"Impeachment" a Dilma Rousseff: ¿se puede hablar de "golpe de Estado" en Brasil?

"Cuando una presidenta electa es juzgada bajo la acusación de un crimen que no cometió, el nombre que se le da a eso en el mundo democrático no es 'impeachment', es golpe".

Eso dijo Dilma Rousseff el jueves, recién suspendida por el Senado de su cargo de presidenta de Brasil.
Esta denuncia de que se trata de un golpe de Estado recuerda inevitablemente a las declaraciones que hicieron Manuel Zelaya en 2009 y Fernado Lugo en 2012, cuando fueron destituidos de sus respectivos cargos al frente de los gobiernos de Honduras y de Paraguay.

 Y, al igual que ocurrió en los casos de Zelaya y Lugo, junto a la denuncias de golpe en esta ocasión también hay voces que insisten en que el proceso ha sido totalmente constitucional.
Entonces, ¿hasta qué punto se puede hablar de golpe de Estado?
BBC Mundo preguntó a varios expertos.

"Avalado", pero "abuso"

"Es un proceso avalado por dos de los poderes de la República (Congreso y Senado) no puede nunca ser llamado un golpe", asegura Clovis Rossi, columnista del diario brasileño Folha de Sao Paulo, a BBC Mundo.

Aunque reconoce: "Lo que sí hubo, a mi juicio, es una desproporción entre el crimen y el castigo".
La acusación central contra Rousseff en el Congreso es que violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal.
Aunque como Rossi, considera que las acusaciones que penden sobre Rousseff son "relativamente menores y en la mayoría de los casos no desembocarían en un impeachment".
Y por ello dice la forma en la que se ha llegado a la aprobación al inicio del juicio político "tampoco es exactamente democrático".
"Es un abuso del proceso democrático", concluye.

"Neogolpe"

No satisfecho con esa definición, Boaventura de Sousa Santos, uno de los académicos e investigadores más importantes en el área de la Sociología Jurídica a nivel mundial, prefiere hablar de "neogolpe".
Y lo hace de la misma manera en la que otros hablan de "golpe de Estado constitucional" o "golpe institucional".

"Es sin duda un neogolpe, un escenario en el que un gobernante electo queda impedido por una acción parlamentaria y sin ninguna causa en términos constitucionales", explica a BBC Mundo.
De acuerdo a la Constitución de Brasil, el "impeachment" a un presidente "debería estar fundado en crímenes graves cometidos durante su mandato", prosigue el experto.
"Pero en el caso de Dilma (Rousseff) no hay indicios de ello. Al contrario, hay consenso en que es una de las políticas más honestas de América Latina, y va a ser enjuiciada (en un juicio político) por políticos implicados en casos de corrupción", destaca.
Según el sociólogo en los "neogolpes" y existen componentes del golpe de Estado tradicional.
"Se crean estados de excepción, aunque sin suspensión de la constitucionalidad, existe en ellos una omisión de la Corte Suprema de Justicia para frenar el proceso y hay una presencia no muy obvia, discreta pero evidente, de militares", añade.
Y asegura que, como ahora en Brasil, así ocurrió también en Honduras en 2009 y en Paraguay en 2012.

Los "antencentes" de Honduras y Paraguay

El 28 de junio de 2009, Manuel Zelaya, ya despojado de su cargo de mandatario de Honduras, fue detenido por militares que allanaron la casa presidencial, trasladado a la base de la fuerza aérea en el sur de Tegucigalpa, y expulsado a Costa Rica.
Había asumido el cargo el 27 de enero de 2006, después de haber ganado las elecciones de 2005 de la mano del Partido Liberal.
El primer día de su presidencia aprobó la Ley de Participación Ciudadana, que permitiría consultar a los ciudadanos sobre las principales cuestiones nacionales.

A partir de esa ley, en 2009 propuso hacer una consulta popular en junio sobre la posible elección de una Asamblea Constituyente que modificara la Constitución de 1981.
Y para refrendar la decisión ciudadana, colocaría una cuarta urna en los colegios electorales durante las elecciones de noviembre.
La oposición alegó que la intención última de Zelaya era modificar la Constitución para poder presentarse para un segundo mandato, algo prohibido.
Así con base en una ley que se había promulgado cinco días después de la consulta, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior Electoral calificaron de ilegal el acto de Zelaya.
Concluyeron que era responsable de los delitos de "traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio del Estado de Honduras".
Y el 26 de junio la Corte Suprema emitió una orden de captura contra él, lo que ocurriría dos días después.
"Fue un golpe de Estado orquestado por Estados Unidos", denunciaría el propio Zelaya al año, desde Costa Rica.
"El golpe de Estado se planificó en Miami con el apoyo de Washington y del Comando Sur mediante gente como Otto Reich —subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental durante el gobierno de George W. Bush—, en colusión con la oligarquía hondureña y algunos parlamentarios del país".

Una afirmación similar saldría de boca de Fernando Lugo, el ya depuesto presidente de Paraguay, en 2012.
"Fue un golpe de Estado que permitió el reposicionamiento de la clase oligárquica privilegiada históricamente".
Así definió Lugo el juicio político que en junio de 2012 lo quitaría de la presidencia, que fue preparado en menos de 24 horas y que paralizó al país.

"Elementos de la derecha"

"En todos estos casos hubo elementos de la derecha; fueron impulsados por personalidades muy conocidas" de ese arco político, señala el sociólogo Boaventura de Sousa Santos.
En el caso de Honduras, se refiere a políticos del entorno del conservador Partido Nacional, cuyo candidato, Porfirio Lobo, resultaría victorioso en las elecciones del 29 de noviembre de 2009.
En Paraguay, habla del Partido Colorado, que detentaba la presidencia ya desde los tiempos del gobierno de facto de Alfredo Stroessner.

Que el congresista Jair Bolsonaro dedicara su voto a favor del "impeachment" al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, quien torturó a Rousseff durante el gobierno militar de 1964-1985, llevó a muchos a concluir que el proceso de Brasil también contaba con la existencia de esos elementos.
"En democracia la única manera de apartar a un mandatario del poder es por medio de unas elecciones", señala De Sousa Santos. "Pero en Brasil la derecha tendría que haber esperado un año para las elecciones".
Concuerda con esto el escritor y teólogo de la liberación brasileño Carlos Alberto Libânio Christo, más conocido como "Frei Betto".
"Ellos saben que si hay elecciones hoy, Lula (el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva) va a ganar. Es un golpe parlamentario", sentencia.

"Patrón"

"Se ve en toda la región, cómo miembros de congresos, en connivencia con el poder judicial y los grandes grupos mediáticos actúan de forma que desestabilizan gobiernos populares que fueron electos por mayoría", dice a BBC Mundo Ingrid Bleynat, experta en América Latina del Instituto Internacional de Desarrollo del King's College de Londres.
Aunque Bleynat piensa que un patrón que se repite es que los dan las derechas, otros, como la de Daniel Duquenal, editor del blog "Venezuela News and Views", se quejan de que los llamados "nuevos golpes de Estado" no son exclusividad de un lado del expectro político.
"Lo que sí puedo notar es la doble moralidad que América Latina presenta en estos asuntos", escribía en 2012, tras la destitución de Lugo en Paraguay.
"Cuando Hugo Chávez hizo un golpe contra la asamblea electa en septiembre de 2010 al hacer que la vieja asamblea votase una ley habilitante a pocos días de cesar sus funciones en diciembre, nadie dijo nada, ni en Unasur, ni en Mercosur, ni en la OEA".
En el estudio Los golpes de Estado constitucionales en Latinoamérica: una amenaza emergente para el principio democrático, de los juristas Omar Huertas y Víctor Manuel Cáceres hablan de una "innovadora y cada vez más usada tipología de derrocamiento del poder político".
Sea como sea, "las revocatorias recientes de poder (...) hay que analizarlas desde un nuevo contexto donde ya no prevalecen los disparos y los contingentes militares que caracterizaron los escenarios golpistas del siglo XX", concluyen Huertas y Cáceres.




Rousseff permanecerá alejada de la presidencia hasta 180 días, mientras dura el juicio político en el Senado.
Durante ese periodo, el mandato interino será asumido por el vicepresidente Michel Temer.

Si luego del juicio Rousseff es hallada culpable por dos tercios de la Cámara Alta, dejará definitivamente de ser presidenta y Temer completa el mandato hasta 2018.
También se conoció que la presidenta decidió este jueves disolver la mayoría de su gabinete ministerial para afrontar el juicio político.
Se conoció que 28 de las 32 de las personas que lideraban los despachos que poseen estatus ministerial fueron exonerados de sus cargos.

Entre la lista de ministros está Luiz Inácio Lula da Silva, quien llegó a ser designado titular de la cartera de la Presidencia en abril pasado, pero no pudo asumir por una decisión del Tribunal Supremo, que suspendió su nombramiento.
Aunque no era un requerimiento legal, la presidenta decidió seguir adelante con este proceso. Se espera el presidente interino Michel Temer nombre su propio gabinete.

 Romairo, senador y exjugador de la selección brasileña,se manifestó a favor del "impeachment".

La denuncia alude en particular a lo que en Brasil se denominan "pedaladas fiscales", que implican el uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno.

El argumento es que esa práctica está prohibida por una ley de Responsabilidad Fiscal, pero el gobierno lo hizo de todos modos para exhibir mayor equilibrio entre ingresos y gastos.
Rousseff, que nunca ha sido acusada de enriquecimiento ilícito, niega haber cometido el crimen de responsabilidad que le atribuye la oposición o delito alguno que vuelva legal el juicio político.
La solicitud de "impeachment" para Rousseff fue entregada al Congreso brasileño en octubre del año pasado por tres abogados.
Uno de ellos, Hélio Bicudo, tiene 93 años y fue fundador del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff.

La mandataria brasileña dijo en ese entonces que el proceso en su contra "se basa en una mentira".

Tanto Dilma Rousseff como sus seguidores argumentaron durante todas estas semanas que el "impeachment" llevado adelante en el Congreso de Brasil es un "golpe de Estado".
Los seguidores afirman que la mandataria no cometió delito alguno y que el juicio político no debería aplicar en este caso.

¿Y ahora qué?

El corresponsal de BBC Mundo en Brasil, Gerardo Lissardy, explicó que el proceso de suspensión de Dilma Rousseff deberá continuar con una notificación formal a la mandataria de parte del Senado.
La Cámara Alta prevé decidir qué derechos conserva Rousseff mientras esté suspendida, por ejemplo si mantiene a sus colaboradores o el uso residencias y transportes oficiales.
Estos son los pasos previstos en adelante:

• Al día siguiente de la votación, el primer secretario del Senado comunica personalmente lo resuelto a Rousseff.
• El vicepresidente Michel Temer reemplaza interinamente a Rousseff en la Presidencia.
• El Senado inicia la fase de instrucción, con la presentación de pruebas y testimonios, y Rousseff presenta su defensa.
• La comisión especial del Senado elabora un nuevo informe sobre si la acusación procede o no.
• Ricardo Lewandowski, presidente del Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de justicia de Brasil, encabeza la sesión en el Senado que decide por mayoría simple si el proceso sigue adelante o se archiva, a partir del informe de la comisión.
• Si el proceso continúa, se abre la etapa de juzgamiento, siempre dirigida por el presidente del Supremo.
• El Senado, con presencia de la defensa y la acusación, puede convocar testimonios para interrogarlos.
• Los senadores discuten la decisión final, ahora sin la presencia de las partes.
• El Senado vota si la acusada cometió o no el crimen de responsabilidad que le imputan. En caso de ser condenada por al menos dos tercios de los senadores (54 votos en 81), Rousseff es destituida y Temer la reemplaza definitivamente hasta el fin del mandato. Si el impedimento es rechazado, Rousseff reasume la Presidencia.
  

Bastaba una mayoría simple de votos en el Senado para aprobar el juicio político y la suspensión de Dilma Rousseff. 

Lo que dice Rousseff

En una entrevista con la BBC, la mandataria suspendida afirmó que es una "víctima inocente".
"Lo que en el gobierno creemos y lo que mis seguidores creen es que el proceso de juicio político en curso es ilegítimo e ilegal", dijo en aquella entrevista a principios de mayo.

La acusación

Rousseff está acusada de haber alterado cuentas públicas para maquillar el déficit presupuestario.

Dilma Rousseff es notificada y queda oficialmente suspendida del cargo

Por una cuestión de “respeto” no se permitió la presencia de fotógrafos ni de periodistas.

BRASILIA. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recibió hoy la notificación en la que se le comunica que el Senado ha decidido someterla a un juicio político con miras a su destitución, con lo que ha quedado oficialmente suspendida de su cargo.
La notificación fue entregada por el senador Vicentinho Alves, primer secretario de la Cámara Alta, en el despacho que hasta hoy ocupó Rousseff en el Palacio presidencial de Planalto y en el que esta misma tarde se instalará el vicepresidente Michel Temer, que la sustituirá en forma interina mientras se desarrolla el proceso.
Tras entregarle el documento a Rousseff, el senador Alves seguirá rumbo a la residencia oficial de Temer, donde cumplirá un trámite similar y le informará oficialmente sobre la decisión del Senado que le convierte en presidente interino de Brasil.
Por una cuestión de “respeto”, en el momento en que la mandataria recibió el documento no se permitió la presencia de fotógrafos ni de periodistas.
Rousseff tiene previsto hacer un pronunciamiento arropada por quienes fueron sus ministros antes de dejar la sede del Gobierno y dirigirse al Palacio de la Alvorada, la residencia oficial de la Presidencia, que podrá seguir utilizando mientras se realiza el juicio político.
Frente al Palacio de Planalto se han agolpado alrededor de 2.000 partidarios de Rousseff, quien llegó al poder en 2011 y en 2014 fue reelegida para un segundo mandato interrumpido por la decisión adoptada hoy por el Senado, que por 55 votos frente a 22 instauró el juicio político que la separa del cargo.
En caso de que Rousseff sea finalmente absuelta en ese proceso, en el cual responderá por unas maniobras fiscales irregulares en las que incurrió el Gobierno en 2014 y 2015, recuperaría el poder una vez que sea publicada la sentencia.
Sin embargo, si se llegara a su destitución, Temer completará el mandato que vence el 1 de enero de 2019.