Voz Editorial Noticiario 1070, Hibi Radio
La orden de conducencia y arresto número 02586-2023, emitida por el Juzgado de la Oficina Jurídica de Atención Permanente de La Altagracia, perjudicaba las labores de Miguel Ángel Familia y José Jiménez, entre otros que integraban la patrulla policial.
Por años hemos motorizado la condena a la brutal y criminal actuación de agentes policiales en las calles contra estudiantes y humildes ciudadanos, a sabiendas de que fue un organismo represivo creado en 1936 por el tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Sin embargo en el caso de la fiscal Carol Morla, salimos en defensa de cada uno de esos agentes, porque su único pecado fue cumplir con la orden expresa de sus superiores, que tiene que ver con apresar en las calles a quienes delinquen, sin importar rangos o status social.
Esa magistrada o cualquier ciudadano que incurra en esa misma falta, de circular en el sistema vial en vehículos sin placas, deben ser apresados por violentar la Ley que alimenta al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. En el pueblo dominicano no debe haber “vacas sagradas”, mucho menos en quienes administran y aplican justicia.
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