia controlada, en ese momento no determinada, en la que se presumía estaban implicados personal del ministerio público y del cuerpo del orden.
La comisión investigadora determinó que la sustancia sustraída durante la operación fue utilizada para el pago de complicidad y silencio de todos los involucrados, tanto para rangos policiales clave como para miembros del ministerio público.
La Comisión, presidida por el procurador adjunto, Bolívar Sánchez, estableció, además, que la distribución de los 950 kilos de cocaína se realizó de la siguiente manera: 250 kilos para los representantes del ministerio público, que ahora están bajo.
((LOS IMPLICADOS
CARLOS FERNÁNDEZ VALERIO
Coronel
Exdirector de la Dican. Se le acusa de dar instrucciones para la sustracción de la droga de la casa allanada.
FÉLIX PAULINO LÓPEZ
Teniente coronel
Director de Operaciones de la Dican. Acusado de haber dirigido el operativo en el que fueron robados los 950 kilos de cocaína.
MÁXIMO DÍAZ OGANDO
Fiscal Adjunto
Está acusado de llenar un acta de allanamiento falso y de quedarse con parte de la droga incautada.
RAMÓN VERAS CASTRO
Fiscal Adjunto
Se le acusa de bajar los bultos que contenía la droga y de introducir parte del material en un vehículo en el que viajaba.
LUCIANO GÓMEZ CABRERA
Mayor
Se le acusa de participar en el allanamiento, aunque éste alega que no entró y que se quedó en el perímetro.
ANTOLÍN DE LOS SANTOS ZABALA
Sargento mayor
Está acusado de acompañar Capitán al jefe de Operaciones a la residencia del coronel Fernández Valerio.
BÁRBARO TORRES BELTRÁN
Capitán
Se le acusa de participar en el operativo y de recibir medio millón de pesos en una caja de Whisky .
AGAPITO M. EVANGELISTA
Cabo
Se le acusa de participar en el operativo y de tener la función de guardar el perímetro fuera del área.
RAIDIRYS G. MIRANDA
Cabo
Se le acusa de participar en el allanamiento y de recibir de parte de Paulino López, tres millones de pesos.
PEDRO A. GONZÁLEZ
Sargento
Acusado de participar y de quedarse en el vehículo, para vigilar, en caso de que alguien llegara durante el allanamiento.
ACTA FALSA
Las actas de allanamiento habrían sido completadas, supuestamente, con informaciones falsas. No se hizo el reporte ni entregada a la cadena de custodia, como es de rigor en el procedimiento.
DESVIAR PESQUISA
En el acta levantado se indica que los policías pertenecen a la DNCD y no a la DICAN. El objetivo era desvirtuar cualquier investigación.
La decisión adoptada por la cúpula del ente policial, en medio de los trajines legales que al final habrá de conducir a condenas o absolución de o parte de los inculpados, ya fue comunicada al Poder Ejecutivo, que tendrá la decisión final al respecto.
Entretanto, a medida que avanza el proceso afloran nuevos elementos del espinoso caso. Ahora se supo que en la residencia del sector La Isabelita, allanada el 27 de septiembre de 2014 por fiscales y agentes de la Dican, fue sometida a una experticia, que habría determinado que allí se encontró trazas de sustancia controlada.
Esto, precisamente, consta en la solicitud de medida de coerción presentada contra dos fiscales, oficiales, superiores y alistados enviados a prisión preventiva por la jueza Wendy Martínez Mejía, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo.
Por esto están en prisión el exdirector de la Dican, coronel Carlos Fernández Valerio; el jefe de Operaciones, teniente coronel Feliz Humberto Paulino López; el fiscal Máximo Díaz Ogando; el fiscal Ramón Veras Castro; el mayor Luciano Gómez Cabrera; el teniente Bárbaro Torres Beltrán; el sargento mayor Antolín de los Santos; el sargento Pedro José Almánzar; el cabo Agapito Muñoz Evangelista, y la raso Raidirys García Miranda.
En la experticia consta que en la casa ubicada en calle 8. No.78, del residencial Michel, residencial Isabelita II, del municipio de Santo Domingo Este, detectó presencia de traza de cocaína en la sala y las tres habitaciones de la casa.
La resolución de la medida de coerción establece que el hecho imputado a los involucrados se produjo porque fueron devueltos bienes cuantiosos producto de esa operación y las irregularidades en el acta de allanamiento cuestionados. Tras el escándalo en la Dican, se reveló que la mayoría de los miembros ahora en prisión había sido expulsada de la DNCD.
También salió a relucir que el coronel Fernández Valerio fue cancelado de la institución anteriormente, por alegadamente haber participado, junto a agentes de Investigaciones Criminales, en un operativo donde un “reconocido delincuente” fue muerto.
Esta versión fue confirmada ayer por el jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo, quien dijo que Valerio fue puesto a disposición de la justicia, luego descargado y, al final, reintegrado al cuerpo policial, como establece la ley.
PEDIMENTO PARA UNA INVESTIGACIÓN A FONDO
La investigación se hizo ante una solicitud del jefe de la Policía, el mayor general Manuel Castro Castillo, en interés de determinar la supuesta desaparición de una cantidad de sustancia controlada, en ese momento no determinada, en la que se presumía estaban implicados personal del ministerio público y del cuerpo del orden.
La comisión investigadora determinó que la sustancia sustraída durante la operación fue utilizada para el pago de complicidad y silencio de todos los involucrados, tanto para rangos policiales clave como para miembros del ministerio público.
La Comisión, presidida por el procurador adjunto, Bolívar Sánchez, estableció, además, que la distribución de los 950 kilos de cocaína se realizó de la siguiente manera: 250 kilos para los representantes del ministerio público, que ahora están bajo.
((LOS IMPLICADOS
CARLOS FERNÁNDEZ VALERIO
Coronel
Exdirector de la Dican. Se le acusa de dar instrucciones para la sustracción de la droga de la casa allanada.
FÉLIX PAULINO LÓPEZ
Teniente coronel
Director de Operaciones de la Dican. Acusado de haber dirigido el operativo en el que fueron robados los 950 kilos de cocaína.
MÁXIMO DÍAZ OGANDO
Fiscal Adjunto
Está acusado de llenar un acta de allanamiento falso y de quedarse con parte de la droga incautada.
RAMÓN VERAS CASTRO
Fiscal Adjunto
Se le acusa de bajar los bultos que contenía la droga y de introducir parte del material en un vehículo en el que viajaba.
LUCIANO GÓMEZ CABRERA
Mayor
Se le acusa de participar en el allanamiento, aunque éste alega que no entró y que se quedó en el perímetro.
ANTOLÍN DE LOS SANTOS ZABALA
Sargento mayor
Está acusado de acompañar Capitán al jefe de Operaciones a la residencia del coronel Fernández Valerio.
BÁRBARO TORRES BELTRÁN
Capitán
Se le acusa de participar en el operativo y de recibir medio millón de pesos en una caja de Whisky .
AGAPITO M. EVANGELISTA
Cabo
Se le acusa de participar en el operativo y de tener la función de guardar el perímetro fuera del área.
RAIDIRYS G. MIRANDA
Cabo
Se le acusa de participar en el allanamiento y de recibir de parte de Paulino López, tres millones de pesos.
PEDRO A. GONZÁLEZ
Sargento
Acusado de participar y de quedarse en el vehículo, para vigilar, en caso de que alguien llegara durante el allanamiento.
ACTA FALSA
Las actas de allanamiento habrían sido completadas, supuestamente, con informaciones falsas. No se hizo el reporte ni entregada a la cadena de custodia, como es de rigor en el procedimiento.
DESVIAR PESQUISA
En el acta levantado se indica que los policías pertenecen a la DNCD y no a la DICAN. El objetivo era desvirtuar cualquier investigación.
Enero 23, 2015
Ex director de la Dican había sido cancelado anteriormente por la muerte de un civil
FERNÁNDEZ VALERIO CUMPLE UN AÑO DE PRISIÓN EN LA
CÁRCEL DE LA VICTORIA POR EL ROBO DE CASI MIL KILOS DE COCAÍNA EN LA
DICAN
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vONrj5BLBygS_LR6usujC70_3W12nAzf9MpyjqxaDDY5Hv1ODs4uNzETCG3rDnvUJ1w6JLdK423GSdQhEd9XK7gVAe9Y3HcAfb9_jCnAw8dYIEILEeLkavOrLbgFdV0iQRtuY_xYZtC8wdNRtuagp74btmIx70whpFma-1XxqDFa-zwbgOl1ad=s0-d)
Santo Domingo
El jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo,
confirmó hoy que el ex director de la Dirección Central Antinarcóticos
de la Policía Nacional (Dican), coronel Carlos Fernández Valerio, había
sido cancelado de la institución anteriormente.
De acuerdo con el jefe policial, Fernández Valerio era miembro del área de investigación criminal y participó junto a otros agentes en un operativo de esa entidad, donde un “reconocido delincuente” resultó muerto.
“El delincuente resultó muerto y Fernández Valerio fue puesto a disposición de la justicia. Posteriormente, fue descargado en ese mismo caso y fue reintegrado a la institución policial como lo establece la ley”, explicó Castro Castillo.
Fernández Valerio cumple un año de prisión en la cárcel de La Victoria, junto a ocho implicados en el robo de casi mil kilos de cocaína en la Dican.
De acuerdo con el jefe policial, Fernández Valerio era miembro del área de investigación criminal y participó junto a otros agentes en un operativo de esa entidad, donde un “reconocido delincuente” resultó muerto.
“El delincuente resultó muerto y Fernández Valerio fue puesto a disposición de la justicia. Posteriormente, fue descargado en ese mismo caso y fue reintegrado a la institución policial como lo establece la ley”, explicó Castro Castillo.
Fernández Valerio cumple un año de prisión en la cárcel de La Victoria, junto a ocho implicados en el robo de casi mil kilos de cocaína en la Dican.
Enero 22, 2015
Otros 3 policías de la Dican niegan nexos en robo drogas
Santo Domingo
Un mayor, un sargento y un cabo de la Dirección
Central Antinarcóticos de la Policía (Dican) rechazaron ayer que hayan
participado en la sustracción de 950 kilos de cocaína en un allanamiento
practicado en una residencia del sector Isabelita, del municipio Santo
Domingo Este.
Sin embargo, el mayor Luciano Gómez Cabrera, el sargento Pedro José Almánzar González y el cabo Agapito Muñoz Evangelista, admitieron que participaron en el operativo, pero que las imputaciones del ministerio público carecen de fundamento.
Manifestaron que en ningún momento se encontró droga en ese allanamiento, como asegurara el ministerio público, y que luego fuera repartida para venderla en el mercado local. Recordaron que no les ha sido encontrado nada comprometedor.
Se recuerda que el grupo fue enviado a prisión por la jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, Wendy Martínez Mejía, tras acoger una solicitud de medida de coerción presentada por el Procurador de la Corte de esa jurisdicción.
El mayor Gómez Cabrera dijo que fue al lugar a darle apoyo al fiscal adjunto, Ramón Veras Castro, quien también fue enviado a prisión. Indicó que el equipo que brinda apoyo, entra, neutraliza y verifica que no haya peligro.
“De un momento a otro me citan un mes después y mi nombre en los medios de comunicación; mi participación era realizar unas actuaciones en donde se había hecho una inteligencia previa”, agregó Gómez Cabrera en declaraciones emitidas en el tribunal.
Sin embargo, el mayor Luciano Gómez Cabrera, el sargento Pedro José Almánzar González y el cabo Agapito Muñoz Evangelista, admitieron que participaron en el operativo, pero que las imputaciones del ministerio público carecen de fundamento.
Manifestaron que en ningún momento se encontró droga en ese allanamiento, como asegurara el ministerio público, y que luego fuera repartida para venderla en el mercado local. Recordaron que no les ha sido encontrado nada comprometedor.
Se recuerda que el grupo fue enviado a prisión por la jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, Wendy Martínez Mejía, tras acoger una solicitud de medida de coerción presentada por el Procurador de la Corte de esa jurisdicción.
El mayor Gómez Cabrera dijo que fue al lugar a darle apoyo al fiscal adjunto, Ramón Veras Castro, quien también fue enviado a prisión. Indicó que el equipo que brinda apoyo, entra, neutraliza y verifica que no haya peligro.
“De un momento a otro me citan un mes después y mi nombre en los medios de comunicación; mi participación era realizar unas actuaciones en donde se había hecho una inteligencia previa”, agregó Gómez Cabrera en declaraciones emitidas en el tribunal.
Enero 20, 2015
EL APARTAMENTO, NÚMERO 901, ESTÁ UBICADO EN LA AVENIDA MÉXICO EN LA TORRE VILLA PALMERA
Autoridades de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos
realizan un allanamiento en el apartamento del coronel Carlos Fernández
Valerio, exdirector de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía
Nacional (Dican), quien además cumple un año de prisión preventiva por
el robo de casi mil kilos de cocaína en esa entidad.El apartamento, número 901, está ubicado en la avenida México en la torre Villa Palmera.
A su salida de la torre residencial, el abogado de Fernández Valerio, Luis Aybar, confirmó que el allanamiento lo realiza Antilavado y reiteró que apelará el fallo de prisión preventiva que le dictaron a su defendido.
En las afueras de la torre, los periodistas esperan por las autoridades para que ofrezcan detalles sobre el allanamiento.
Fernández Valerio cumple un año de prisión en la cárcel de La Victoria, junto a ocho más implicados en el robo; mientras una raso de la Policía, fue enviada a la cárcel de Najayo Mujeres.
Enero 19, 2015
Procuraduría solicita garantía económica y presentación periódica contra oficial vinculado al caso DICAN
LA MEDIDA DE COERCIÓN PENDIENTE CONTRA EL CAPITÁN
CARLOS AMÉZQUITA REYNOSO, QUIEN SE ENCUENTRA PRÓFUGO, NO HA PODIDO SER
CONOCIDA
La Procuraduría de la Corte de Apelación de la provincia de Santo
Domingo solicitó esta tarde medida de coerción consistente en garantía
económica, impedimento de salida y presentación periódica en contra de
un capitán involucrado en la sustracción de 950 kilos de cocaína en la
Dirección Central Antinarcóticos (DICAN).
El procurador de la corte, Robert Domínguez, hizo el pedimento en contra del capitán Ruddy José Japa Álvarez, por ante la jueza de la Cámara penal de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, Wendy Martínez Mejía.
El pedimento del Ministerio Público se produce luego de variar su dictamen de prisión preventiva en contra de Japa Álvarez, luego de que los abogados del imputado le advirtieran al tribunal que se le había vencido el plazo de 48 horas que establece la Constitución para someter o dejar en libertad a una persona.
El abogado del imputado Rigoberto Rosario dijo que su defendido fue detenido el martes de la semana pasada después de las 6:00 de la tarde y que la medida de coerción consistente en prisión preventiva fue solicitada el jueves una hora después de vencido el plazo.
Mientras que la medida de coerción pendiente contra el capitán Carlos Amézquita Reynoso no ha podido ser conocida, debido a que la procuraduría solicitó la medida con él en libertad y hasta el momento no ha sido apresado, no obstante haber una orden de arresto en su contra, por lo que las autoridades activan su persecución.
El procurador de la corte, Robert Domínguez, hizo el pedimento en contra del capitán Ruddy José Japa Álvarez, por ante la jueza de la Cámara penal de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, Wendy Martínez Mejía.
El pedimento del Ministerio Público se produce luego de variar su dictamen de prisión preventiva en contra de Japa Álvarez, luego de que los abogados del imputado le advirtieran al tribunal que se le había vencido el plazo de 48 horas que establece la Constitución para someter o dejar en libertad a una persona.
El abogado del imputado Rigoberto Rosario dijo que su defendido fue detenido el martes de la semana pasada después de las 6:00 de la tarde y que la medida de coerción consistente en prisión preventiva fue solicitada el jueves una hora después de vencido el plazo.
Mientras que la medida de coerción pendiente contra el capitán Carlos Amézquita Reynoso no ha podido ser conocida, debido a que la procuraduría solicitó la medida con él en libertad y hasta el momento no ha sido apresado, no obstante haber una orden de arresto en su contra, por lo que las autoridades activan su persecución.
ENERO 17, 2015
LA MAGISTRADA EMITIÓ SU VEREDICTO PASADA LA 1:00 DE LA MADRUGADA
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vsBHfUP6ssprREHP_b5i6s_FZ8Y8IJREmapUmRIyKeFSQq4aFsz8yj3Di2m6zl--REY9F3Je5LjEjmWIjdHHLZ-VQwvlNDPAnjzXPMb02cNzM6W0xPOslZ-bWroeYWgek9nHFJFMSp9efNGy2UhzfN5PWHox7VL9PBxXpk3vCbbeu0fkhF7gSX=s0-d)
La jueza de la Cámara Penal de la provincia
Santo Domingo, Wendy Martínez Mejía, impuso esta madrugada un año de
prisión como medida de coerción a nueve de los implicados en el robo de
950 kilos de droga en la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía
Nacional (Dican), incluido el director, el jefe de operaciones, dos
fiscales adjuntos y oficiales, alistados y subalternos.Los ocho hombres fueron enviados a cumplir la pena en la cárcel de La Victoria, mientras una raso de la Policía, fue enviada a la cárcel de Najayo Mujeres.
La medida de coerción fue dictada en contra de los fiscales Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro; el director de la Dican, coronel Carlos Fernández Valerio, y el jefe de operaciones, teniente coronel Feliz Humberto Paulino López, así como el mayor Luciano Gómez Cabrera, el primer teniente Bárbaro Torrez Beltrán, el cabo Agapito Muñoz Evangelista, la raso Raidirys García Miranda y el sargento Pedro Almánzar González. La jueza Martínez Mejía acogió el pedimento del ministerio público, representado por el magistrado Robert Rodríguez, quien no presentó cargos ayer en contra del mayor Carlos Amézquita Reinoso, el que tampoco fue llevado a la sala de audiencias, mientras que el caso del oficial Ruddy Japa fue dejado para el lunes a las 5:00 de la tarde.
Los debates
De inmediato el abogado defensor Alexander Suero, representante de Luciano Gómez Cabrera, dijo que recurrirá en apelación la decisión de la magistrada, debido a que había validado sin las pruebas sufiencientes la acusación del ministerio público.
Después de más de 10 horas de conocer el caso y escuchar los alegatos de las partes, la magistrada Martínez Mejía se retiró a deliberar a las 6:50 de la tarde y dio a conocer su veredicto pasada la 1:00 de la madrugada.
Algunos de los abogados de los imputados habían pedido la libertad pura y simple de sus clientes por alegar su inocencia y otros demandaban su libertad porque entienden que pasaron las 48 horas para ser presentados ante un juez.
El caso se conoció bajo estrictas medidas de seguridad, las cuales fueron reforzadas en el Palacio de Justicia, con cordón de agentes en la parte trasera del edificio, por donde iban a ser sacados los impu- tados. La audiencia, que inició a las 10:00 de la mañana, fue recesada pocos minutos después, porque uno los imputados no tenía abogado y otro no había sido llevado al tribunal. Se reanudó próximo a las 11:00 de la mañana, cuando el ministerio público empezó a presentar sus argumentos, siendo aplazada 45 minutos después hasta las 2:00 de la tarde, para que el ministerio público entregara a la defensa de los imputados la solicitud de medida de coerción y los medios de prueba, siendo continuada a esa hora, dando la oportunidad a los abogados de los acusados para que presenten sus argumentos.
PROCURADOR DICE QUE LAS PRUEBAS ESTÁN AHÍ
El procurador general, Francisco Domínguez Brito, advirtió ayer que las pruebas que incriminan a los involucrados en la sustracción de 950 kilos de drogas de la Dican están ahí, por lo que asegura que no hay motivos para descargar a los acusados. “Ahí están todas las pruebas, los testimonios, todo, cómo ocurrió la operación, si alguien quiere descargar a alguien no es por falta de pruebas, será por otra razones. Ahora sí, yo advierto, si no somos duros con este tipo de situación, si no somos intolerantes con este tipo de complicidades, si no actuamos como tenemos que hacer, no vamos a romper esta cultura que muchas veces se da, de complicidad”, dijo.
Domínguez Brito declaró que en el país hay que abrir una guerra dura contra las complicidades que durante décadas han surgido en algunas instituciones y que involucran a quienes deben defender los intereses del pueblo. “El caso de la Dican es uno de los casos más serios y que más atención le prestamos. El crimen aliado, a quien debió perseguir el crimen, por eso esos oficiales y todo el que participó es una vergu¨enza para el país, es una vergu¨enza para todas las instituciones”, manifestó.
El jefe del ministerio público habló tras participar en el Foro Diplomacia Dominicana, en la Cancillería, que concluyó ayer.
Enero 16, 2015
Aplazan para las 2 de la tarde conocimiento coerción involucrados caso DICAN
MIENTRAS QUE OTROS DE LOS IMPLICADOS SE ENTREGÓ HOY Y SE DESVINCULÓ DEL HECHO
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Santo Domingo
La jueza de la Cámara Penal de la provincia Santo Domingo, Wendy
Martínez Mejía, aplazó para las 2:00 de la tarde el conocimiento de la
medidas de coerción contra once involucrados en la sustracción de 950
kilos de droga en la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía
Nacional (Dican), incluido el director, el jefe de operaciones, dos
fiscales adjuntos y otros siete oficiales, alistados y subalternos.
La magistrada adoptó la decisión para que el ministerio Público entregue a la defensa de los imputados la acusación y los medios de prueba en su contra.
La audiencia comenzó alrededor de las 10:00, pero se otorgó un receso porque uno de los imputados no tenía abogado y otro no había llegado abogados. Luego la jueza reanudó la audiencia próxima a las 11:00 de la mañana y la aplazó 45 minutos más tarde.
Uno de los involucrados en el caso se presentó en la fiscalía de la provincia Santo Domingo donde anunció que se entregará ante la Procuraduría General de la República.
Se trata del primer teniente de la policía William Ruddy Rosario Guerrero, quien se desvinculó del hecho y acudió junto a su abogado y hermano Rigoberto Rosario, quien dijo que de ahí iban para la Procuraduría General de la República.
Rosario Guerrero dijo que de los arrestados solo conoce a Ruddy José Japa Álvarez y precisamente éste presentó un recurso de habeas corpus pidiendo su libertad, por considerar que su prisión es ilegal.
Este viernes hay amplias medidas de seguridad en el Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo.
El ministerio público pidió un año de prisión preventiva en contra de los fiscales Díaz Ogando y Veras Castro, el director de la Dican, coronel Carlos Fernández Valerio, y el jefe de operaciones, teniente coronel Feliz Humberto Paulino López.
La medida incluye al mayor Luciano Gómez Cabrera, mayor Carlos Amézquita Reinoso; el primer teniente Bárbaro Torrez Beltrán, el cabo Agapito Muñoz Evangelista, la raso Raidirys García Miranda y el sargento Pedro Almánzar González.
La magistrada adoptó la decisión para que el ministerio Público entregue a la defensa de los imputados la acusación y los medios de prueba en su contra.
La audiencia comenzó alrededor de las 10:00, pero se otorgó un receso porque uno de los imputados no tenía abogado y otro no había llegado abogados. Luego la jueza reanudó la audiencia próxima a las 11:00 de la mañana y la aplazó 45 minutos más tarde.
Uno de los involucrados en el caso se presentó en la fiscalía de la provincia Santo Domingo donde anunció que se entregará ante la Procuraduría General de la República.
Se trata del primer teniente de la policía William Ruddy Rosario Guerrero, quien se desvinculó del hecho y acudió junto a su abogado y hermano Rigoberto Rosario, quien dijo que de ahí iban para la Procuraduría General de la República.
Rosario Guerrero dijo que de los arrestados solo conoce a Ruddy José Japa Álvarez y precisamente éste presentó un recurso de habeas corpus pidiendo su libertad, por considerar que su prisión es ilegal.
Este viernes hay amplias medidas de seguridad en el Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo.
El ministerio público pidió un año de prisión preventiva en contra de los fiscales Díaz Ogando y Veras Castro, el director de la Dican, coronel Carlos Fernández Valerio, y el jefe de operaciones, teniente coronel Feliz Humberto Paulino López.
La medida incluye al mayor Luciano Gómez Cabrera, mayor Carlos Amézquita Reinoso; el primer teniente Bárbaro Torrez Beltrán, el cabo Agapito Muñoz Evangelista, la raso Raidirys García Miranda y el sargento Pedro Almánzar González.
Fiscales realizaron fraude para lograr un allanamiento
Santo Domingo
Los fiscales adjuntos acusados en el caso Dican
utilizaron una maniobra fraudulenta para la obtención de la
autorización del juez la instrucción que les permitió realizar el
allanamiento, en la casa de donde se sustrajeron 950 kilos de cocaína.
De acuerdo a la solicitud de medida de coerción, los fiscales adjuntos Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro, para solicitar el allanamiento lo hicieron a nombre del también fiscal Leonidas Suárez, la que firmaron de orden y ejecutaron sin que éste diera el consentimiento.
Asimismo, la jueza de la Cámara Penal de la provincia Santo Domingo decidirá hoy viernes si dicta prisión preventiva o no en contra de los once implicados en el caso de sustracción de drogas de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional (Dican), incluido el director, el jefe de operaciones, los dos fiscales adjuntos y otros siete oficiales, alistados y subalternos.
La magistrada Wendy Martínez Mejía fijó para las 9:00 de la mañana la solicitud de la medida de coerción, consistente en un año de prisión preventiva presentada por el ministerio público en contra de los fiscales Díaz Ogando y Veras Castro, el director de la Dican, coronel Carlos Fernández Valerio, y el jefe de operaciones, teniente coronel Feliz Humberto Paulino López.
La medida incluye al mayor Luciano Gómez Cabrera, mayor Carlos Amézquita Reinoso; el primer teniente Bárbaro Torrez Beltrán, el cabo Agapito Muñoz Evangelista, la raso Raidirys García Miranda y el sargento Pedro Almánzar González.
La solicitud fue presentada por el procurador de la Corte de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, Eduard Robel Rodríguez Mendoza y Jeremías Nova Fabián, procurador general adjunto de la Corte de Apelación, adscrito a la Inspectoría General del Ministerio Público.
Señala que el 27 de septiembre pasado, los fiscales en compañía del jefe de operaciones de la Dican, y los demás miembros, practicaron un allanamiento en la calle 8 número 78, Residencial Michel, del ensanche Isabelita II, del municipio SDE. Una vez dentro, Paulino López dejó con los fiscales a los miembros del equipo, junto al sargento mayor De los Santos Zabala y se trasladó a la avenida México, estacionado el vehículo frente a la lavandería Royal.
De acuerdo a la solicitud de medida de coerción, los fiscales adjuntos Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro, para solicitar el allanamiento lo hicieron a nombre del también fiscal Leonidas Suárez, la que firmaron de orden y ejecutaron sin que éste diera el consentimiento.
Asimismo, la jueza de la Cámara Penal de la provincia Santo Domingo decidirá hoy viernes si dicta prisión preventiva o no en contra de los once implicados en el caso de sustracción de drogas de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional (Dican), incluido el director, el jefe de operaciones, los dos fiscales adjuntos y otros siete oficiales, alistados y subalternos.
La magistrada Wendy Martínez Mejía fijó para las 9:00 de la mañana la solicitud de la medida de coerción, consistente en un año de prisión preventiva presentada por el ministerio público en contra de los fiscales Díaz Ogando y Veras Castro, el director de la Dican, coronel Carlos Fernández Valerio, y el jefe de operaciones, teniente coronel Feliz Humberto Paulino López.
La medida incluye al mayor Luciano Gómez Cabrera, mayor Carlos Amézquita Reinoso; el primer teniente Bárbaro Torrez Beltrán, el cabo Agapito Muñoz Evangelista, la raso Raidirys García Miranda y el sargento Pedro Almánzar González.
La solicitud fue presentada por el procurador de la Corte de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, Eduard Robel Rodríguez Mendoza y Jeremías Nova Fabián, procurador general adjunto de la Corte de Apelación, adscrito a la Inspectoría General del Ministerio Público.
Señala que el 27 de septiembre pasado, los fiscales en compañía del jefe de operaciones de la Dican, y los demás miembros, practicaron un allanamiento en la calle 8 número 78, Residencial Michel, del ensanche Isabelita II, del municipio SDE. Una vez dentro, Paulino López dejó con los fiscales a los miembros del equipo, junto al sargento mayor De los Santos Zabala y se trasladó a la avenida México, estacionado el vehículo frente a la lavandería Royal.
Se entregan un sargento y un cabo vinculados al caso Dican; se declaran inocentes
SE TRATA DEL CABO AGAPITO MUÑOZ EVANGELISTA Y EL SARGENTO PEDRO JOSÉ ALMÁNZAR GONZÁLEZ
Santo Domingo
Un cabo y un sargento de la Policía vinculados a la sustracción de 950
kilos de cocaína en de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía
(DICAN), se entregaron por ante procurador de Corte de Apelación de la
Provincia Santo Domingo.
El cabo Agapito Muñoz Evangelista y el sargento Pedro José Almánzar González acudieron en compañía de sus abogados Leonardo Almonte y Rafael Ruiz. De inmediato fueron conducidos al despacho del Procurador de la Corte, Robert Domínguez.
Los abogados del cabo y el sargento alegan que estos participaron en el operativo realizado el 27 de septiembre pasado, en una residencia del Ensanche Isabelita donde se ocupó la droga, pero que no entraron al interior de la vivienda, sino que se mantuvieron afuera.
Sostienen que no se explican por qué mencionan a sus clientes si estos no participación en la misma y que demostrarán su inocencia en los tribunales.
En tanto que familiares de ambos imputados señalan que estos son inocentes y que busquen a los verdaderos culpables.
El cabo Agapito Muñoz Evangelista y el sargento Pedro José Almánzar González acudieron en compañía de sus abogados Leonardo Almonte y Rafael Ruiz. De inmediato fueron conducidos al despacho del Procurador de la Corte, Robert Domínguez.
Los abogados del cabo y el sargento alegan que estos participaron en el operativo realizado el 27 de septiembre pasado, en una residencia del Ensanche Isabelita donde se ocupó la droga, pero que no entraron al interior de la vivienda, sino que se mantuvieron afuera.
Sostienen que no se explican por qué mencionan a sus clientes si estos no participación en la misma y que demostrarán su inocencia en los tribunales.
En tanto que familiares de ambos imputados señalan que estos son inocentes y que busquen a los verdaderos culpables.
Procuraduría arresta 12 de 25 acusados en alegado robo de drogas de la DICAN
ESTÁN BAJO ARRESTO EL DIRECTOR, EL JEFE DE OPERACIONES, 2 FISCALES, 7 OFICIALES Y ALISTADOSLa solicitud de medida de coerción incluye al director de la Dican, coronel Carlos Fernández Valerio; el jefe de Operaciones, teniente coronel Félix Humberto Paulino López, y los fiscales adjuntos de la provincia Santo Domingo, Máximo Díaz Ogando y Ramón Veras Castro.
También el mayor Rudy José Japa Álvarez, mayor Luciano Gómez Cabrera, teniente Bárbaro Torrez Beltrán, sargento mayor Antolín de los Santos, sargento Pedro José Almánzar, el cabo Agapito Muñoz Evangelista y la raso Raidirys García Miranda.
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, explicó en una conferencia de prensa los pormenores de las investigaciones realizadas en contra del grupo, de fiscales adjuntos, oficiales, alistados y subalternos vinculados a la sustracción de la droga en la Dican. La medida de coerción fue solicitada ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, la cual se espera conozca hoy miércoles la solicitud consistente en un año de prisión preventiva.
La medida incluye al director y al jefe de Operaciones de la Dican, el coronel Carlos Fernando Valerio, y el teniente coronel Félix Humberto Paulino López, respectivamente; los fiscales Máximo Díaz Ogando y Ramón Veras Castro, contra quienes el ministerio público dice tener pruebas contundentes que los vinculan de manera directa en acciones ilícitas en el desarrollo de sus funciones, junto a otros implicados a los que ya le fueron emitidas órdenes de arresto.
Al grupo se le acusa de coalición de funcionarios, tráfico ilícito de droga, tráfico de influencia, asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y lavado de dinero producto del narcotráfico, entre otros.
Inicio de la investigación
Domínguez Brito explicó que la investigación se hizo a una solicitud del jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo, para que se haga una pesquisa sobre la supuesta desaparición de una cantidad de sustancia controlada, en ese momento indeterminada, en la que se presumía había como implicados, tanto personal del ministerio público como del cuerpo del orden.
Destacó que de inmediato nombraron a dos procuradores generales para el inicio de las investigaciones, procediendo posteriormente a la ampliación de la comisión conforme se fue evidenciando la magnitud de los hechos denunciados.
De ese modo, explicó, pasó a encabezar la investigación el procurador adjunto Bolívar Sánchez Veloz, así como Daniel Miranda Villalona, titular de la Unidad de Antilavado, y el Procurador de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, Robert Rodríguez, junto a la fiscal Olga Diná, sumados a los que inicialmente trabajaron el caso, los magistrados Iván Lorenzo y José Alberto Jiménez.
De acuerdo a lo expresado por el jefe del ministerio público, las investigaciones han determinado que la alerta de la presencia de una sustancia en una casa en el Ensanche Isabelita, el 27 de septiembre pasado, la produce alegadamente un mayor de la Policía, quien suministra la información al fiscal Máximo Díaz Ogando, quien a su vez se comunicó con el jefe de operaciones de la Dican, procediendo a conformar el equipo que actuó en ese allanamiento.
Domínguez Brito sostuvo que las actas judiciales de allanamiento en este caso, donde se ocupó 950 kilos de cocaína, fueron completadas con informaciones falsas, y que no fue reportada para su proceso judicial ni mucho menos entregada a la cadena de custodia que debió transferir hasta el Inacif.
Indicó además que en las mismas se indicaba que no fue encontrado nada comprometedor y que la operación la habían ejecutado miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), los cuales no actuaron en el mismo.
Expresó que la sustancia sustraída en esa operación fue utilizada para el pago de complicidad y silencio de todos los involucrados, tanto para los altos mandos policiales, como a los miembros del ministerio público.
Señaló que la investigación reflejó que durante el desarrollo del operativo se produjeron entradas y salidas de los participantes, de forma separada al apartamento del coronel Valerio ubicado en la avenida México, para ponerlo al tanto del hallazgo de la droga.
Explicó que hasta el momento la distribución de los 950 kilos se realizó de la siguiente manera: 250 kilos a los representantes del ministerio público, quienes se encuentran bajo arresto, y los 700 restantes quedaron bajo el control del coronel Paulino, quien a su vez después supuestamente colocó parte de la misma en el mercado local.
Tras ser preguntado en torno a un operativo realizado el pasado lunes en Cajas de Seguridad Dominicana S.A, dijo que ciertamente se realizó un allanamiento a la caja número 132, la cual figuraba a nombre de Omar Ogando y como apoderado el fiscal Díaz Ogando.
Señaló que en el interior de la misma se detectó varios certificados de depósitos y de inversión con un valor aproximadamente de 5 millones de pesos, títulos de propiedad correspondiente a locales comerciales, entre otras propiedades, así como 15 mil dólares en efectivo en billetes de diferentes denominaciones.
Bienes recuperados
Dijo que como parte de los bienes han sido recuperados un millón 450 mil pesos en efectivo, entregados a las autoridades de forma voluntaria por uno de los sargentos que participó en el operativo, así como una yipeta del año 2014.
Expresó que otro de los participantes, que alegadamente recibió de parte del coronel Paulino unos tres millones de pesos, entregó de forma voluntaria un apartamento que adquirió a un precio de 2.6 millones de pesos y un vehículo valorado en 400 mil pesos. Domínguez Brito precisó que la investigación no ha concluido y que siguen profundizando sin importar investidura, jurisdicciones ni posiciones.
Además aduce que el mensaje está claro, “los llamados a perseguir y castigar el crimen organizado en todas sus manifestaciones, bajo ninguna circunstancia pueden aliarse al mismo y operar como vulgares delincuentes y narcotraficantes”. Sostiene que en el caso se vieron involucrados oficiales de la policía desde el más alto rango, hasta fiscales adjuntos.
Niega presión de EEUU
Domínguez Brito rechazó que el embajador de los Estados Unidos en el país haya presionado para que se investigara en el caso de la Dican, tras señalar que no hay ningún tipo de vinculación entre su visita a su despacho y la pesquisa que se realiza.
Descarta implicación de presentadora de TelevisiónTras ser preguntado por la presentadora de televisión que presuntamente estaría involucrada en el caso Dican, el jefe del ministerio público dijo que no se pudo determinar que tenga participación en el mismo. De tener alguna relación personal o sentimental con alguno de los implicados, ya no es un asunto que les compete a las autoridades.
Órdenes de arrestoLa magistrada Wendy
Martínez Mejía, juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la
provincia Santo Domingo, dictó órdenes de arresto en contra de los
tenientes coroneles López Paulino, Voltaire Batista Matos y Francisco
Valenzuela y de los fiscales adjuntos Máximo Antonio Díaz Ogando, Ramón
Augusto Veras Castro y Leonidas Suárez Martínez. También de los
coroneles Juan Bulus Andújar, Guillermo Báez Hubiera y Fernández
Valerio; los mayores Gómez Cabrera, Junior Vásquez Báez, Japa Álvarez y
Alberto Jiménez Ruiz, los capitanes Edwin La Paz Zapata y Carlos
Amézquita Reinoso, y los primeros tenientes Torres Beltrán y William
Rudy Rosario Guerrero.
De igual manera, los sargentos
mayores, De los Santos Zabala y Francisco Pérez Castro; el sargento
Pedro José Almánzar González, el cabo Muñoz Evangelista, la raso García
Miranda, el teniente Juan Belén Mejía y el civil Santo Emilio Hernández.La jueza acogió un pedido de los procuradores adjuntos Bolívar Sánchez Veloz y Edward Robert Rodríguez Mendoza, de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo. En el auto de la orden de arresto la jueza Martínez Mejía ordenó al ministerio público presentar a los implicados en un plazo de 48 horas ante el juez de la instrucción correspondiente, si entiende debe dictarse otra medida de coerción.
(+)
CASTRO CASTILLO TOMÓ VUELO A CAPITAL EE.UU.
El jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo, que acompañó al presidente Danilo Medina en su visita ayer a Puerto Rico, voló desde San Juan directo a Washington. El vocero policial, Jacobo Mateo Moquete, informó anoche a LISTÍN DIARIO que Castro Castillo hará contactos con el jefe de la Policía de la capital estadounidense y formalizará acuerdos para la capacitación de oficiales académicos dominicanos recién graduados en áreas sensitivas como inteligencia, investigaciones criminales y el crimen organizado.
CASTRO CASTILLO TOMÓ VUELO A CAPITAL EE.UU.
El jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo, que acompañó al presidente Danilo Medina en su visita ayer a Puerto Rico, voló desde San Juan directo a Washington. El vocero policial, Jacobo Mateo Moquete, informó anoche a LISTÍN DIARIO que Castro Castillo hará contactos con el jefe de la Policía de la capital estadounidense y formalizará acuerdos para la capacitación de oficiales académicos dominicanos recién graduados en áreas sensitivas como inteligencia, investigaciones criminales y el crimen organizado.
Varios oficiales
clave de su gestión están bajo arresto tras develarse el robo de al
menos 950 kilos de cocaína en la Dirección Central de Antinarcóticos
(Dican), decomisada a narcotraficantes, entre estos el director de la
Dican, coronel Carlos Fernández Valerio; el jefe de Operaciones,
teniente coronel Félix Humberto Paulino López; los mayores Rudy José
Japa Álvarez y Luciano Gómez Cabrera; el teniente Bárbaro Torrez
Beltrán, los sargentos Antolín de los Santos y Pedro J. Almánzar; el
cabo Agapito Muñoz Evangelista y la raso Raidirys García.
Enero 13, 2015
Procurador revela detalles investigación en caso DICAN; pide prisión para once implicados
ENTRE ESTOS ESTÁN EL DIRECTOR DE DICAN, EL JEFE DE
OPERACIONES, DOS FISCALES ADJUNTOS Y OTROS SIETE OFICIALES, ALISTADOS Y
SUBALTERNOS
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vW1rx7o8dRd2FTacVsERi5N6jnCBzcrN6cpiMzF_Gj1YdrwGCl-Hnb3OY63ROpn30S5B8jhnn6c61k15zJ2CZ8NqDKT_iBuu1-JZtyH9yp4gjTMsoQb8tItytvqNZzWZxTiTS76WuYIvxg9fupIv8kT4uJaTfqGQzhkhJEWzE1hiIHn2zdnS7O=s0-d)
La Procuraduría General de la República solicitó un año de prisión
preventiva en contra del once de los implicados en el caso Dican,
incluido el director, el jefe de operaciones, dos fiscales adjuntos y
otros siete oficiales, alistados y subalternos.
Así lo anunció el procurador general de la República en una rueda de prensa donde explicó los pormenores de las investigaciones realizadas en contra del grupo, vinculado a la sustracción de casi mil kilos de cocaína de la DICAN.
La medida de coerción fue solicitada ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo, la cual se espera conozca mañana miércoles la solicitud de prisión preventiva, consistente en un año de prisión.
La medida fue presentada en contra del coronel Carlos Fernández Valerio, el jefe de operaciones de DICAN, teniente coronel Félix Humberto paulino López; los fiscales Máximo Díaz Ogando y Ramón Veras Castro, contra quienes el ministerio público dice tener pruebas contundentes que los vinculan de manera directa en acciones ilícitas en el desarrollo de sus funciones, junto a otros implicados a los que se les ha emitido orden de arresto.
Al grupo se le acusa de coalición de funcionarios, tráfico ilícito de droga, tráfico de influencia, asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y lavado de dinero producto del narcotráfico, entre otros.
Domínguez Brito explicó que la investigación se hizo a una solicitud del jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo para que se haga una pesquisa sobre la supuesta desaparición de una cantidad de sustancia controlada, en ese momento no determinada, en la que se presumía habían como implicados, tanto personal del ministerio público como del cuerpo del orden.
De acuerdo a los expresado por el jefe del ministerio público, las investigaciones han determinado que la alerta de la presencia de una sustancia en una casa en el Ensanche Isabelita, el 27 de septiembre pasado, la produce alegadamente un mayor de la Policía, quien suministra la información al fiscal Máximo Díaz Ogando, quien a su vez se comunicó con el jefe de operaciones de DICAN, procediendo a conformar el equipo que actuó en ese allanamiento.
Agrega que las actas judiciales de allanamiento en este caso, donde se ocupó 950 kilos de cocaína, fueron completadas con informaciones falsas, en las que indicaban que no fue encontrado nada comprometedor y que la operación la habían ejecutado miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, los cuales no actuaron en el mismo.
Dijo que como parte de los bienes han sido recuperados un millón 450 mil pesos en efectivo, entregados a las autoridades de forma voluntaria por uno de los sargentos que participó en el operativo, así como una yipeta del año 2014.
Expresó que otro de los participantes que alegadamente recibió de parte del coronel Paulino unos tres millones de pesos, entregó de forma voluntaria un apartamento que adquirió a un precio de 2.6 millones de pesos y un vehículo valorado en 400 mil pesos.
Domínguez Brito precisó que la investigación no ha concluido y que siguen profundizando sin importar investidura, jurisdicciones ni posiciones.
Dijo que el mensaje está claro “los llamados a perseguir y castigar el crimen organizado en todas sus manifestaciones, bajo ningunas circunstancias pueden aliarse al mismo y operar como vulgares delincuentes y narcotraficantes”.
Así lo anunció el procurador general de la República en una rueda de prensa donde explicó los pormenores de las investigaciones realizadas en contra del grupo, vinculado a la sustracción de casi mil kilos de cocaína de la DICAN.
La medida de coerción fue solicitada ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo, la cual se espera conozca mañana miércoles la solicitud de prisión preventiva, consistente en un año de prisión.
La medida fue presentada en contra del coronel Carlos Fernández Valerio, el jefe de operaciones de DICAN, teniente coronel Félix Humberto paulino López; los fiscales Máximo Díaz Ogando y Ramón Veras Castro, contra quienes el ministerio público dice tener pruebas contundentes que los vinculan de manera directa en acciones ilícitas en el desarrollo de sus funciones, junto a otros implicados a los que se les ha emitido orden de arresto.
Al grupo se le acusa de coalición de funcionarios, tráfico ilícito de droga, tráfico de influencia, asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y lavado de dinero producto del narcotráfico, entre otros.
Domínguez Brito explicó que la investigación se hizo a una solicitud del jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo para que se haga una pesquisa sobre la supuesta desaparición de una cantidad de sustancia controlada, en ese momento no determinada, en la que se presumía habían como implicados, tanto personal del ministerio público como del cuerpo del orden.
De acuerdo a los expresado por el jefe del ministerio público, las investigaciones han determinado que la alerta de la presencia de una sustancia en una casa en el Ensanche Isabelita, el 27 de septiembre pasado, la produce alegadamente un mayor de la Policía, quien suministra la información al fiscal Máximo Díaz Ogando, quien a su vez se comunicó con el jefe de operaciones de DICAN, procediendo a conformar el equipo que actuó en ese allanamiento.
Agrega que las actas judiciales de allanamiento en este caso, donde se ocupó 950 kilos de cocaína, fueron completadas con informaciones falsas, en las que indicaban que no fue encontrado nada comprometedor y que la operación la habían ejecutado miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, los cuales no actuaron en el mismo.
Dijo que como parte de los bienes han sido recuperados un millón 450 mil pesos en efectivo, entregados a las autoridades de forma voluntaria por uno de los sargentos que participó en el operativo, así como una yipeta del año 2014.
Expresó que otro de los participantes que alegadamente recibió de parte del coronel Paulino unos tres millones de pesos, entregó de forma voluntaria un apartamento que adquirió a un precio de 2.6 millones de pesos y un vehículo valorado en 400 mil pesos.
Domínguez Brito precisó que la investigación no ha concluido y que siguen profundizando sin importar investidura, jurisdicciones ni posiciones.
Dijo que el mensaje está claro “los llamados a perseguir y castigar el crimen organizado en todas sus manifestaciones, bajo ningunas circunstancias pueden aliarse al mismo y operar como vulgares delincuentes y narcotraficantes”.
Jueza ordena arresto de tres fiscales y 22 policías, incluido exjefe del DICAN
El grupo está implicado en el presunto robo de drogas.
SANTO DOMINGO.- La jueza de la Instrucción
Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia de
Santo Domingo, Wendy Martínez Mejía, dictó orden de arresto en contra de
25 personas, entre ellas tres fiscales, tres coroneles, incluido el
exdirector Antinarcóticos de la Policía, Carlos Valerio Fernández; tres
tenientes coroneles, dos mayores, un primer teniente y dos sargentos de
la Policía Nacional.
El grupo está implicado en el presunto robo de drogas que eran incautadas en operativos realizados por parte de la DICAN.
La orden de arresto fue emitida en contra de los fiscales Máximo Antonio Díaz Ogando, Ramón Augusto Veras Castro y Leonidas Suárez Martínez; el ex director de la DICAN, Valerio Fernández, los coroneles Mercedes Altagracia Mola Cuevas y Guillermo Báez Ubiera.
Asimismo, los tenientes coroneles Féliz Humberto López Paulino, Voltaire Batista Matos, Juan Bulus Andújar y Francisco Valenzuela Valenzuela. Además, los mayores Luciano Gómez Cabrera y Junio Vásquez Bàez, el primer teniente Bárbaro Torres Beltrán; los mayores Ruddy José Japa Alvarez y Alberto Jiménez Ruiz; los capitanes Carlos Amézquita Reynoso y Edwin La Paix Zapata, y el teniente Juanico Belén Mejía.
Asimismo, los sargentos mayores Antolín de los Santos Zabala y Pedro José Almánzar González; el cabo Agapito Muñoz Evangelista, el raso Raidirys Lironey García Miranda y el civil Santo Emilio Hernández.
La petición de arresto fue formulada por el procurador general adjunto, Bolívar Sánchez y el procurador general de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, Robert Rodríguez Mendoza.
Exponen que el Ministerio Público ha abierto una investigación en contra de los imputados, presuntamente por haber sustraido una droga ocupada en un allanamiento practicado el 27 de septiembre de 2014, por los fiscales Máximo Antonio Díaz Ogando, Ramón Augusto Veras Castro y Leonidas Suárez Martínez, en compañía de los miembros policiales.
Plantea que los mismos sustrajeron la droga ocupada, que sobrepasa los 900 kilogramos de cocaína clorohidratada, así como también una indeterminada cantidad de dinero en efectivo.
El grupo está implicado en el presunto robo de drogas que eran incautadas en operativos realizados por parte de la DICAN.
La orden de arresto fue emitida en contra de los fiscales Máximo Antonio Díaz Ogando, Ramón Augusto Veras Castro y Leonidas Suárez Martínez; el ex director de la DICAN, Valerio Fernández, los coroneles Mercedes Altagracia Mola Cuevas y Guillermo Báez Ubiera.
Asimismo, los tenientes coroneles Féliz Humberto López Paulino, Voltaire Batista Matos, Juan Bulus Andújar y Francisco Valenzuela Valenzuela. Además, los mayores Luciano Gómez Cabrera y Junio Vásquez Bàez, el primer teniente Bárbaro Torres Beltrán; los mayores Ruddy José Japa Alvarez y Alberto Jiménez Ruiz; los capitanes Carlos Amézquita Reynoso y Edwin La Paix Zapata, y el teniente Juanico Belén Mejía.
Asimismo, los sargentos mayores Antolín de los Santos Zabala y Pedro José Almánzar González; el cabo Agapito Muñoz Evangelista, el raso Raidirys Lironey García Miranda y el civil Santo Emilio Hernández.
La petición de arresto fue formulada por el procurador general adjunto, Bolívar Sánchez y el procurador general de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, Robert Rodríguez Mendoza.
Exponen que el Ministerio Público ha abierto una investigación en contra de los imputados, presuntamente por haber sustraido una droga ocupada en un allanamiento practicado el 27 de septiembre de 2014, por los fiscales Máximo Antonio Díaz Ogando, Ramón Augusto Veras Castro y Leonidas Suárez Martínez, en compañía de los miembros policiales.
Plantea que los mismos sustrajeron la droga ocupada, que sobrepasa los 900 kilogramos de cocaína clorohidratada, así como también una indeterminada cantidad de dinero en efectivo.
Procuraduría arrestó anoche fiscal involucrado en caso Dican y persigue a otro
EL FISCAL RAMÓN AUGUSTO VERAS CASTRO, LUEGO DE SER
INTERROGADO POR EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORÍA DE LA PROCURADURÍA, FUE
ARRESTADO
Santo Domingo
La Procuraduría General de la República arrestó anoche a uno de los
fiscales involucrados en la sustracción de más de mil kilos de cocaína
en la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía (Dican) y está tras
la búsqueda de otro fiscal adjunto de la provincia Santo Domingo,
quienes participaron en un allanamiento donde supuestamente se ocupó el
alijo en el Ensanche Isabelita.
El fiscal Ramón Augusto Veras Castro, luego de ser interrogado por el Departamento de Inspectoría de la Procuraduría, fue arrestado y conducido a la cárcel preventiva de San Luis, en el municipio Santo Domingo Este.
Mientras, que, según se informó, se persigue al fiscal adjunto Máximo Antonio Díaz Ogando, para ser conducido a la referida cárcel y luego llevado a la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo, donde se le conocerán medidas de coerción conjuntamente con oficiales, alistados y subalternos pertenecientes a la Dican.
Los dos fiscales están suspendidos de sus funciones por disposición del Consejo Superior del Ministerio Público, tras acoger un pedimento presentado por el director del Departamento de Inspectoría, Bolívar Sánchez Veloz.
Los fiscales, presuntamente, participaron en el allanamiento del pasado 27 de septiembre en una residencia del ensanche Isabelita, de Santo Domingo Este, donde se hizo un decomiso de drogas.
Por el hecho también fueron interrogados el sargento mayor, Antolín de los Santos, Agapito Mena Almánzar, Pedro José Almánzar, el raso Rainier García y otros.
Se espera que en las próximas horas, la jueza Wendy Martínez Mejía, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, conozca la solicitud de medida de coerción en contra del grupo.
El fiscal Ramón Augusto Veras Castro, luego de ser interrogado por el Departamento de Inspectoría de la Procuraduría, fue arrestado y conducido a la cárcel preventiva de San Luis, en el municipio Santo Domingo Este.
Mientras, que, según se informó, se persigue al fiscal adjunto Máximo Antonio Díaz Ogando, para ser conducido a la referida cárcel y luego llevado a la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo, donde se le conocerán medidas de coerción conjuntamente con oficiales, alistados y subalternos pertenecientes a la Dican.
Los dos fiscales están suspendidos de sus funciones por disposición del Consejo Superior del Ministerio Público, tras acoger un pedimento presentado por el director del Departamento de Inspectoría, Bolívar Sánchez Veloz.
Los fiscales, presuntamente, participaron en el allanamiento del pasado 27 de septiembre en una residencia del ensanche Isabelita, de Santo Domingo Este, donde se hizo un decomiso de drogas.
Por el hecho también fueron interrogados el sargento mayor, Antolín de los Santos, Agapito Mena Almánzar, Pedro José Almánzar, el raso Rainier García y otros.
Se espera que en las próximas horas, la jueza Wendy Martínez Mejía, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, conozca la solicitud de medida de coerción en contra del grupo.
Ofrecerán hoy el informe preliminar del caso Dican
DOMÍNGUEZ BRITO INDICÓ QUE AÚN FALTAN PERSONAS POR INTERROGAR
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Santo Domingo
La Procuraduría General de la República dará a
conocer hoy las conclusiones preliminares de la investigación en torno a
la sustracción y venta de más de 1,200 kilos de cocaína incautados
durante operativos en Santo Domingo Este, un hecho en el que están
involucrados oficiales de la Dirección Central Antinarcóticos de la
Policía (Dican) y dos fiscales de esa jurisdicción.
Todavía anoche los investigadores de la Procuraduría continuaban los interrogatorios de civiles y oficiales de la agencia antinarcóticos que las autoridades sospechan tienen fuertes vínculos con ese caso que ha puesto en jaque al organismo encargado de perseguir el negocio del microtráfico.
El procurador Francisco Domínguez Brito dijo a LISTÍN DIARIO que hoy se tomarán decisiones que incluyen el arresto de la mayoría de los involucrados en el robo y posterior venta de la droga incautada, así como la solicitud de medidas de coerción.
Expresó que las pesquisas están bien avanzadas, pero que aún faltan algunas personas por interrogar para completar el voluminoso expediente, que esperan someterlo a un juez en el transcurso del día de hoy.
Todas las personas que han sido llamadas por la comisión investigadora ya se han presentado para interrogatorios, a excepción de uno que no compareció a la cita de ayer y que la Procuraduría espera que atienda al llamado de la justicia.
El Departamento de Inspectoría de la Procuraduría solicitó la semana pasada al Consejo Superior del ministerio público la suspensión de los fiscales de la provincia Santo Domingo, Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro, involucrados en el caso.
En el escándalo sobre el robo de la droga están también involucrados, oficiales, alistados y subalternos de la Policía Nacional, contra quienes se solicitó medida de coerción.
Los fiscales presuntamente participaron en el allanamiento del pasado 27 de septiembre en una residencia del ensanche Isabelita de Santo Domingo Este.
Allanamiento Ayer, miembros de la comisión que investiga el caso de la sustracción de más de mil kilos de cocaína de la Dican allanaron una compañía en la avenida Kennedy, en busca de una caja de seguridad perteneciente a un fiscal adjunto investigado en el caso.
Allí fue ocupada una caja de seguridad a un fiscal adjunto de la provincia Santo Domingo.
Al lugar se presentaron a las 9:00 de la mañana los procuradores adjuntos Bolívar Sánchez Veloz, director de la unidad de Inspectoría del ministerio público, y Germán Miranda Villalona, de la Unidad Antilavado de Activos, así como el general Orlando Martín Pichardo Reynoso, director Asuntos Internos de la Policía Nacional.
A la salida, el magistrado Sánchez Veloz dijo que en el proceso de investigación del robo de drogas en la Dican pudieron determinar que uno de los fiscales actuantes tenía una caja de seguridad y buscaron la orden de un juez para que la empresa permitiera acceso a la caja.
“Tenemos unos hallazgos ahí pero no podemos dar detalles; en estos momentos se están inventariando, se están haciendo pruebas de posibles trazas de droga en una de las cajas”, refirió Sánchez Veloz, al retirarse del lugar.
Sin embargo, aclaró que no está diciendo que había droga, sino que se está investigando y que las evidencias encontradas en el lugar podrían ser comprometedoras.
Señaló que los dueños de la caja de seguridad tienen explicaciones que dar con relación a su contenido.
Preguntado si sólo son 21 los implicados en el escándalo de la Dican, Sánchez Veloz respondió que se trata de un caso complejo porque tiene una complicidad de actores y que hay cuatro investigaciones, porque hubo desaparición, comercialización y varios “tumbes” de drogas.
Todavía anoche los investigadores de la Procuraduría continuaban los interrogatorios de civiles y oficiales de la agencia antinarcóticos que las autoridades sospechan tienen fuertes vínculos con ese caso que ha puesto en jaque al organismo encargado de perseguir el negocio del microtráfico.
El procurador Francisco Domínguez Brito dijo a LISTÍN DIARIO que hoy se tomarán decisiones que incluyen el arresto de la mayoría de los involucrados en el robo y posterior venta de la droga incautada, así como la solicitud de medidas de coerción.
Expresó que las pesquisas están bien avanzadas, pero que aún faltan algunas personas por interrogar para completar el voluminoso expediente, que esperan someterlo a un juez en el transcurso del día de hoy.
Todas las personas que han sido llamadas por la comisión investigadora ya se han presentado para interrogatorios, a excepción de uno que no compareció a la cita de ayer y que la Procuraduría espera que atienda al llamado de la justicia.
El Departamento de Inspectoría de la Procuraduría solicitó la semana pasada al Consejo Superior del ministerio público la suspensión de los fiscales de la provincia Santo Domingo, Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro, involucrados en el caso.
En el escándalo sobre el robo de la droga están también involucrados, oficiales, alistados y subalternos de la Policía Nacional, contra quienes se solicitó medida de coerción.
Los fiscales presuntamente participaron en el allanamiento del pasado 27 de septiembre en una residencia del ensanche Isabelita de Santo Domingo Este.
Allanamiento Ayer, miembros de la comisión que investiga el caso de la sustracción de más de mil kilos de cocaína de la Dican allanaron una compañía en la avenida Kennedy, en busca de una caja de seguridad perteneciente a un fiscal adjunto investigado en el caso.
Allí fue ocupada una caja de seguridad a un fiscal adjunto de la provincia Santo Domingo.
Al lugar se presentaron a las 9:00 de la mañana los procuradores adjuntos Bolívar Sánchez Veloz, director de la unidad de Inspectoría del ministerio público, y Germán Miranda Villalona, de la Unidad Antilavado de Activos, así como el general Orlando Martín Pichardo Reynoso, director Asuntos Internos de la Policía Nacional.
A la salida, el magistrado Sánchez Veloz dijo que en el proceso de investigación del robo de drogas en la Dican pudieron determinar que uno de los fiscales actuantes tenía una caja de seguridad y buscaron la orden de un juez para que la empresa permitiera acceso a la caja.
“Tenemos unos hallazgos ahí pero no podemos dar detalles; en estos momentos se están inventariando, se están haciendo pruebas de posibles trazas de droga en una de las cajas”, refirió Sánchez Veloz, al retirarse del lugar.
Sin embargo, aclaró que no está diciendo que había droga, sino que se está investigando y que las evidencias encontradas en el lugar podrían ser comprometedoras.
Señaló que los dueños de la caja de seguridad tienen explicaciones que dar con relación a su contenido.
Preguntado si sólo son 21 los implicados en el escándalo de la Dican, Sánchez Veloz respondió que se trata de un caso complejo porque tiene una complicidad de actores y que hay cuatro investigaciones, porque hubo desaparición, comercialización y varios “tumbes” de drogas.
Enero 12, 2015
Empresa de seguridad aclara que no fue allanada por caso DICAN
LA COMPAÑÍA DICE QUE LA CONFUSIÓN SE DEBE A QUE EL
ALLANAMIENTO FUE HECHO A UNA EMPRESA UBICADA EN LA MISMA PLAZA DONDE
ESTÁN SUS INSTALACIONES
Santo Domingo
La compañía de seguridad Dominican Watchman National aclaró que sus
empresas no han sido ni están siendo investigadas en el caso relacionado
con la Dirección Antinarcóticos de las Policía Nacional (DICAN).
En un comunicado, la compañía dice que la confusión surge a partir de una visita que hizo hoy parte del equipo investigador en el caso a la empresa Cajas de Seguridad, SRL, la cual se encuentra ubicada en la misma plaza (Centro Comercial Kennedy), que la prestigiosa empresa de seguridad.
“Es importante aclarar que la Procuraduría allanó la caja de Seguridad de un cliente vinculado al caso Dican no la empresa Cajas de Seguridad Dominicana la cual ha colaborado con las autoridades de manera activa en este caso” expresa la nota.
Destaca que Dominican Watchman es una empresa con más de 40 años en el mercado dominicano, dedicada a brindar servicios de seguridad a personas y empresas en todo el país.
El allanamiento fue realizado por el procurador adjunto Bolívar Sánchez; Daniel Miranda Villalona encargado de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y el director de Asuntos Internos de la Policía, el general Orlando Martín Pichardo Reynoso Pichardo.
A la salida, los integrantes de la comisión dijeron que el allanamiento se hizo a los fines de buscar evidencias que comprometan la responsabilidad penal de los implicados en el caso de la DICAN.
Indicaron que se ocupó una caja fuerte con unos documentos de uno de los fiscales adjunto que es investigado en la sustracción de más de mil 200 kilos de cocaína en una residencia del Ensanche Isabelita.
En un comunicado, la compañía dice que la confusión surge a partir de una visita que hizo hoy parte del equipo investigador en el caso a la empresa Cajas de Seguridad, SRL, la cual se encuentra ubicada en la misma plaza (Centro Comercial Kennedy), que la prestigiosa empresa de seguridad.
“Es importante aclarar que la Procuraduría allanó la caja de Seguridad de un cliente vinculado al caso Dican no la empresa Cajas de Seguridad Dominicana la cual ha colaborado con las autoridades de manera activa en este caso” expresa la nota.
Destaca que Dominican Watchman es una empresa con más de 40 años en el mercado dominicano, dedicada a brindar servicios de seguridad a personas y empresas en todo el país.
El allanamiento fue realizado por el procurador adjunto Bolívar Sánchez; Daniel Miranda Villalona encargado de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y el director de Asuntos Internos de la Policía, el general Orlando Martín Pichardo Reynoso Pichardo.
A la salida, los integrantes de la comisión dijeron que el allanamiento se hizo a los fines de buscar evidencias que comprometan la responsabilidad penal de los implicados en el caso de la DICAN.
Indicaron que se ocupó una caja fuerte con unos documentos de uno de los fiscales adjunto que es investigado en la sustracción de más de mil 200 kilos de cocaína en una residencia del Ensanche Isabelita.
Comisión que investigan caso DICAN allana local de empresa de seguridad
EN EL ALLANAMIENTO OCUPARON UNA CAJA FUERTE CON DOCUMENTOS
Santo Domingo
Santo Domingo
Los miembros de la comisión que investiga el caso de la Dirección
Central Antinarcótica de la Policía (Dican), realizaron esta mañana un
allanamiento a la compañía de seguridad Dominican Wacthman, ubicada en
la avenida John F. Kennedy , donde se ocupó una caja de seguridad con
unos documentos pertenecientes a un fiscal adjunto de la provincia Santo
Domingo.
El allanamiento fue realizado por el procurador adjunto Bolívar Sánchez; Daniel Miranda Villalona encargado de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y el director de Asuntos Internos de la Policía, el general Orlando Martín Pichardo Reynoso Pichardo.
A la salida, los integrantes de la comisión dijeron que el allanamiento se hizo a los fines de buscar evidencias que comprometan la responsabilidad penal de los implicados en el caso de la DICAN.
Indicaron que en uno de los depósitos se ocupó una caja fuerte con unos documentos de uno de los fiscales adjunto que es investigado en la sustracción de más de mil 200 kilos de cocaína en una residencia del Ensanche Isabelita.
El allanamiento fue realizado por el procurador adjunto Bolívar Sánchez; Daniel Miranda Villalona encargado de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y el director de Asuntos Internos de la Policía, el general Orlando Martín Pichardo Reynoso Pichardo.
A la salida, los integrantes de la comisión dijeron que el allanamiento se hizo a los fines de buscar evidencias que comprometan la responsabilidad penal de los implicados en el caso de la DICAN.
Indicaron que en uno de los depósitos se ocupó una caja fuerte con unos documentos de uno de los fiscales adjunto que es investigado en la sustracción de más de mil 200 kilos de cocaína en una residencia del Ensanche Isabelita.
Enero 9, 2015
Enero 7, 2015
Dicen oficiales Dican recibieron $107 MM
De acuerdo a lo revelado por uno de los involucrados en el hecho, el dinero había depositado en una entidad bancaria en dos partidas: una de 53 millones pesos, otra de 50, y la última de 100 mil dólares.
Las investigaciones del caso la dirige el magistrado Iván Lorenzo, y aunque el hecho se produjo en septiembre del año pasado, lo mantuvieron oculto hasta el 29 de diciembre cuando El Nacional lo dio a conocer a la opinión pública.
Sin embargo, la mayor parte del dinero aún permanece en la entidad bancaria donde fue depositada, por los que la Procuraduría intentará hoy “congelar” la cuenta a través de una autorización de un juez.
También la fuente confirmó a El Nacional que uno de los oficiales involucrados había devuelto un millón de pesos en efectivo y una yipeta último modelo.
Por el “dicanazo” son investigados los fiscales adjuntos Máximo Díaz y Leónidas Suárez, mientras a uno de ellos se le sindica como el propietario de un complejo de apartamento que se construye en el sector Isabelita, en Santo Domingo Este.
Con relación al caso han sido interrogados dos tenientes y un sargento, mientras los principales oficiales todavía no han sido llamados por los investigadores.
Durante el proceso salió a relucir que una presentadora de televisión había sido beneficiada con una yipeta BMW X-6 y un apartamento, bienes que supuestamente habían sido adquiridos con dinero de esa droga. Esta mañana los investigadores solicitaron una orden de arresto contra la mujer considerada como una de las “megadivas de la televisión”.
Hasta el momento han sido interrogados el sargento mayor, Antolín de los Santos, Agapito Mena Almánzar, Pedro José Almánzar, el raso Rainier García y otros que no fueron identificados por la fuente.
UN APUNTE
Embajada EU
El embajador de Estados Unidos, James Brewster, ha tenido un interés especial en el caso y días antes de la denuncia de El Nacional había visitado al jefe de la Policía con quien trató sobre el caso del “Dicanazo”. ayer hizo lo mismos con el procurador ´Domínguez Brito.
La Procuraduría inicia los interrogatorios a oficiales del caso DICAN
Un acta de allanamiento de un alijo hace explotar un torpedo
SANTO DOMINGO. La comisión ampliada de
la Procuraduría General de la República que investiga el presunto robo
de drogas en la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN) de la Policía,
desarrolla ahora una fase de interrogatorio a oficiales de esa entidad
creada para perseguir el microtráfico.
Ayer fueron interrogados un sargento mayor y un teniente, mientras que hoy prosigue con varios oficiales.
La comisión creada por el procurador Francisco Domínguez Brito también indaga a varios fiscales, luego que en uno de los allanamientos se certificara la existencia de un cargamento de cerca de 1,000 kilos de cocaína, mientras que otra acta consignaba que en el lugar “no había nada comprometedor”.
Alrededor de diez personas, entre ellas fiscales, están sometidas al tamiz del proceso investigativo.
A la Procuraduría acudieron los abogados de oficiales investigados, quienes manifestaron que los mismos declaran no estar involucrados en el caso.
Mientras que el procurador Francisco Domínguez Brito afirmó que espera los resultados de la comisión que investiga el caso de la pérdida de drogas en la DICAN para tomar acciones reales de persecución.
Manifestó que la comisión ha seguido trabajando todos estos días, pero no quiso revelar los nombres de los investigados ni la cantidad, porque es un caso abierto del que no se sabe cuáles son todos los involucrados.
“Lo más importante ahora es que ellos terminen las medidas necesarias que deben de tomar, e inmediatamente culminen eso nosotros, tomar acciones reales de persecución”.
Al preguntársele si se actuará sin encubrir a nadie, Domínguez Brito respondió que “totalmente”.
El Procurador, entrevistado a la salida del despacho del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, reiteró que el caso del DICAN es sumamente delicado, muy serio y lamentable, pero que hay que profundizar hasta donde se pueda.
La investigación
Investigadores del escándalo que rodea la Dirección Antinarcóticos de la Policía, establecieron que el cargamento de 937 kilos, no fue robado de la sede del organismo, si no que no fue reportado una vez fue decomisado en una casa del ensanche Isabelita. El cargamento era propiedad de un cartel ecuatoriano, y venía de Colombia. Se presume que uno de dos que fueron ejecutados en Esperanza, Valverde, Mao, José Catalino García Ramírez, era parte de los dueños de la droga incautada. La Policía dijo que el caso será llevado al Consejo Superior Policial.
Ayer fueron interrogados un sargento mayor y un teniente, mientras que hoy prosigue con varios oficiales.
La comisión creada por el procurador Francisco Domínguez Brito también indaga a varios fiscales, luego que en uno de los allanamientos se certificara la existencia de un cargamento de cerca de 1,000 kilos de cocaína, mientras que otra acta consignaba que en el lugar “no había nada comprometedor”.
Alrededor de diez personas, entre ellas fiscales, están sometidas al tamiz del proceso investigativo.
A la Procuraduría acudieron los abogados de oficiales investigados, quienes manifestaron que los mismos declaran no estar involucrados en el caso.
Mientras que el procurador Francisco Domínguez Brito afirmó que espera los resultados de la comisión que investiga el caso de la pérdida de drogas en la DICAN para tomar acciones reales de persecución.
Manifestó que la comisión ha seguido trabajando todos estos días, pero no quiso revelar los nombres de los investigados ni la cantidad, porque es un caso abierto del que no se sabe cuáles son todos los involucrados.
“Lo más importante ahora es que ellos terminen las medidas necesarias que deben de tomar, e inmediatamente culminen eso nosotros, tomar acciones reales de persecución”.
Al preguntársele si se actuará sin encubrir a nadie, Domínguez Brito respondió que “totalmente”.
El Procurador, entrevistado a la salida del despacho del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, reiteró que el caso del DICAN es sumamente delicado, muy serio y lamentable, pero que hay que profundizar hasta donde se pueda.
La investigación
Investigadores del escándalo que rodea la Dirección Antinarcóticos de la Policía, establecieron que el cargamento de 937 kilos, no fue robado de la sede del organismo, si no que no fue reportado una vez fue decomisado en una casa del ensanche Isabelita. El cargamento era propiedad de un cartel ecuatoriano, y venía de Colombia. Se presume que uno de dos que fueron ejecutados en Esperanza, Valverde, Mao, José Catalino García Ramírez, era parte de los dueños de la droga incautada. La Policía dijo que el caso será llevado al Consejo Superior Policial.
Enero 3, 2015
Falta de información sobre caso del DICAN genera especulación
Diversos sectores de la vida nacional piden la desaparición del DICAN
SANTO DOMINGO. La
desaparición de drogas de la Dirección Central Antinarcótico de la
Policía (DICAN) se proyecta como uno de los casos de mayor
trascendencia que tienen pendientes las autoridades a inicio de año y en
el que resalta la poca información al respecto.
El caso ha concitado la atención de diversos sectores de la vida nacional y muchos opinan que la entidad, creada para combatir el microtráfico, debe desaparecer debido a que sus fines han sido distorsionados y no cumple con esas funciones.
En este hecho resalta el hermetismo con el que las autoridades policiales y del Ministerio Público han manejado el asunto, lo que ha dado pie a especulaciones, muchas veces hasta fantasiosas.
En ese sentido, no se ha informado la cantidad de droga que fue sustraída del DICAN. Ni siquiera se sabe el número oficiales policiales y fiscales investigados.
Ayer, el senador por la provincia Monseñor Nouel, Félix Nova, calificó el robo de la droga del DICAN como como "una vergüenza".
Dijo que el DICAN solo ha servido para enriquecer a funcionarios policiales de alto rango, por lo que se unió a los sectores que demandan su desaparición.
Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción, pidió al presidente Danilo Medina eliminar el DICAN por considerarlo contrario a la Ley 50-88 y un obstáculo a la lucha contra el macro y microtráfico.
El jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo, manifestó su oposición a que el DICAM sea cerrado y considera que el robo de drogas también se ha producido en la Dirección Nacional de Control de Drogas y que sus culpables han sido castigados.
No es la primera vez que se denuncia el caso de la desaparición de drogas de un organismo policial. Se recuerda que hace varias décadas fue condenado el coronel René Descartes Pérez.
¿Habrá sanciones?
El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, manifestó que el jefe de la Policía Nacional tiene órdenes precisas de profundizar las investigaciones del caso,"caiga quien caiga".
En ese mismo sentido se ha pronunciado el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, quien tiene a su cargo la investigación del caso y ha dicho hay que verlo con mayor profundidad.
No obstante, a pesar de que las autoridades han manifestado que caso se va a investigar y que se castigará a los culpables, en amplios sectores de la población subyace la creencia de que podría quedar impune.
El caso ha concitado la atención de diversos sectores de la vida nacional y muchos opinan que la entidad, creada para combatir el microtráfico, debe desaparecer debido a que sus fines han sido distorsionados y no cumple con esas funciones.
En este hecho resalta el hermetismo con el que las autoridades policiales y del Ministerio Público han manejado el asunto, lo que ha dado pie a especulaciones, muchas veces hasta fantasiosas.
En ese sentido, no se ha informado la cantidad de droga que fue sustraída del DICAN. Ni siquiera se sabe el número oficiales policiales y fiscales investigados.
Ayer, el senador por la provincia Monseñor Nouel, Félix Nova, calificó el robo de la droga del DICAN como como "una vergüenza".
Dijo que el DICAN solo ha servido para enriquecer a funcionarios policiales de alto rango, por lo que se unió a los sectores que demandan su desaparición.
Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción, pidió al presidente Danilo Medina eliminar el DICAN por considerarlo contrario a la Ley 50-88 y un obstáculo a la lucha contra el macro y microtráfico.
El jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo, manifestó su oposición a que el DICAM sea cerrado y considera que el robo de drogas también se ha producido en la Dirección Nacional de Control de Drogas y que sus culpables han sido castigados.
No es la primera vez que se denuncia el caso de la desaparición de drogas de un organismo policial. Se recuerda que hace varias décadas fue condenado el coronel René Descartes Pérez.
¿Habrá sanciones?
El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, manifestó que el jefe de la Policía Nacional tiene órdenes precisas de profundizar las investigaciones del caso,"caiga quien caiga".
En ese mismo sentido se ha pronunciado el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, quien tiene a su cargo la investigación del caso y ha dicho hay que verlo con mayor profundidad.
No obstante, a pesar de que las autoridades han manifestado que caso se va a investigar y que se castigará a los culpables, en amplios sectores de la población subyace la creencia de que podría quedar impune.
Diciembre 30, 2014
Cancelarán a los agentes involucrados en robo de droga del DICAM
La Policía tiene órdenes precisas de parte de su jefe de investigar hasta el final
SANTO DOMINGO. El ministro de Interior y
Policía, José Ramón Fadul, advirtió hoy que los oficiales y agentes que
resulten involucrados en la pérdida de drogas Dirección Central
Antinarcóticos (DICAN) serán sancionados con todo el peso de la Ley y
serán separados de esa institución.
Entrevistado en el Palacio Nacional, el funcionario dijo que hay órdenes precisas de profundizar las investigaciones sin importar quiénes estén involucrados.
"La Policía tiene órdenes precisas de parte de su jefe de llegar hasta el final en esa investigación caiga quien caiga, el que cometió un error, el que se desvió de la vida y comete una actuación, que pague por sus hechos.
Indicó que el DICAN fue creado para enfrentar el microtráfico para ayudar con el trabajo que hace la Dirección Nacional de Control de Drogas en la lucha contra el flagelo de las drogas.
Justificó la entidad policía porque el microtráfico repercute en la seguridad ciudadana y hay que combatirlo por varios frentes.
Entrevistado en el Palacio Nacional, el funcionario dijo que hay órdenes precisas de profundizar las investigaciones sin importar quiénes estén involucrados.
"La Policía tiene órdenes precisas de parte de su jefe de llegar hasta el final en esa investigación caiga quien caiga, el que cometió un error, el que se desvió de la vida y comete una actuación, que pague por sus hechos.
Indicó que el DICAN fue creado para enfrentar el microtráfico para ayudar con el trabajo que hace la Dirección Nacional de Control de Drogas en la lucha contra el flagelo de las drogas.
Justificó la entidad policía porque el microtráfico repercute en la seguridad ciudadana y hay que combatirlo por varios frentes.
Diciembre 29, 2014
PN confirma arresto de varios oficiales de la Dirección Central de Antinarcóticos
Debido al robo de una droga, cuya cantidad y el tipo no se ha determinado.
SANTO DOMINGO.-La jefatura de la Policía Nacional confirmó que hay un proceso de investigación contra la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN) y que varios oficiales de ese organismo están arrestados, debido al robo de una droga, cuya cantidad y el tipo no se ha determinado.
En una comunicación de prensa, la Policía negó que como parte de la pesquisa el coronel, Carlos Fernández Valerio, exdirector del DICAN esté detenido. Sostuvo, además, que el proceso investigativo se hace a requerimiento de Fernández Valerio.
No se dieron a conocer los nombres de los oficiales detenidos en el caso.
El cuerpo del orden precisó que al percatarse de la situación el jefe policial, mayor general Manuel Castro Castillo, dispuso ampliar las investigaciones y formó una Comisión integrada por los directores de Inteligencia y de Asuntos Internos.
Agregó que es con la intención de transparentar la investigación que se designó un director interino al frente de la DICAN.
Agregó que es la Jefatura policial que solicita al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, la integración de representantes del Ministerio Público a esa investigación, debido a que surgieron los nombres de dos fiscales en las indagatorias.
Al efecto, agrega el comunicado, el Procurador designó dos procuradores generales adjuntos que se sumaron a la investigación, junto a los dos Directores mencionados anteriormente.
Destaca, además, que el jefe policial había confirmado la existencia de esa investigación hace unas dos semanas al salir de la tradicional misa dominical que se efectúa en el palacio de la institución del orden.
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