
El 80% de las empresas constructoras recibe demandas cada año
Acoprovi plantea modificar el Código del Trabajo para evitar ser víctima de mafias
SANTO DOMINGO.
Representantes del sector construcción afirmaron ayer que alrededor del
80% de las empresas constructoras a nivel nacional son objeto de
demanda cada año, debido a las mafias de abogados que se valen de falsos
empleados para pedir prestaciones laborales en los tribunales.
Tanto Héctor Bretón, presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda (Acoprovi) y Cristian Ciccone, presidente de la Cámara Dominicana de la Construcción (Cadocon) coincidieron en que el sector está teniendo pérdidas de cientos de millones de pesos, debido a la práctica de los abogados mafiosos, y que, incluso, muchas han tenido que cerrar temporalmente, a causa de la carga económica que suponen esas demandas.
Ambos reaccionaron a la denuncia que hiciera a este medio el abogado Elvis Durán, representante de una inmobiliaria, en el sentido de que una organización dirigida por un ciudadano haitiano, se confabula con abogados para reclutar a obreros e interponer demandas laborales.
“Eso no es nuevo, y nosotros hemos denunciado ese tipo de mafias, que son oficinas de abogados bien identificados, y las autoridades saben bien quiénes son los que hacen ese trabajo”, manifestó Bretón, que asegura, se trata de abogados dominicanos y que, si hay haitianos, de seguro están vinculados a abogados dominicanos.
Sostuvo que muchas de las constructoras son demandadas hasta dos o tres veces en el año, y que casi siempre se trata de obreros que ni siquiera han pasado por las obras. También se dan caso de que una misma persona esté en dos demandas, hasta con la misma hora de trabajo en dos empresas.
“Una empresa puede tener cada año entre dos y tres demandas, y cada demanda cuesta entre 100,000 y 150,000 pesos, sólo para defenderse, pero si el tribunal falla en su contra, son 500,000 o 600,000. Imagínese si es una empresa pequeña, no lo resiste”, enfatiza Bretón, para quien la situación con las mafias se da por las debilidades que –advierte- en el Código de Trabajo. Por tal motivo, plantea la necesidad de que esa legislación sea modificada.
Ciccone, a su vez, afirma que muchos de los miembros de Cadocon han tenido que cerrar de manera temporal por la presión económica que le supone la demanda, que califica de descabelladas e ilógicas.
“Yo te podría decir que todas las empresas de Cadocon han sido demandadas, pero además del dinero, hay que medir el tiempo que se pasa en los tribunales, y los impedimentos legales que le suponen a uno”.
Ciccone insiste en que se debe buscar una solución al problema.
Fermín Acosta, pasado presidente de Acoprovi, en su condición de empresario del sector, se quejó de que, pese a las denuncias que han hecho desde hace años, las autoridades no dan respuestas contundentes para evitar que esas mafias continúen.
Tanto Héctor Bretón, presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda (Acoprovi) y Cristian Ciccone, presidente de la Cámara Dominicana de la Construcción (Cadocon) coincidieron en que el sector está teniendo pérdidas de cientos de millones de pesos, debido a la práctica de los abogados mafiosos, y que, incluso, muchas han tenido que cerrar temporalmente, a causa de la carga económica que suponen esas demandas.
Ambos reaccionaron a la denuncia que hiciera a este medio el abogado Elvis Durán, representante de una inmobiliaria, en el sentido de que una organización dirigida por un ciudadano haitiano, se confabula con abogados para reclutar a obreros e interponer demandas laborales.
“Eso no es nuevo, y nosotros hemos denunciado ese tipo de mafias, que son oficinas de abogados bien identificados, y las autoridades saben bien quiénes son los que hacen ese trabajo”, manifestó Bretón, que asegura, se trata de abogados dominicanos y que, si hay haitianos, de seguro están vinculados a abogados dominicanos.
Sostuvo que muchas de las constructoras son demandadas hasta dos o tres veces en el año, y que casi siempre se trata de obreros que ni siquiera han pasado por las obras. También se dan caso de que una misma persona esté en dos demandas, hasta con la misma hora de trabajo en dos empresas.
“Una empresa puede tener cada año entre dos y tres demandas, y cada demanda cuesta entre 100,000 y 150,000 pesos, sólo para defenderse, pero si el tribunal falla en su contra, son 500,000 o 600,000. Imagínese si es una empresa pequeña, no lo resiste”, enfatiza Bretón, para quien la situación con las mafias se da por las debilidades que –advierte- en el Código de Trabajo. Por tal motivo, plantea la necesidad de que esa legislación sea modificada.
Ciccone, a su vez, afirma que muchos de los miembros de Cadocon han tenido que cerrar de manera temporal por la presión económica que le supone la demanda, que califica de descabelladas e ilógicas.
“Yo te podría decir que todas las empresas de Cadocon han sido demandadas, pero además del dinero, hay que medir el tiempo que se pasa en los tribunales, y los impedimentos legales que le suponen a uno”.
Ciccone insiste en que se debe buscar una solución al problema.
Fermín Acosta, pasado presidente de Acoprovi, en su condición de empresario del sector, se quejó de que, pese a las denuncias que han hecho desde hace años, las autoridades no dan respuestas contundentes para evitar que esas mafias continúen.
Trabajo no sabe
Federico Gomera, director del Servicio Nacional de Inspección del
Ministerio de Trabajo, al ser cuestionado sobre la existencia de las
mafias, desligó al Ministerio, al señalar que ellos no tienen
conocimiento.
Explicó que tienen una jurisdicción distinta a los tribunales, y que el empleado es libre de actuar al margen del Ministerio.
No obstante, indicó que menos del 5% de los casos que inspeccionan terminan en actas de infracción, porque los empleadores, en su mayoría, procuran cumplir con las disposiciones del Código Laboral.
Explicó que tienen una jurisdicción distinta a los tribunales, y que el empleado es libre de actuar al margen del Ministerio.
No obstante, indicó que menos del 5% de los casos que inspeccionan terminan en actas de infracción, porque los empleadores, en su mayoría, procuran cumplir con las disposiciones del Código Laboral.
Lo atribuyen a violación del Código laboral
Pedro Julio Alcántara, presidente de la Federación Nacional de
Trabajadores de la Industria de la Construcción, Madera y Materiales de
Construcción (Fenticommc), reconoce la existencia de las mafias de
abogados , pero aclara que los obreros que se prestan para esos casos no
corresponde a los más de 65 mil asociados que tienen en todo el país.
“Nosotros no hacemos demandas de ese tipo. Lo que aquí se da es asuntos de pagos que se resuelven sin llegar a una demanda, pero esos casos que denuncian es por culpa de los mismos empleadores, que con el apoyo del Ministerio de Trabajo, han violado todo el tiempo el Código, y contratan a gente ilegal para no pagar”.
Alcántara también muestra reservas con las denuncias que se hacen de las mafias, pues consideran que son un pretexto de los empleadores para poner el debate sobre la modificación del Código de Trabajo.
“Nosotros no hacemos demandas de ese tipo. Lo que aquí se da es asuntos de pagos que se resuelven sin llegar a una demanda, pero esos casos que denuncian es por culpa de los mismos empleadores, que con el apoyo del Ministerio de Trabajo, han violado todo el tiempo el Código, y contratan a gente ilegal para no pagar”.
Alcántara también muestra reservas con las denuncias que se hacen de las mafias, pues consideran que son un pretexto de los empleadores para poner el debate sobre la modificación del Código de Trabajo.
Denuncian mafia en demandas de obreros de la construcción
Elvis Durán dice que un haitiano recluta compatriotas para los procesos
SANTO DOMINGO. Una supuesta mafia para someter ante los tribunales de trabajo del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo a empresas constructoras, fue denunciada ayer por el abogado Elvis Durán.
El abogado Durán, quien representa una compañía dedicada a la construcción inmobiliaria, denunció que una supuesta organización dirigida por un nacional haitiano, no identificado, en confabulación con algunos abogados, ha reclutado a unos 52 obreros haitianos para interponer demandas por el pago de prestaciones laborales a diversas empresas.
Señaló que entre los demandantes hay un minúsculo número de dominicanos, y que algunas de las demandas interpuestas contra la compañía que representa también han sido sometidas contra otras.
“Yo he logrado identificar en sentido general que son alrededor de 49 a 52 trabajadores envueltos en esas 22 demandas que tiene la empresa que represento, y yo he logrado identificar coincidencias en más de 15, es decir más de 15 de esos trabajadores están en más de un proceso contra más de un empleador”, expresó el abogado.
Añade que la coincidencia no es solo en los demandantes sino también en las fecha. “Yo acabo de descubrir que dos de esos trabajadores que están demandando a mis representados están demandando dos compañías diferentes, en dos salas diferentes de donde está apoderado el caso que yo tengo”.
Indicó que tiene elementos de pruebas donde se puede visualizar los mismos trabajadores en demandas de dos abogados diferentes, y que supuestamente lo que hacen es comprarle los casos al extranjero dedicado a reclutar a los obreros.
“Es un asunto burdo, irrespetuoso al ejercicio profesional, una mafia que lo que hace es que quizás utiliza un listado de trabajadores que se han regularizado en el país en el Plan Nacional de Regularización” para poner demandas contra empresas dedicadas a la construcción, denunció.
“Es un asunto de escoger trabajadores que ni siquiera han sido trabajadores de esa compañía, que no han pasado por ahí, simplemente porque esa mafia logra identificar que ahí se está haciendo un proyecto, y quién es el dueño de ese proyecto”, interponen ponen la demandan, argumentó.
Afirmó que las empresas nunca tuvieron o nunca los han tenido descifrados, ni han desarrollado ninguna labor para ellos.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) había denunciado embargos ilegales en los hoteles de la provincia La Altagracia y otras inconductas atribuidas a fiscales, jueces, alguaciles y funcionarios del Registro de Títulos.
Conoce otros abogados
Elvis Durán explicó que cuando acudió a una audiencia en el tribunal
laboral del Distrito Nacional pudo constatar que otra abogada
representante de una empresa constructora acudía a lo mismo, pero en
otro tribunal, y que una de las personas demandantes también figuraba en
su expediente.
Detalló que el supuesto encargado de reclutar a los haitianos para interponer las demandas acude a cada audiencia que se celebra, por lo cual está pidiendo certificaciones en los tribunales de Distrito como de la Provincia Santo Domingo.
Detalló que el supuesto encargado de reclutar a los haitianos para interponer las demandas acude a cada audiencia que se celebra, por lo cual está pidiendo certificaciones en los tribunales de Distrito como de la Provincia Santo Domingo.
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