El mandatario argentino, Alberto Fernández, y el flamante presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticaron a la Justicia argentina y manifestaron su apoyo a Cristina Kirchner.
"Las personas firmantes manifestamos nuestro más absoluto rechazo ante la injustificable persecución judicial que viene sufriendo la actual vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner".
Así comienza un comunicado difundido por cuatro presidentes de la región dos días después de que un fiscal en Buenos Aires pidiera 12 años de prisión y la inhabilitación para ocupar cargos públicos para la exmandataria, quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015.
Kirchner está acusada de los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita por presuntamente haber direccionado la obra pública en la provincia patagónica de Santa Cruz -que su marido, el expresidente Néstor Kirchner gobernó por más de una década- para favorecer a un socio y supuesto testaferro.
La vicepresidenta, cuya defensa presentará su alegato final en el mes de septiembre, ha utilizado las redes sociales para afirmar su inocencia y asegurar que es víctima de un "pelotón de fusilamiento mediático-judicial"
El miércoles varios presidentes ratificaron esta postura, criticando fuertemente a la justicia argentina y asegurando que "dicha persecución tiene como objetivo apartar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida pública, política y electoral".
Final de Recomendamos
El mandatario argentino Alberto Fernández, el boliviano Luis Arce, el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el recientemente elegido Gustavo Petro, de Colombia, -todos líderes de izquierda- aseguraron que este "acoso" busca "sepultar los valores e ideales que representa [Kirchner], con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal".
Además, exigieron "que se tomen en cuenta las conclusiones del Informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas de 2019 que cuestionaba la independencia de los magistrados y abogados involucrados en varias de estas causas" contra la vicepresidenta.
Los juicios
Desde que dejó el poder, en diciembre de 2015, Kirchner ha sido procesada en cerca de una docena de causas judiciales.
Cinco de los casos fueron elevados a juicio, pero solo este, conocido como la "causa Vialidad", llegó hasta la instancia de los alegatos finales.
En tres de los procesos, los jueces sobreseyeron a la exmandataria antes de que empezara el juicio por considerar que no hubo delito.
Cristina Kirchner saluda desde el edificio del Senado tras transmitir un mensaje por YouTube en el que aseguró ser víctima de una "causa armada" por el macrismo.
Y uno -la llamada "causa de los cuadernos de la corrupción", en la que Kirchner también está acusada de encabezar una asociación ilícita que recaudó dinero proveniente de sobornos de la obra pública- aún no tiene fecha de comienzo.
"En los últimos años el poder judicial ha abierto numerosas causas en su contra, muchas de las cuales han debido archivarse ante la ausencia de cualquier tipo de indicio sólido", dijeron en su comunicado los líderes regionales.
"En otras causas que siguen abiertas se ponen de manifiesto las malas prácticas procesales conducentes a eliminar a Fernández de Kirchner de la vida política", denunciaron en el documento, que fue publicado en el sitio oficial del gobierno argentino.
Otros apoyos (y algunos silencios)
La vicepresidenta argentina ha recibido toda una catarata de apoyos desde que se conoció el pedido de prisión e inhabilitación en su contra.
Desde sus socios en la coalición gobernante, el Frente de Todos, hasta la dirigencia del peronismo, la fuerza que engloba al kirchnerismo, quienes han convocado a una gran marcha para apoyarla.
Sus seguidores incluso se apostaron frente a su residencia en Buenos Aires, en uno de los barrios más exclusivos -y más antiperonistas o "gorilas"- del país, desde donde advierten con cánticos: "Si la tocan a Cristina qué quilombos (lío) se va a armar".
Desde el exterior también mostraron su apoyo a Kirchner la presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, y su marido, el expresidente Manuel Zelaya.
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También el presidente de Perú, Pedro Castillo, le envió a través de Twitter su "solidaridad", señalando que "toda investigación judicial debe conducirse con pleno respeto a la democracia, el Estado de derecho y el debido proceso".
Sin embargo, algunos medios en Argentina resaltaron el silencio de dos líderes latinoamericanos de izquierda: el joven presidente de Chile, Gabriel Boric, y el exmandatario y actual candidato presidencial brasileño, Luiz Inácio "Lula" da Silva, quien estuvo preso por una pena por corrupción que luego fue anulada, situación que muchos kirchneristas comparan con la de su líder.
Lula da Silva no se pronunció sobre la situación judicial de Cristina Kirchner, a pesar de que muchos de los partidarios de la exmandataria lo consideran un "espejo" de lo que atraviesa la vicepresidenta.
La polémica defensa de Alberto Fernández
Pero nadie fue más vocal en su defensa de la vicepresidenta que Alberto Fernández, el hombre a quién ella eligió para encabezar un binomio presidencial en 2019.
Minutos después de que el fiscal Diego Luciani pidiera la pena de prisión para Kirchner, el mandatario publicó en sus redes un comunicado oficial de la presidencia condenando la "persecución judicial y mediática de la vicepresidenta".
"Ninguno de los actos atribuidos a la ex Presidenta ha sido probado", señaló el documento, que afirmó que "esta persecución y búsqueda de proscripción (...) se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos".
El miércoles en la noche, Fernández -quien en el pasado fue un duro crítico de su ahora aliada- volvió a defender a su vice durante una entrevista televisiva con periodistas del canal TN, del grupo Clarín, considerado opositor al gobierno.
Sus palabras fueron duramente criticadas por líderes de la oposición que consideraron que el jefe de Estado estaba presionando a la justicia.
Fernández incluso fue denunciado penalmente por diputados de la opositora Coalición Cívica por realizar una polémica comparación entre el fiscal Luciani y su par Alberto Nisman, quien fue hallado sin vida, con un disparo en la cabeza, tras haber acusado a Cristina Kirchner de haber conspirado con Irán para encubrir a los presuntos responsables de un ataque terrorista ocurrido en 1994.
Consultado por los periodistas sobre la seguridad del fiscal Luciani dijo: "Alentar la idea de que le puede pasar a Luciani lo que le pasó a Nisman… hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani".
La exmandataria está acusada de administración fraudulenta y de haber encabezado una asociación ilícita junto con su difunto marido, el expresidente Néstor Kirchner, durante los gobiernos de ambos (2003-2015).
Esta presuntamente se dedicaba a direccionar la obra pública en la provincia patagónica de Santa Cruz, que Néstor Kirchner gobernó durante más de una década antes de llegar a la presidencia y donde aún mantiene su residencia la vicepresidenta.
En su alegato final, el fiscal Diego Luciani aseguró que "se trató de la mayor maniobra de corrupción del país", y dijo que perjudicó al Estado por más de US$1.000 millones.
Por su parte Cristina Kirchner, cuyo abogado defensor presentará su alegato final en el mes de septiembre, ha rechazado todas las acusaciones, asegurando que es víctima del "lawfare" (guerra jurídica).
Poco después de que el fiscal pidiera las penas para Kirchner, el presidente, Alberto Fernández, tuiteó un mensaje en apoyo a su vicepresidenta:
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Varios otros dirigentes de la coalición gobernante se expresaron en las redes a favor de la expresidenta.
Pero también hubo muchos que salieron a festejar el pedido de prisión para la líder kichnerista, tanto en redes como en las calles, flameando banderas y golpeando cacerolas.
Entrada la noche, se registraron algunos incidentes frente al departamento de la vicepresidenta en Buenos Aires, entre personas a favor y en contra de la dirigente.
"Me absolvió la historia"
Poco después de que el fiscal pidiera las penas para Kirchner, el presidente, Alberto Fernández, tuiteó un mensaje en apoyo a su vicepresidenta:
Se trata del primer juicio oral que enfrentó la vicepresidenta, cuyas otras causas por presunta corrupción han sido sobreseídas.
El juicio por el llamado "caso Vialidad" comenzó en mayo de 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri.
La entonces senadora declaró como indagada tres días después de haber anunciado que se postularía para la vicepresidencia, con Alberto Fernández como candidato presidencial.
En su declaración final, Kirchner acusó a los jueces de tener "la condena escrita" y dijo ser víctima de una persecución política.
"A mí me absolvió la historia. Y a ustedes, seguramente los va a condenar la historia", les dijo a los magistrados.
A través de su cuenta en Twitter, desmereció las acusaciones de que había direccionado la obra pública.
"Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial", escribió.
Este lunes, la vicepresidenta informó en sus redes que pidió ampliar su declaración indagatoria, para poder responder algunas acusaciones que hizo la fiscalía durante su alegato final y "que nunca habían sido planteadas" antes.
Unas horas más tarde, tras conocerse el pedido de penas de prisión, escribió que "mañana a las 11hs (14GMT), a través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales".
También afirmó no estar "ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial".
¿Cuál es la acusación?
Los fiscales Luciani y Sergio Mola afirman que los Kirchner "instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país".
La acusación asegura que, días antes de asumir la presidencia, crearon una empresa constructora, llamada Austral Construcciones, a la que luego le fueron adjudicadas la mayoría de las obras viales que se realizaron en Santa Cruz.
Según los fiscales, pusieron al frente de la constructora a un socio, que actuó como testaferro: Lázaro Báez, un exgerente del Banco de Santa Cruz que, según el Ministerio Público, no tenía experiencia en el rubro de la construcción.
Báez también está acusado en este juicio, junto con otros once exfuncionarios kirchneristas, incluyendo al exministro de Planificación Federal y mano derecha de los Kirchner, Julio De Vido, quien cumple arresto domiciliario por otras causas de corrupción.
Otro acusado que está detenido es José López, ex secretario de Obras Públicas, quien fue arrestado luego de que se lo descubriera arrojando bolsos llenos de dólares en un convento.
Según Luciani y Mola, Austral Construcciones recibió licitaciones para construir 51 obras, el 79% de las obras de la provincia de Santa Cruz durante el período en el que los Kirchner gobernaron el país.
Pero solo tres fueron finalizadas a tiempo y la mitad nunca se terminaron. Además, dijeron que la empresa fue favorecida con fuertes aumentos de precios.
"Todas las licitaciones fueron una farsa. Hubo una cartelización organizada por el Estado nacional", resumió Luciani.
Por su parte Mola detalló que las irregularidades en favor de Báez se multiplicaron en 2007 y 2011, años de elecciones nacionales (que ganó el kirchnerismo), y aseguró que esto se debió a que la asociación ilícita buscaba recaudar para las campañas.
Austral Construcciones dejó de operar en marzo de 2016, tres meses después de que Cristina Kirchner dejara el poder.
¿Qué pasa ahora?
Los abogados de la defensa comenzarán sus alegatos finales el 5 de septiembre, pero varios han cuestionado la "falta de pruebas" durante el proceso.
En ese sentido, los defensores de la vicepresidenta aseguran que no existe ningún documento que la vincule con las obras adjudicadas a Austral Construcciones.
Tanto la Oficina Anticorrupción como la Unidad de Información Financiera (UIF), que eran parte de la querella cuando comenzó el juicio en 2019, desistieron de seguir formando parte.
La UIF, un organismo antilavado que funciona en la órbita del Poder Ejecutivo, solicitó la absolución de la vicepresidenta y la mayoría de los acusados.
Se espera que después de los alegatos finales de todas las defensas, que tardarán varias semanas, los tres jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 den a conocer su veredicto a fin de año.
En caso de que la vicepresidenta fuera condenada, no puede ser arrestada porque tiene fuero hasta el 9 de diciembre de 2023, cuando culmina su mandato.
De todos modos, los expertos legales aseguran que, en caso de una condena, el fallo será apelado y probablemente termine en la Corte Suprema, por lo que podrían pasar años antes de que haya una condena firme.
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