Protesta contra la pobreza y la represión policial en Bogotá, 9 de mayo de 2021
Una nueva jornada de manifestaciones ha sido convocada para este miércoles en Colombia, cuando se cumplen dos semanas de movilizaciones, días después de un "acercamiento exploratorio" sin acuerdos entre el Gobierno y los organizadores de la protesta en el contexto de una situación crítica con hechos de violencia en la ciudad de Cali.
En ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Bucaramanga y Manizales habrá puntos de concentración para marchar 'Por la paz y la vida', como ha sido llamada por sus organizadores. Durante 15 días de marchas y plantones la Defensoría del Pueblo ha reportado la muerte de 42 personas (41 civiles y un policía) y 168 ciudadanos continúan desaparecidos.
Estos días han estado caracterizados por una creciente presión social y por concesiones goteadas del presidente de Colombia, Iván Duque, frente a las principales demandas de quienes han convocado a las manifestaciones desde 2019 y que lo señalan de haber incumplido con lo acordado en aquella oportunidad.
Al panorama de violencia, donde ya había denuncias de organizaciones de defensa de los derechos humanos sobre el "uso excesivo de la fuerza" por parte de los cuerpos de seguridad en la contención de las marchas y plantones, se han sumado los ataques de civiles armados contra quienes participan en ellos. El gobierno, sin embargo, aún no se ha expresado de manera contundente sobre estos señalamientos.
La postura de Duque y llamamientos internacionales
Si bien desde el lado del Gobierno se ha ido moderando el discurso sobre los "vándalos" y "terroristas", a los que responsabiliza de estar detrás de hechos de violencia en el marco de las actividades de calle, Duque se ha mantenido firme en el llamado a levantar los bloqueos de algunas vías que impiden el tránsito libre. Hasta ahora, se han establecido "corredores humanitarios" por horas en algunos accesos a las ciudades para permitir el paso de alimentos, combustible y medicinas, entre otros.
Aunque el mandatario ha eludido hablar directamente de las denuncias de abusos policiales, ha rechazado "todas la formas de violencia" y ha aseverado que "si hay conductas individuales que son contrarias a la Constitución y la ley" deben ser "investigadas y sancionadas". Sin embargo, EE.UU., uno de sus aliados en la región, ha sido más enfático, afirmando que "así como condena la violencia y el vandalismo" hace "un llamado a la Policía para que respete los derechos de los manifestantes pacíficos", según el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
A las puertas de un proceso de negociación entre el Ejecutivo y el sector que coordina las manifestaciones, la Unión Europea ha pedido un "diálogo sólido e inclusivo" que "genere consenso". No obstante, el posible acercamiento de la Casa de Nariño con los miembros de la Central Única de Trabajadores (CUT), responsables de la convocatoria a paro nacional, no es visto por algunos sectores sociales, entre ellos campesinos, mujeres e indígenas, como el final del conflicto debido a que consideran que las exigencias no condensan sus necesidades.
Acciones sin acuerdos
Desde mediados de la semana pasada, el Gobierno inició una serie de reuniones para buscar soluciones a la crisis. Hasta ahora hubo encuentros con instituciones estatales, partidos políticos opositores, autoridades locales, jóvenes, trabajadores sanitarios y con el Comité Nacional de Paro, que era uno de los más esperados y que se realizó el pasado lunes.
Tras el cierre de la reunión exploratoria, el Comité dijo que no se había llegado a un acuerdo y la tildó como "fracasada". Sin embargo, al día siguiente el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien ha sido el vocero gubernamental en los procesos de acercamiento con varios sectores, informó que el Ejecutivo estaba dispuesto a iniciar un proceso de negociación que estará acompañado por la Iglesia católica y la Organización de Naciones Unidas (ONU), tal como lo habían solicitado los coordinadores de la protesta.
La CUT ha sido reiterativa en su exigencia de "detener la violencia estatal y paraestatal", en "desmilitarizar la protesta" y en "actuar de manera urgente en Cali" para poder sentarse a conversar. Del otro lado de la mesa, sin embargo, no ha habido una respuesta directa.
Por su parte, Duque ha cumplido con ciertas exigencias de manera unilateral, sin que hayan sido producto de rondas de diálogo con los organizadores de las manifestaciones, que han establecido un pliego de emergencia nacional desde 2020 que contempla temas como el pago de la renta básica para 30 millones de personas en situación vulnerable; aceleración del proceso de vacunación y exención del pago de las matrículas para los estudiantes, entre otras.
Entre sus anuncios recientes durante su viaje a Cali sobre los reclamos que han sido bandera de estas protestas, el mandatario informó que en el segundo semestre de este año, los estudiantes de educación superior de los estratos 1, 2 y 3 (los más bajos) tendrán matrícula gratuita. Además, adelantó que este miércoles se iniciará la fase 3 del proceso nacional de vacunación que incluye a docentes, a la Fuerza Pública y a personas con preexistencias y comorbilidades.
Situación en Cali
La capital del departamento del Valle del Cauca es el epicentro de las protestas. Entre los hechos de violencia más recientes se encuentra un ataque contra una caravana de la minga indígena protagonizado por civiles armados y policías, que dejó al menos nueve personas heridas.
Frente a la compleja situación, que incluye obstaculización de algunas vías y reclamos de la presencia estatal para atender las problemáticas de los sectores más empobrecidos, el presidente se trasladó el martes a Cali en la segunda visita que realiza esta semana. Desde allí, dijo que evaluaba las medidas de seguridad y acciones para garantizar el abastecimiento.
Hasta ahora, los cuerpos de seguridad han abierto 17 puntos con salidas al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón y a varios municipios que se mantenían bloqueados en la capital del Valle del Cauca, departamento donde se encuentra el puerto de Buenaventura, el principal del país con salida al Pacífico.
Por su parte, la minga indígena anunció el martes que después de participar en las actividades de este miércoles volverá al vecino departamento del Cauca, donde continuará con las acciones de protesta. Según informaron, decidieron desmarcarse de la CUT porque rechazan el proceso de negociación con la Presidencia por considerar que sus peticiones no "recogen ni representan" las de la movilización popular.
Aunque el mandatario colombiano parece haber cedido en algunos puntos que forman parte del reclamo más reiterado por parte de los organizadores de la protesta, falta por ver si cumplen las expectativas de quienes han salido a la calle para pedir medidas que palien la pobreza, que afecta al 42 % de la población del país, en medio de la crisis por el coronavirus y los reclamos de mayor presencia estatal en las zonas afectadas por la violencia y la inequidad.
De momento, las reuniones del gobierno con los diferentes sectores continuarán a lo largo de esta semana, a la espera de un segundo encuentro con los organizadores del paro nacional.
Nathali Gómez
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Estaciones de policía y transporte quemadas. Carreteras cortadas durante días. Desabastecimiento de productos. Un número desconocido de muertos y desaparecidos. Un estado de incertidumbre y nerviosismo agudo.
Colombia ha vivido muchos momentos delicados al largo de su traumática historia, pero ahora parece estar recorriendo un camino desconocido en al menos tres ámbitos distintos: la protesta social, la economía y la representación política.
Hubo momentos en el pasado que rompieron la historia en dos como la ola de violencia que antecedió a la firma de la Constitución de 1991 o las revueltas de 1948 tras el asesinato del candidato Jorge Eliécer Gaitán que dieron origen a las guerrillas.
El desenlace de la crisis actual es desconocido y por eso es difícil entrar en comparaciones sobre su relevancia histórica.
Lo que parece evidente, según los expertos consultados por BBC Mundo, es que la actual es una situación sin precedentes. Y que mucho se explica porque el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 abrió una caja de pandora de demandas y problemáticas antes prohibitivas por cuenta de la guerra.
"Yo tengo 74 años y le digo que nunca vi una élite política tan incapaz de llegar a resoluciones", dice el historiador Carlos Caballero Argáez.
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El gobierno de Iván Duque ha lanzado una nueva mesa de negociación para rebajar la tensión y buscar salidas consensuadas. Es lo que hizo en noviembre de 2019, cuando las protestas eran más pacíficas y puntuales y la situación del país menos grave.
Hoy el mandatario tiene desafíos por donde se mire: en su partido, en las calles, dentro de las fuerzas armadas, en materia fiscal y en lo político.
Dentro de exactamente un año Colombia estará celebrando elecciones generales y presidenciales: todo desarrollo en este momento tiene una clave electoral.
Mientras la violencia sigue siendo la principal preocupación de los colombianos, BBC Mundo habló con varios expertos para hacer un ejercicio de distancia que permita entender lo que está ocurriendo.
Un paro sostenido y amplio
Un primer elemento nuevo de esta crisis es la dimensión de la protesta social.
"La cobertura y la sostenibilidad han sido inéditos", dice Mauricio Archila, experto en movimientos sociales.
Las protestas en Colombia han sido masivas y se han extendido a muchas ciudades y poblados del país.
Las protestas esta vez llegaron a pequeños y medianos municipios. Fueron convocados por jóvenes, pero cuentan con el apoyo de adultos mayores y poblaciones minoritarias. Han paralizado la producción, el abastecimiento y el transporte en rincones inesperados.
"Este paro ha llegado a lugares donde antes no se solía protestar y se ha mantenido por varios días sin dar tregua", añade Archila.
Y concluye: "Soy muy escéptico de las comparaciones, y no quiero entrar a hablar del Bogotazo (1948) ni el paro cívico de 1977, pero es cierto que este paro ha producidouna alianza obrero-campesina-indígena que tal vez nunca había estado tan equilibrada".
En efecto, al Paro Nacional es un movimiento heterogéneo plagado de contradicciones y conflictos internos. Su líder no es claro y en su interior hay representaciones de casi todos los sectores. Su futuro depende de cómo logra sortear esa diversidad.
"Pero lo que sí es evidente es que la fuerza del Paro sorprendió a toda la clase política", opina Daniel Hawkins, investigador de la Escuela Nacional Sindical.
"En la mitad de la tercera y más fuerte ola de contagio y luego de la orden del tribunal de Cundinamarca que prohibió aglomeraciones, los políticos nunca creyeron que la gente iba para la calle de forma masiva", apunta Hawkins.
Las protestas se han recrudecido tras las confrontaciones con las fuerzas de seguridad pública.
Las protestas ya lograron dos efectos inesperados en un país donde la movilización social, que era esporádica y tachada de "subversiva", rara vez tuvo consecuencias políticas: las retirada de la reforma tributaria y la caída del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
Lo que es difícil de pronosticar es si este movimiento, que en origen se mostró fresco y novedoso, terminará en una situación que sí tiene precedentes en Colombia: la de una violencia desbordada.
Una economía desestabilizada
La economía colombiana ha sido durante décadas la más estable de América Latina: la que menos recesiones tuvo en el siglo XX, la que no presentó hiperinflación y la que no incumplió sus compromisos de deuda en 80 años.
Pero ahora la situación es distinta.
"Pocas veces —por no decir nunca— había visto al país en una situación tan difícil como la que estamos viviendo hoy", escribió en su columna el prestigioso economista y exministro Mauricio Cárdenas.
Duque ha dicho que su prioridad es lograr una reforma fiscal.
Y Caballero Argáez añade: "La última vez que se cuestionó la responsabilidad fiscal del país fue durante la crisis de la deuda latinoamericana (principios de los 80), pero ahí Colombia consiguió refinanciar la deuda y un acuerdo de monitoreo con el FMI que nos permitió ser el único país latinoamericano que no entró en recesión ni tuvo que reestructurar deuda".
Hoy los bonos colombianos son calificados como "basura" en los mercados internacionales, el peso está alcanzando récords de devaluación y por primera vez en años la capacidad de pago y emisión de deuda del país están cuestionados.
"Colombia tienen un problema de recaudo (fiscal) cada vez que hay una crisis, porque su recaudo en tiempos normales siempre ha sido bajo", dice la politóloga Mónica Pachón.
"Pero eso siempre lo habían podido solucionar con reformas tributarias de crisis con impuestos transitorios que lograban sacarnos del problema".
"La diferencia ahora es que nunca una reforma nunca había generado semejante nivel de oposición, mucho menos sin entrar al Congreso, y su caída nos puso en un lugar incómodo", explica la decana de Ciencia Política de la Universidad del Rosario.
El número de fallecidos y heridos por los enfrentamientos en las protestas ha ido en aumento.
Duque ha dicho que su prioridad es lograr una reforma cuanto antes que se pueda aprobar en el Congreso. Los economistas dudan que no se logre una resolución que probablemente recaude menos impuestos, pero al menos saque al país de la crisis.
Sin embargo, el famoso modelo de la estabilidad neoliberal y ortodoxo de Colombia mostró grietas por primera vez en su historia.
Una política radicalizada
Así como estable en lo económico, Colombia ha sido un país sin muchos altibajos en lo político: salvo durante un pequeño periodo en los años 50, la democracia en su sentido más formal —elecciones cada cuatro años y transiciones de poder sin problemas— se ha mantenido intacta.
Aunque la violencia no ha dejado de ser un problema desde los años 50, el bipartidismo entre liberales y conservadores (que llegaron a alternarse en el poder por convenio) permitió que se generara la idea de que las instituciones democráticas no estaban en peligro.
Colombia siempre fue considerada, al menos en el exterior, como una democracia estable.
Pero en esta crisis la clase política se ha visto incapaz de llegar a resoluciones, apuntan los analistas. Duque llamó a los militares a controlar la situación (aunque varios alcaldes se opusieron); algunos incluso barajan escenarios de golpes de Estado y el líder en las encuestas para las elecciones de 2022 es un candidato de izquierda que militó en las guerrillas, Gustavo Petro.
Muchos colombianos denuncian que el Estado ha sido represor.
"La violencia de las protestas, que además es seguida por la gente desde sus redes sin entrar a entender ni profundizar, hace que la política sea más polarizada y más ideológica, con la consecuencia de que llegar a soluciones es muchos más difícil", explica Pachón.
Uno de los efectos del proceso de paz de 2016 fue el estatuto de oposición, un mecanismo que da garantías a los críticos del Ejecutivo, pero también aumenta su capacidad de entorpecerle sus iniciativas.
"Le sumas a eso que Duque es un presidente débil incluso dentro de su partido y tienes el caldo de cultivo de la desgracia", dice Pachón.
En Colombia, como en toda América Latina, siempre ha habido una crisis de representación política, pero quizás nunca antes se había hecho tan evidente la desconfianza de la población sobre la clase política.
"Lo que estamos viendo es un descontento generalizado y quizá irremediable, es casi una situación pre revolucionaria", dice Caballero.
Los escuadrones antidisturbios han sido culpados de varios fallecimientos durante las protestas.
Las consecuencias pueden ser muchas: desde la renuncia del presidente, inédita en Colombia desde los años 50, hasta la elección de un candidato, de izquierda o derecha, que rompa con las hasta ahora estables instituciones democráticas del país.
"Esto se soluciona con un candidato que pueda generar confianza entre las diferentes poblaciones al mismo tiempo que pueda incluir al establishmentpolítico", dice Pachón.
"Pero me temo que eso, ahora, está más lejos que nunca".
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